El ministro de Universidades, Joan Subirats, la semana pasada
El Consejo de Estado frena la intención del Gobierno de eliminar los departamentos universitarios
El máximo órgano consultivo realiza una dura crítica al ministro Subirats por no saber justificar su enmienda
Enmienda del Consejo de Estado (CE) al Ministerio de Universidades. Tras la petición del propio Ejecutivo de un dictamen, el máximo órgano consultivo del Gobierno ha instado al departamento de Joan Subirats a revisar varios aspectos de un decreto que se aprobará previsiblemente hoy martes en el Consejo de Ministros y que afecta a aspectos como la estructura orgánica de la Universidad o el personal investigador.
Según publica ABC, el Ministerio ha acatado las amonestaciones del CE y las eliminará del texto definitivo.
La primera de ellas, y posiblemente la más destacada, tiene que ver con la intención que tenía Subirats de eliminar los departamentos universitarios sin diseñar una alternativa a los mismos. Un movimiento que el CE «no alcanza a comprender», según apunta en su informe, «sin una detallada justificación» y por un cauce, que, además, no sería el indicado para una decisión como esta.
«Esta modificación es muy relevante y, sin embargo, ni se justifica la derogación del Real Decreto 2360/1984, ni existe una mínima previsión regulatoria de la idea que se pretende con relación a los departamentos universitarios», subraya el Consejo de Estado, que apunta además que una decisión de semejante envergadura no debería hacerse «en una disposición derogatoria cuya modificación principal afecta a los estudios de doctorado», sino a través de la nueva ley de Universidades.
Además, resalta por último, «debería haber sido sometida a informe de los órganos interesados y, fundamentalmente, de la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria y de la Comisión Permanente del Consejo de Universidades, además de los correspondientes trámites de información pública».
Dos críticas
La siguiente crítica del CE tiene que ver con la llamada «ciencia abierta» y «ciencia ciudadana», dos conceptos a los que Subirats apela siempre que puede pero en los que el decreto no incide pese incorporar una de las competencias que deben adquirir los doctorandos. «Sería deseable que el proyecto atendiera con más detalle a esta cuestión (...) y que afecta especialmente a la formación del personal investigador y evaluador de las comisiones, comités y paneles de evaluación del mérito investigador, de la carrera académica, tanto de personal como de instituciones, y de los paneles de concesión de proyectos financiados con fondos públicos», concluye el dictamen.
Por último, el CE también critica la memoria de impacto normativo que acompaña al texto, al señalar que «debería haber atendido y explicado las repercusiones del Proyecto en la economía y en el empleo (sería muy conveniente aportar datos sobre la situación laboral del personal investigador que realiza tesis doctorales), razonando su impacto y valorando si es significativo».
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