Los interinos reclaman a Bruselas que lleve a España ante el TJUE por el abuso de la temporalidad

La Coalición Líneas Rojas Innegociables contra el abuso de la temporalidad en el empleo público, formada por más de medio centenar de organizaciones, ha solicitado este miércoles a la Comisión Europea que desbloquee el procedimiento de infracción contra España y eleve el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con una petición de sanción económica.

La coalición reclama a Bruselas que rechace la prórroga hasta marzo de 2027 solicitadada por el Gobierno para cumplir sus compromisos de reducción de la temporalidad en el sector público y exija una solución con reparación para el personal afectado por el abuso de temporalidad.

Para respaldar sus peticiones, el colectivo ha convocado una concentración para mañana jueves, 24 de septiembre, a las 11.00 horas, ante la Representación de la Comisión Europea situada en el Paseo de la Castellana de Madrid.

La protesta coincidirá con la celebración de una reunión sobre empleo público temporal entre el Ministerio de Función Pública, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), según ha indicado la coalición en un comunicado.

Desde la organización sostienen que acudir a la Comisión Europea constituye su «último recurso» tras once años de conflicto sin una respuesta efectiva por parte del Estado.

Según denuncian, el Gobierno no ha aprobado un marco normativo que garantice la reparación a los trabajadores que han sufrido abuso de temporalidad, obligando a los afectados a acudir a la vía judicial y a afrontar en algunos casos condenas en costas.

Asimismo, la organización señala que los procesos extraordinarios de estabilización no han resarcido a las personas afectadas, y atribuyen responsabilidad en esta situación a los sindicatos CCOO, UGT y CSIF por su participación en los acuerdos que dieron origen a dichas medidas.

Pérdida de fondos europeos

Por otra parte, la plataforma de interinos ha advertido de que España se expone a la pérdida definitiva, y no sólo al bloqueo temporal, de 626,6 millones de euros vinculados al hito 144 del Plan de Recuperación, que exige una normativa efectiva con sanciones disuasorias y medidas contra el abuso de la temporalidad en el empleo público.

Según recuerda la coalición, el plazo asociado a dicho hito venció el pasado 31 de agosto sin que se alcanzara el cumplimiento exigido por los órganos comunitarios.

La coalición pide a Bruselas que mantenga la suspensión de estos fondos hasta que España cumpla las exigencias europeas. Además, recuerda que el pasado 29 de junio expiró el plazo del dictamen motivado emitido por la Comisión sin que el Ejecutivo adoptara medidas correctoras suficientes, por lo que rechazan la concesión de nuevos aplazamientos y han solicitado una reunión urgente con la Comisión Europea para trasladarle directamente sus propuestas.

El pasado mes de junio, las organizaciones de empleados públicos temporales que conforman esta coalición registraron en el Congreso de los Diputados un documento con sus «líneas rojas innegociables», dirigido al Grupo Parlamentario Socialista, en el que recogen las condiciones mínimas que, a su juicio, debería cumplir cualquier reforma legislativa destinada a resolver el abuso de temporalidad en el sector público español.

Entre esos mínimos que demandan, figura la inclusión de todos los colectivos afectados, la reparación real de quienes han sufrido el abuso, la adopción de una sanción efectiva frente a las Administraciones incumplidoras y la garantía de que la temporalidad abusiva no vuelva a convertirse en una práctica estructural.

El Gobierno pidió más tiempo

El Gobierno ha pedido más tiempo a la Comisión Europea, hasta marzo de 2027, para poder impulsar las reformas necesarias que eliminen el abuso en la contratación de temporales en el sector público, según un comunicado difundido este lunes por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

El Departamento que dirige Óscar López fundamenta su petición a Bruselas en que en los últimos meses se han dictado sentencias, como la del pasado 11 de mayo del Tribunal Supremo, que han introducido elementos nuevos sobre el enfoque de la indemnización «que hay que analizar», además de conocer exactamente cuántos trabajadores temporales están en situación de abuso en todas las administraciones públicas.

El pasado 29 de abril la Comisión Europea dio tres meses a España –que se cumplieron ayer, 29 de junio– para aplicar correctamente la normativa comunitaria sobre temporalidad en el sector público y a corregir las deficiencias detectadas en dos expedientes, relativos a la discriminación de trabajadores temporales y al uso abusivo de estos contratos, bajo la advertencia de que, de no hacerlo, podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El Gobierno reclamó más tiempo a Bruselas, hasta marzo de 2027, para cumplir con sus compromisos de reducción de la temporalidad el empleo públicado, alegando, entre otros motivos, la sentencia del Supremo conocida el pasado mes de mayo en la que el Alto Tribunal descartaba convertir en fijos de forma directa a todos los empleados en abuso de temporalidad, sino sólo a los que hubieran superado un proceso selectivo sin obtener plaza, y en la que se establecía un sistema de indemnizaciones para los trabajadores que hubieran sufrido abuso de temporalidad.

En concreto, el Supremo señaló en dicho fallo que cuando se extinga una relación laboral abusiva, el trabajador tiene derecho a dos indemnizaciones distintas e independientes, compatibles entre sí: la extintiva (en una cuantía «no exigua» en el caso de relaciones laborales anormalmente largas) y una compensatoria por el abuso de temporalidad, que ha de tener en cuenta daños morales y materiales (ventajas económicas que el interesado habría podido reclamar de no haber existido el abuso).

En el caso de los daños morales y de cara a los futuros pleitos que surjan al respecto, el Alto Tribunal fijaba una indemnización mínima, siguiendo los criterios de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) para la vulneración de los contratos temporales, que establece multas, en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros.

La condena al pago de una indemnización superior a esta indemnización presuntiva mínima exigirá que el trabajador acredite concretamente el perjuicio sufrido, por lo que le incumbe la carga de la prueba, según el fallo.