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01 de mayo de 2024

Aula de un colegio en Baleares

Aula de un colegio en BalearesEFE

Educación

Las becas de Ayuso abren un inesperado debate entre la concertada y la privada

Mientras unos temen que las ayudas supongan la sustitución de los conciertos, otros denuncian que se trata de un modelo discriminatorio e ilegal

El anuncio de Isabel Díaz Ayuso de aumentar el límite salarial para la obtención de becas en la Comunidad ha abierto un inesperado debate entre los centros concertados y privados por el régimen de conciertos, un asunto que lleva enquistado casi cuatro décadas y que nadie parece interesado en solucionar.
El aumento en el límite salarial para las becas fue una medida pactada con Vox para la aprobación de los últimos presupuestos. La idea de la Comunidad era hacer llegar a más familias, especialmente de clase media, las ayudas para los ciclos educativos no obligatorios. Para ello, dispuso aumentar el límite salarial de los padres para poder optar a la beca de los 30.000 a los 100.000 euros.
Pedro Sánchez y varias ministras se apresuraron a criticar el anuncio, como era previsible, aunque seguramente Ayuso no esperaba que parte de las reprobaciones vinieran de los centros concertados.
Desde el colectivo de la concertada argumentan que las becas deben ser un complemento para mejorar la libertad de enseñanza, pero no un sustituto de los conciertos educativos que, al fin y al cabo, son los que permiten la elección de determinados centros de iniciativa social de forma gratuita independientemente de la situación económica previa.
«Con las becas se produce un copago y, por tanto, no cualquiera puede elegir, sino solo aquellos que tengan recursos», comenta Jesús Muñoz de Priego, abogado especialista en Derecho Educativo.
«La muestra evidente, el precedente más inmediato, está precisamente en Madrid con las becas en ciclos formativos de grado superior. Se quitaron los conciertos por becas y con ello se acabaron cerrando muchas unidades», señala.
Muñoz de Priego explica que para que un aula se sostenga económicamente con becas, debe tener un mínimo de 30 alumnos; por debajo de esa cifra es insostenible y tiene que cerrar. Al final, se acababa planteando que, si hay menos alumnos, se les cobraría una cuota a los becados estableciendo un copago y eliminando la gratuidad de la plaza.
«Con el cheque escolar se atenta a la gratuidad, a la igualdad e incluso a la estabilidad de los centros. No hay un estudio serio y real sobre la implantación del cheque escolar en España y en un sistema educativo que no parte de cero, sino que está en funcionamiento. Es puro electoralismo», añade.

«Discriminatorio y fuera de la legalidad»

Esta postura de algunas portavoces de la concertada no ha sentado bien a los centros privados, que consideran «incoherente» las críticas, «cuando son sus familias las más beneficiadas y las que verán facilitado el acceso a estos colegios o su continuidad».
La Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), calcula que «menos del 20 % de familias han podido solicitar la beca para acudir a nuestros colegios, por lo que resulta evidente que el principal destinatario será el alumnado de los centros concertados».
CICAE denuncia «el modelo tan extendido en la comunidad autónoma», que «limita el acceso de las personas con recursos más bajos a estos centros» y que les permite cobrar a las familias cuotas por enseñanza en las etapas obligatorias que ascienden de media a más de 1.500 euros anuales.
«Este hecho es discriminatorio y está fuera de la legalidad, pues la Educación ha de ser gratuita en colegios sostenidos con fondos públicos. Extender el concierto a Bachillerato, como demanda, serviría para continuar con esta doble vía de financiación, la de la administración que cubre todos los gastos y la que se exige como copago a las familias», agregan.

Las familias, al margen

Las familias, que al final son las beneficiadas de estas ayudas, prefieren no meterse en polémicas ajenas. «Esta guerra la han abierto los propios centros educativos, las familias estamos totalmente al margen», afirma Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA). Desde la Comunidad tampoco quieren saber nada del asunto ya que, entienden, ellos solo han aumentado el techo salarial para llegar a más familias, sin afectar a otras cuestiones.
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