Los estragos de la política de vivienda del Gobierno: «Para alquilar nos piden 150 euros más por bebé y, por niño, 250»

Las reformas del Gobierno en el mercado inmobiliario han provocado un drástico vuelco en la oferta que está penalizando a las rentas más bajas. La aplicación de la Ley de Vivienda y la prórroga del decreto antidesahucios han acelerado la fuga de propietarios hacia otras modalidades de alquiler, encareciendo la oferta existente hasta un 30 % en las principales ciudades.

La primera normativa, que salió adelante con el apoyo de Unidas Podemos, incluye medidas intervencionistas, como el límite a los precios del alquiler, y genera inseguridad jurídica en los propietarios. La segunda estuvo vigente desde la pandemia hasta febrero de este año, cuando el Congreso no convalidó una nueva prórroga, y suspendía los procedimientos de desahucio y lanzamientos para las personas vulnerables y sin alternativa habitacional. Esto impidió que durante más de cinco años muchos propietarios, aun teniendo una sentencia judicial a su favor, pudieran recuperar sus viviendas ocupadas.

La rigidez normativa ha terminado por expulsar del mercado a los mismos inquilinos que el Ejecutivo prometía proteger, y ha convertido la vulnerabilidad en un negocio. Desde la pandemia los propietarios no aceptan ni embarazadas ni parejas con hijos y, quien sí lo permite, exige un plus de hasta 200 euros por niño y 300 euros por cada empadronamiento.

Paola –nombre ficticio para preservar su identidad– está buscando piso para poder vivir con su marido y sus tres hijos, pero la realidad es que lo que encuentran les impide poder alquilar algo. «Solo vemos habitaciones de 500 euros. Pero cuando se enteran de que tenemos niños nos mandan pagar 250 euros más por cada uno, y 150 más si es bebe. En total unos 1.100 euros al mes por un cuarto», denuncia.

Su marido trabaja en Uber y gana unos 1.400 euros al mes. Aceptar estos precios supondría destinar casi el 100 % de su sueldo, por eso, mientras se tienen que conformar con vivir en un centro de acogida.

Nos pedían 4.000 e incluso 5.000 euros por alquilar un pisoFernanda

Otro ejemplo es Laura –también nombre ficticio–. Ella es colombiana y lleva siete años viviendo en España con sus padres, pero acaba de tener una niña y se ha mudado con su pareja. Él es repartidor de Amazon y gana 1.200 euros al mes. Ese sueldo solo les ha permitido acceder a una habitación en un piso compartido por 600 euros, aunque reconoce que el casero «pone muchos problemas por la niña».

A esos pluses se suman los requisitos de entrada. El arrendador se ha vuelto cada vez más exigente, y cada vez hace mayores cribados para alquilar. Más allá de entregar la documentación necesaria que demuestre tener un puesto de trabajo estable con unos ingresos fijos todos los meses, piden garantías que se podrían equiparar a las que un banco solicita para conceder una hipoteca.

Ya es habitual que el casero exija no sólo un mes de fianza, sino una posible garantía adicional de hasta dos meses de renta y pagar el mes en curso. «Nos pedían 4.000 e incluso 5.000 euros por alquilar un piso. Eso es prácticamente imposible de conseguir», lamenta a El Debate Fernanda.

Conrado Giménez, presidente y fundador de Fundación Madrina, asegura que «la gente tiene miedo de alquilar a familias vulnerables, porque temen que se conviertan en okupas». Explica que el propietario le pone a ese miedo un coste económico, y pide por adelantado lo que dejaría de ganar durante el tiempo que tardaría en desalojar al inquilino.

«Medidas que nacieron para proteger a los vulnerables están provocando que el mercado excluya a niños y a madres embarazadas», sentencia.