La vivienda, de gran apuesta electoral de Sánchez a casi el olvido: el Gobierno apura el plazo para aprobar los decretos Maricarmen

Comienza una semana clave para los ‘decretos Maricarmen’. Los dos textos de vivienda que el Gobierno volvió a aprobar el 6 de octubre, después del primer ‘no’ del Pleno del Congreso, serán votados el próximo 12 de noviembre en la Diputación Permanente del Congreso. Un día después de la huelga general y en vísperas del comienzo de la compaña electoral, el Gobierno llevará para su convalidación dos normativas que servían como pistoletazo de salida de la precampaña para las elecciones del 29 de noviembre, pero que quedaron en segundo plano tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

El decreto que incluye la prohibición temporal de los desahucios para personas vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030, la prohibición de compra a los fondos buitres, la prórroga extraordinaria de dos años, la regulación del alquiler de temporada y préstamos al 0 % para el acceso a la primera vivienda, entre otras medidas, está en vigor desde su publicación el pasado 7 de octubre.

Sin embargo, el que prevé la prórroga automática e indefinida de los contratos de alquiler, no entraba en vigor hasta el 15 de noviembre. Es decir, hasta que fuese votado en la Diputación Permanente.

El Gobierno, salvo sorpresa, cuenta con aprobar el primero de los decretos porque, según el reparto de escaños, en el único órgano que sigue activo tras la disolución de las Cortes, PP, Vox y Junts suman 34 votos por los 35 que reúnen el resto de los grupos.

Freno en el mercado inmobiliario

Las políticas intervencionistas de vivienda que el Gobierno ha sacado adelante durante estos ocho años han roto por completo el mercado inmobiliario, pero sobre todo el del alquiler. Desde que Pedro Sánchez prometió solucionar el problema, en 2021, anunciando la primera Ley de Vivienda para contener los precios y promover el acceso a la vivienda, la oferta ha caído en casi 400.000 inmuebles, según datos del Observatorio del Alquiler.

Ahora estas normativas amenazan con recortar aún más el número de viviendas en alquiler. De hecho, ya se ha notado una caída en el interés por el mercado residencial en España y ha paralizado operaciones que estaban a punto de ponerse en marcha. Y es que, tal y como denuncian los expertos inmobiliarios, el Gobierno sigue intentando resolver esta crisis actuando sobre propietarios e inversores que son los que, por el momento, pueden aumentar la oferta.

«Tenía mi piso anunciado y, cuando conocí las nuevas medidas del Gobierno, decidí retirar el anuncio». Esta es una de las frases más escuchadas en las últimas semanas en el sector inmobiliario. Es el caso de Aurora, quien contó a El Debate que tenía un piso en Madrid que llegó a anunciar, pero al día siguiente de conocer las medidas que el Gobierno de Sánchez quiere sacar adelante, decidió retirarlo. «Es un piso grande, idóneo para familias. Y me echa para atrás esa protección que se le da al inquilino si se declara vulnerables», aseguró.

Otro ejemplo es el de Ana. Ella tiene un inmueble alquilado a una persona vulnerable en Asturias. Es consciente de que con la legislación vigente hasta este momento ya había problemas, pero siempre valoró el darle un uso y tenerlo arrendado. «Yo se lo alquilo a un precio inferior al del mercado. El inquilino tiene ayuda pública, y un 50 % se lo paga él y la otra mitad la Administración», relata. Ahora, con las nuevas medidas, «lo que van a conseguir es que lo retire del mercado y lo use yo. Tengo dos hijos, y tengo miedo de que pronto lo necesiten y yo no lo pueda recuperar», lamenta.

Más exigencias

Todo el sector inmobiliario ha mostrado su rechazo a la triquiñuela que ha hecho el Ejecutivo de Sánchez, y la califican de «fraude constitucional» que genera una grave situación de inseguridad jurídica.

Las medidas que introducen nuevas obligaciones o limitaciones sin actuar simultáneamente sobre la escasez de oferta trasladan más presión a un mercado ya tensionado. El resultado, además de retirar las viviendas del mercado, será exigir perfiles económicos más sólidos y garantías adicionales. Los principales perjudicados serían los jóvenes, los trabajadores temporales, los autónomos y los hogares con ingresos irregulares, que ya encuentran mayores dificultades para acceder a una vivienda.