Cuando trabajar no basta para salir adelante: «La vulnerabilidad es un negocio»

El empleo ya no siempre basta para salir adelante. Uno de cada diez asalariados en España se encuentra en riesgo de pobreza y miles de trabajadores siguen recurriendo a entidades sociales para afrontar gastos tan básicos como la alimentación, la vivienda o el cuidado de sus hijos.

Cuatro de cada diez hogares llegan a fin de mes con dificultades y no pueden afrontar gastos imprevistos. Además, más de cuatro millones de personas viven en situación de exclusión social, según datos del Consejo Económico y Social y de Cáritas. El propio CES advierte de que, pese al «favorable ciclo económico y de empleo», parte de esa mejora no se está trasladando de forma homogénea a todos los hogares.

Solo hay que darse un paseo cerca de los bancos de alimentos, o a las sedes de ONGs para darse cuenta de esta realidad. El Debate ha querido poner un altavoz en ella y para ello se ha acercado a la sede de la Fundación Madrina, donde cada jueves y viernes cientos de familias hacen cola para conseguir productos básicos que puedan llevar a sus casas.

Familias que viven de alquiler, y en las que al menos uno de sus miembros trabaja, esperan bajo el sol a que les faciliten alimentos, pañales o ropa. Esta ayuda les permite aliviar parte del gasto doméstico y destinar más recursos a otras necesidades, como el alquiler, los suministros o los gastos de los hijos.

Actualmente en España se dedica el 50 % de lo que se ingresa para poder pagar un alquiler, tal y como se desprende de un estudio elaborado por Infojobs y el portal inmobiliario Fotocasa. Y cuando la mitad del salario se destina únicamente a la vivienda, la capacidad de ahorro desaparece y se limita el acceso a otros gastos esenciales, deteriorando gravemente la calidad de vida de los ciudadanos.

A eso se les ha sumado otro inconveniente: se tienen que ir del piso en el que viven, pero las condiciones de los propietarios les impiden acceder a la vivienda. «Nos piden que superemos los 2.500 euros de ingresos, y que entreguemos 5.000 euros al principio. Es imposible, ni a las afueras de Madrid, como en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares o Pinto, encontramos nada», lamentan.

Otro ejemplo es Laura –nombre ficticio para preservar su identidad–. Ella es colombiana y lleva siete años viviendo en España con sus padres, pero acaba de tener una niña y se ha mudado con su pareja. Él es repartidor de Amazon y gana 1.200 euros al mes. Ese sueldo solo les ha permitido acceder a una habitación en un piso compartido por 600 euros. «A esa cantidad hay que sumarle los servicios. En total son unos 750 euros al mes, y con lo que nos sobra subsistimos», asegura.

Buscando un piso compartido está Paola –también nombre ficticio–, su marido y sus tres hijos. Pero la realidad es que lo que encuentran les impide poder alquilar algo. «Solo vemos habitaciones de 500 euros. Pero cuando se enteran de que tenemos niños nos mandan pagar 250 euros más por cada uno, y 150 más si es bebe. En total unos 1.100 euros al mes por un cuarto», denuncia.

Su marido trabaja en Uber y gana unos 1.400 euros al mes. Aceptar estos precios supondría destinar casi el 100 % de su sueldo, por eso, mientras se tienen que conformar con vivir en un centro de acogida.

Unos pasos más adelante nos encontramos con Nerea. Tiene 19 años, está embarazada de cuatro meses y vive con su madre, que es farmacéutica. «Por suerte tenemos una renta antigua, y pagamos más o menos 620 euros por un piso entero, pero aún así no somos capaces de llegar a fin de mes», reconoce.

Esta joven española ha estudiado un grado medio de peluquería estética, y ahora está con uno de auxiliar de enfermería. Nerea reconoce que la llegada del bebé aumentará los gastos familiares, aunque afronta la situación con optimismo. «Si Dios lo ha puesto en nuestro camino es por algo», asegura.

Conrado Giménez, presidente y fundador de Fundación Madrina, considera que «la vulnerabilidad es un negocio», sobre todo desde la pandemia. Explica que los propietarios no aceptan ni embarazadas ni parejas con hijos y, quien sí lo permite, exige hasta 200 euros por niño y 300 euros por cada empadronamiento.

A estas dificultades se suma el impacto de las últimas reformas en materia de vivienda. Expertos del sector inmobiliario apunta a que medidas como la Ley de Vivienda o el decreto antidesahucios han incentivado la salida de inmuebles a otras modalidades de alquiler, provocando un incremento de los precios de más del 30 %, según el portal inmobiliario Idealista.