Inversiones paradas hasta las elecciones: «Aquí no se mueve un euro hasta que se confirme una nueva política económica»

La parálisis viene de lejos, pero la convocatoria de las elecciones para el 29 de noviembre ha terminado de acentuarla. Sean españolas o extranjeras, grandes o pymes, las empresas españolas tienen echado el freno a cualquier tipo de inversión hasta después de las generales. Y lo mismo sucede con los fondos de inversión internacionales, que mantienen en suspenso sus decisiones a la espera de una mayor certidumbre política.

«Aquí no se mueve un euro hasta que se confirme la llegada de un nuevo Gobierno que vele por la seguridad jurídica, baje los impuestos e incentive las inversiones», explican a El Debate desde una conocida EAFI (Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente), que prefiere no significarse: «Demasiadas trabas se nos ponen ya por parte de un Gobierno que se ha escorado a la izquierda radical y que habla del capital como si fuera un enemigo y no la principal garantía para crecer y generar empleo».

El pasado marzo, el fondo estadounidense Apollo tomó el control del Atlético de Madrid por 1.425 millones de euros. La canadiense Colliers, por su parte, completó en mayo la adquisición de Ayesa Engineering por unos 600 millones. Y paremos de contar; o prácticamente. Porque la filial española del grupo de telecomunicaciones Digi salió a bolsa en julio, pero se ha notado en la cotización la falta de respaldo de los inversores internacionales. Dios y ayuda le ha costado escalar a los 6 euros desde el precio de salida establecido en 5,60.

«Cuesta mucho invertir en un país donde la seguridad jurídica brilla por su ausencia y el intervencionismo campa por sus fueros», expresa el primer ejecutivo de una compañía de venta directa, un modelo de negocio que facturó el año pasado más de 650 millones de euros. La AVD, asociación que defiende los intereses del sector, pone también la tilde en la rigidez del mercado laboral y en un clima social fomentado desde los poderes públicos que desincentiva el emprendimiento y la iniciativa privada.

La muestra más candente de lo primero que criticaba este directivo, la inseguridad jurídica, son los nuevos decretos de la vivienda que el Ejecutivo tiene previsto aprobar antes del 29-N retorciendo las funciones de la Diputación Permanente del Congreso. Ambos textos se contradicen en relación con la prórroga de los alquileres, toda vez que el pactado con Sumar contradice lo recogido en el artículo 10 del primer decreto. Y ello sin entrar en los perjuicios que ya están causando antes de entrar en vigor y la perspectiva de que sean retiradas del mercado hasta 300.000 viviendas, según las estimaciones del sector inmobiliario.

El denominador común de todas las reflexiones es que la asfixia impositiva –junto a los bandazos normativos–, restan a España atractivo competitivo respecto a otras economías europeas

La inversión extranjera bruta en España cayó a la mitad en el primer semestre del año hasta 12.446 millones de euros desde los 23.300 registrados de julio a diciembre de 2025. El Ministerio de Carlos Cuerpo aplaude un incremento interanual del 31,2 %, pero no cuenta que el dato sigue siendo el segundo más bajo desde 2021, cuando estábamos recién salidos de la pandemia. Como tampoco dice que las perspectivas para la segunda mitad del año son menos optimistas. Y eso que la Comunidad de Madrid, donde fueron a parar entre enero y junio casi 5 de cada 10 euros procedentes del exterior, sigue tirando del carro como el principal polo tractor de grandes proyectos corporativos y a gran distancia del resto de regiones.

«Un Gobierno que está todo el día hablando de fondos buitres y que grava con impuestos extraordinarios a la banca, las energéticas o las grandes fortunas, es un Gobierno que ahuyenta al capital. Lo que cabe esperar del nuevo escenario político es estabilidad, que bastante tenemos ya con la incertidumbre ante el precio del petróleo y el convulso panorama internacional», señala el director general de una firma de la industria auxiliar del automóvil. El denominador común de todas las reflexiones es que la asfixia impositiva –junto a los bandazos normativos–, restan a España atractivo competitivo respecto a otras economías europeas.

Pero hay un tercer factor que también siembra dudas a la hora de apostar por nuestro país, sobre todo en este segundo mandato del sanchismo que toca a su fin: la ambición de controlar las empresas privadas desde Moncloa. Los atropellos cometidos en Telefónica e Indra, o el bochornoso papel que jugó el Ministerio de Economía cuando la OPA del BBVA sobre el Sabadell, no son ni mucho menos la mejor carta de presentación para un inversor extranjero. Máxime si se ha vuelto a prorrogar el «escudo antiopas», de modo que cualquier compañía que quiera invertir en sectores estratégicos tenga que pedir permiso al Gobierno si piensa tomar más del 10 % del capital.

Feijóo ha dicho en varias ocasiones que el Estado solo debe velar por el buen hacer de las empresas en el ámbito de la seguridad nacional y los servicios públicos básicos, recordando que la SEPI acumula tres presidentes imputados en estos momentos. Si arrancan con Red Eléctrica, responsable de los muchos males económicos que nos aquejan, estarán empezando con buen pie.