Las medidas de Sánchez en ocho años que han agravado el problema de la vivienda en España

Las reformas del Gobierno en el mercado inmobiliario han roto por completo el mercado, sobre todo el del alquiler. La aplicación de la Ley de Vivienda y la prórroga del decreto antidesahucios han acelerado la fuga de propietarios hacia otras modalidades de arrendamiento, encareciendo la oferta existente hasta un 30 % en las principales ciudades.

La primera normativa fue una promesa que Sánchez hizo en 2021 con el objetivo de contener los precios y promover el acceso a la vivienda, sobre todo entre los colectivos más vulnerables, y que sacó adelante en mayo de 2023. Sin embargo, la oferta de alquiler residencial ha caído hasta niveles nunca vistos hasta ahora, mientras la competencia entre inquilinos ha aumentado considerablemente. Esto ha provocado que los precios se disparasen en prácticamente todo el país.

Concretamente, desde 2021 –momento en el que se empezó a hablar de las intenciones del Gobierno– la oferta se ha reducido más de un 37 %, según datos del Observatorio del Alquiler. Y es que muchos propietarios han optado por otras modalidades de arrendamiento para esquivar las medidas que se incluyen en la Ley de Vivienda y la inseguridad jurídica derivada de ella.

La limitación de precios del alquiler en las zonas tensionadas, que tiene como objetivo regular el precio máximo de los nuevos contratos de alquiler en aquellos municipios donde el precio de la vivienda se ha disparado, es la más intervencionista. Por ahora, solo cuatro regiones y una ciudad han introducido esta medida: Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias –se ha acogido hace menos de dos meses a ella– y La Coruña.

En estos territorios el efecto de la normativa ha sido mucho mayor. Cataluña, la primera autonomía en aplicar el límite de precios, concentra una de cada tres viviendas que desaparecieron del mercado en estos cinco años. Mientras, el número de interesados por cada inmueble que sale al mercado en un plazo de diez días sigue al alza.

Lo mismo ocurre en el País Vasco, Navarra o La Coruña. El anuncio y aplicación de medidas regulatorias está provocando una retirada masiva de inmuebles del mercado residencial hacia otras modalidades, manteniendo precios por encima de los 1.000 euros.

Sin embargo, en las regiones donde no se ha impuesto el límite de alquileres, como es el caso de Madrid, el mercado se ha estabilizado. La Comunidad de Madrid se consolida como el territorio con mayor volumen de oferta de España, manteniéndose en torno a los 150.000 inmuebles.

Paralización de desahucios

La paralización de los desahucios estuvo vigente desde la pandemia hasta febrero de este año, cuando el Congreso no convalidó una nueva prórroga y suspendía los procedimientos de desahucio y lanzamientos para las personas vulnerables y sin alternativa habitacional. También se prohibía la interrupción de los suministros básicos de agua, luz y gas para los consumidores vulnerables.

Esta medida se puso en marcha durante la pandemia, y ha impedido que muchos propietarios, aun teniendo una sentencia judicial a su favor, pudieran recuperar sus viviendas ocupadas.

Nuevos decretos de vivienda

El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros los dos decretos de vivienda que decayeron el pasado viernes en el Congreso y que, con disolución de las Cortes por el adelanto electoral, se tienen que votar en la Diputación Permanente donde PP, Vox y Junts no tienen mayoría.

Los decretos se aprobarán con algunas variaciones, puesto que no se pueden presentar exactamente igual. Eso sí, el grueso del texto será el mismo y se incluirá la prohibición de los desahucios hasta 2030, la prórroga de los contratos hasta el 2028, la regulación de alquileres turísticos y de temporada, la prohibición de compra por parte de ‘fondos buitre’ y la renovación automática de los arrendamientos.

Tan solo el anuncio de estos decretos ha bastado para provocar una caída en el interés por el mercado residencial en España y ha paralizado operaciones que estaban a punto de ponerse en marcha. En concreto, en la Comunidad de Madrid se iban a construir entre 600 y 700 viviendas de alquiler asequible, pero las transacciones han frenado en seco, denuncian desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), quienes culpan a la «inseguridad jurídica que provocan estas medidas».

Durante estos días, los pequeños propietarios también han paralizado el mercado del alquiler, aplazando firmas de contratos o retirando anuncios de inmuebles para ponerlos a la venta, tal y como confirman desde la Federación de Agencias Inmobiliarias (FAI). «Los pequeños arrendadores, para quienes lo más importante, en estos momentos, no es la rentabilidad bruta sino la estabilidad y seguridad normativa, tienen miedo y además ven que el alquiler está en riesgos máximos», asegura José María Alfaro, presidente de FAI.

«La presión social de la calle y el drama que sufren miles de personas requiere de consensos y altura de miras de cara a la campaña electoral para no agravar más el problema. Hay que proteger al inquilino, pero que no haya fuga de pequeños propietarios», sentencia.