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22 de febrero de 2024

El Estatuto del Becario ha sido acordado entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos

El Estatuto del Becario ha sido acordado entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatosPaula Andrade

Análisis

¿Por qué el Estatuto del Becario empeorará la empleabilidad de nuestros jóvenes?

Trabajo y sindicatos firman un acuerdo que «considera al empresario como un delincuente»

Con la universidad en contra, sin el consenso con la patronal y en periodo electoral, la ministra de Trabajo y candidata a presidenta del Gobierno por Sumar, Yolanda Díaz, quiere imponer una norma pactada sólo con los sindicatos que supone un grave perjuicio para la formación de los estudiantes al limitar las horas de prácticas en empresa y, con ello, la adquisición de experiencia profesional para estar mejor preparados para el mercado laboral.
Es un clamor unánime en las universidades: la regulación de las prácticas en empresa es una cuestión del ámbito educativo, y no laboral. Pero la ministra de Trabajo no considera lo mismo y acaba de escenificar con las organizaciones sindicales la firma del que llama Estatuto de las Personas Becarias o Personas en Formación Práctica No Laboral en las Empresas, comúnmente llamado Estatuto del Becario. Ni patronal ni universidades han participado en las negociaciones de este texto que supone un cambio sustancial respecto a la forma en la que se están gestionando en este momento las prácticas curriculares y extracurriculares.
Entre los aspectos más destacados, se limita a un 15 % del total de la duración del título universitario, el periodo posible de prácticas. En un grado tipo, de 240ECTS, serían, dependiendo de los cálculos, menos de 500 horas de prácticas durante toda la carrera. Muy lejos de las opciones actuales, que suelen incluir 180 horas curriculares y tantas extracurriculares como el alumno desee desde el momento en que tenga superados el 50 % de los créditos matriculados.
Para que el Estatuto del Becario entre en vigor, el Ministerio de Trabajo debe elevar el texto al Consejo de Ministros, que tendría que aprobar la norma vía real decreto ley antes del 23 de julio, fecha de las elecciones generales. Para ello, el Departamento que dirige Yolanda Díaz todavía no ha fijado una fecha y apuesta por la prudencia para su tramitación e ir viendo los plazos.
Fuentes de Moncloa discuten la posibilidad de, en el caso de que Díaz haya sospechado que Sánchez no contempla aprobarlo antes de los comicios, haya montado el acto con los sindicatos para presionarlo.
La nueva norma que la vicepresidenta segunda quiere tramitar por la vía de urgencia ha sido rechazada de manera categórica por la comunidad universitaria que, a través de la Conferencia de Rectores, ha emitido comunicados en contra de los diferentes borradores.
En palabras del Director General de Universidades de la Comunidad de Madrid, Ricardo Diaz, la propuesta del Estatuto «es no entender nada en absoluto lo que son las prácticas. Las prácticas son un servicio al alumno, no a la empresa», puesto que los estudiantes se forman y adquieren una experiencia laboral que les abre las puertas a su futuro profesional.
En el acto de presentación el acuerdo del documento, que no ha admitido preguntas, los representantes de Comisiones Obreras y de UGT que acompañaban a la ministra han reiterado la necesidad de sacar adelante urgentemente este texto, que no han conseguido tramitar en el año y medio que llevaban negociando, porque consideran que evita las prácticas abusivas que se dan en las empresas. Para Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, este es el quid de la cuestión: si hay incumplimiento por parte de las empresas respecto a los becarios, las autoridades deberían no solo perseguirlo sino «aumentar el régimen sancionador para evitar que se produzcan, sin por ello ahogar la inserción laboral de las personas en formación».
Es cierto que en algunas empresas se producen situaciones abusivas, pero la solución no puede ser limitar las prácticas en todos los supuestos porque, según explica Ricardo Diez, «eso ideología pura y dura. Se está considerando al empresario un delincuente, se toma a todos por delincuentes y se legisla contra ellos. Esta norma parte de la premisa de que todo el mundo defrauda».
Además, hay una marcada injerencia de Trabajo en el ámbito universitario, queja reiterada de los rectores tanto de las universidades públicas como privadas. De hecho, parte de las supuestas novedades que ha presentado la ministra, que tendrá que convencer ahora a sus compañeros en el Consejo de Ministros para forzar la tramitación urgente como Real Decreto-Ley, se basan en que era necesario regular bien esta cuestión para garantizar que cada periodo de prácticas incluía un plan formativo específico y que se podían conciliar las prácticas con los estudios. Lo cierto es que los actuales convenios de prácticas ya especifican claramente las funciones a desempeñar por cada alumno y, además, la empresa se compromete a que los estudiantes puedan examinarse de las asignaturas matriculadas.
Para Luis Pérez López, de Ranstad, es un manifiesto error que la CEOE y las universidades hayan quedado fuera de las negociaciones de un texto que ya nace sin el apoyo suficiente. De hecho, se está legislando en un sentido contrario al que está marcando la Unión Europea, que tiende a buscar normas que consoliden un mayor grado de libertad.
Si el Estatuto del Becario continúa su tramitación urgente en el Consejo de Ministros y la Comisión Permanente del Congreso, los alumnos universitarios y de FP verán mermada oportunidad de probar diferentes ámbitos laborales dentro de su titulación, adquirir formación específica, estrechar su red de contactos y aumentar su currículo para enfrentarse más preparados a la búsqueda de empleo cuando egresen de las aulas.
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