Edificio histórico de la Universidad de Oviedo
La comisión de Universidades avisa de la baja autonomía universitaria y de los problemas económicos de la LOSU
Los centros del G-9 instan a una revisión y diálogo abierto con los legisladores para garantizar la viabilidad económica de las instituciones y preservar la calidad educativa
La Comisión Sectorial de Gerencias del Grupo 9 de Universidades (G-9) ha advertido de «la sensible reducción de autonomía universitaria y las consecuencias económicas» derivadas de la reciente implementación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
El G-9 ha insistido en los «impactos negativos» de la citada ley en la capacidad de gestión administrativa y financiera de las instituciones públicas que forman parte del Grupo. Esta situación preocupa a las universidades miembros, dado que la ley «conlleva un incremento significativo en los costes, especialmente, en lo que respecta al gasto de personal».
En el conjunto del G-9, «el incremento de costes, consolidable y creciente, año tras año, tan solo en lo relativo a los cambios de dedicación previstos en la LOSU, supera los 135 millones de euros, según la monografía de 2023 de Financiación Pública en la Ley Orgánica del Sistema Universitario de CRUE Universidades Españolas».
El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas Comunidades Autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco, Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Zaragoza; junto con la Universidad de Murcia y la Universidad de Burgos como instituciones colaboradoras.
«Las nuevas disposiciones legales obligan a las universidades a adaptar las dedicaciones y afrontar regulaciones sin contar con el respaldo económico suficiente, poniendo en riesgo la sostenibilidad futura de las políticas y la gestión independiente de cada universidad», señala en un comunicado.
La Comisión Sectorial de Gerencias del G9, en la que se han analizado estos temas, se ha reunido los días 18 y 19 de enero en la sede del Rectorado de Cáceres de la Universidad de Extremadura, bajo la presidencia de Ignacio Villaverde (rector de la Universidad de Oviedo).
«Desde el borrador de la LOSU, hemos puesto de manifiesto que la entrada en vigor de la norma iba a suponer un impacto económico importante y muy sustancial sobre la economía de las universidades públicas españolas. Ahora que está aprobada y que empezamos ya a tener que hacer aplicación de la ley orgánica, eso que se había dicho hace un año se manifiesta en cifras concretas», manifiesta Ignacio Villaverde.
Análisis del impacto económico
La comisión ha acordado elaborar un documento de trabajo que contenga el análisis de estos impactos económicos y su proyección a futuro con el objeto de trasladarlo a sus respectivos gobiernos autónomos para «reforzar su postura negociadora» en el seno del Consejo de Coordinación de Políticas Universitarias, relativa a la financiación de las universidades, prevista en el artículo 55 LOSU y, en particular, lo concerniente al cálculo del 1 % del PIB autonómico que debe destinarse a la financiación del servicio público de educación superior universitaria.
«Seguimos en un escenario de incertidumbre. Ninguna universidad sabemos cómo van a contribuir, tanto los gobiernos autonómicos como el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para poder hacer frente a esos costes que, si no pondrán en riesgo el cumplimiento de la ley, en cualquier caso, sí la salud económica de nuestras universidades», subraya Villaverde.
Recuerda el rector de la Universidad de Oviedo que las comunidades autónomas que forman parte del G-9 tienen cuantías distintas y «la relación con la financiación real de sus universidades con respecto al 1 % también varía mucho, pero ninguna llegamos a ese 1 %».
Las universidades del G-9 instan a «una revisión y diálogo abierto con los legisladores para garantizar la viabilidad económica de las instituciones y preservar la calidad educativa y de investigación que caracteriza al sistema universitario español».
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