Cuatro reuniones en cinco años y ningún acuerdo: el Tribunal de Cuentas cuestiona la gestión de los fondos europeos

El Gobierno y las comunidades autónomas apenas se reunieron cuatro veces en cinco años en el órgano creado para coordinar la ejecución de los fondos europeos y no adoptaron ningún acuerdo ni recomendación formal sobre su gestión. Así lo constata el Tribunal de Cuentas en un informe de fiscalización que cuestiona el funcionamiento de la conferencia sectorial encargada de facilitar la cooperación entre administraciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El organismo fiscalizador ha examinado los mecanismos de gobernanza de un programa aprobado en 2021 que permite a España acceder a una contribución financiera máxima de 102.560 millones de euros, de los cuales 79.854 millones corresponden a ayudas no reembolsables y otros 22.706 millones a préstamos.

Pese a la magnitud de los recursos movilizados, el Tribunal de Cuentas ha comprobado que la conferencia sectorial, presidida por la entonces vicepresidenta primera María Jesús Montero y de la que formaban parte los consejeros autonómicos competentes, tuvo una actividad muy limitada.

«No hay constancia de que la Conferencia sectorial haya adoptado ninguna decisión (acuerdo o recomendación) respecto a la coordinación de la implementación del Plan», señala expresamente el informe, al que ha tenido acceso Europa Press.

La conclusión resulta especialmente relevante porque el Gobierno había defendido la existencia de este órgano como mecanismo de participación autonómica ante las reclamaciones de distintas formaciones políticas para intervenir en el diseño y distribución de los fondos europeos.

Según la fiscalización, la conferencia sectorial se reunió únicamente cuatro veces desde la puesta en marcha del Plan de Recuperación hasta enero de 2026. Las tres primeras reuniones tuvieron lugar en 2021. La inicial, celebrada en enero, sirvió para constituir formalmente el órgano. En abril se aprobó su reglamento interno de organización y, en agosto, se informó a las comunidades autónomas sobre el estado del Plan y los siguientes pasos previstos para su ejecución. Después de aquella tercera reunión, la conferencia permaneció casi tres años sin volver a convocarse.

El siguiente encuentro no se produjo hasta junio de 2024, cuando el ministro de Economía presentó a las comunidades autónomas el diseño y funcionamiento del Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA).

El Tribunal de Cuentas destaca que las reuniones tuvieron un carácter «principalmente informativo» sobre el diseño del Plan de Recuperación, sin que consten acuerdos o recomendaciones para coordinar su implementación.

Por tanto, aunque el órgano permitió trasladar información a las administraciones autonómicas, no consta que ejerciera mediante decisiones formales la función de coordinación para la que había sido establecido.

Comisión de coordinadores

El informe también señala que no existe información sobre la actividad de la Comisión de Coordinadores de Fondos Europeos, el órgano que debía apoyar a la conferencia en la preparación y seguimiento de sus reuniones. Esta ausencia de información impide conocer qué trabajos desarrolló la comisión para facilitar la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas.

El Tribunal de Cuentas considera que la participación autonómica en la definición y ejecución del Plan de Recuperación requería la adopción de acuerdos o recomendaciones formales entre las administraciones implicadas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Participar en los grandes proyectos

El funcionamiento de la conferencia sectorial había sido objeto de debate político desde los primeros años del Plan de Recuperación. Una parte importante de los proyectos estratégicos financiados con estos recursos, entre ellos los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte), fue diseñada desde la Administración central sin participación directa de las comunidades autónomas en su elaboración.

Formaciones como el PNV y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) reclamaron en distintas ocasiones una mayor intervención de los gobiernos autonómicos e incluso la regionalización de determinados fondos. Frente a estas peticiones, el Ejecutivo defendía la existencia de la conferencia sectorial como instrumento de coordinación entre las administraciones.

La fiscalización del Tribunal de Cuentas cuestiona ahora la eficacia de ese mecanismo al constatar que, durante el periodo analizado, no se documentó ninguna decisión formal destinada a coordinar la implementación del Plan.