Niños en su aula mirando el móvil
Bolsas selladas y taquillas: así quiere Francia erradicar los móviles en colegios a partir de septiembre
Durante el presente curso escolar, el Gobierno francés ya impulsó un programa piloto llamado «pausa digital» en un centenar de institutos repartidos por todo el país
Francia se prepara para reforzar su cruzada contra el uso de teléfonos móviles en los colegios de secundaria. A partir de septiembre de 2025, los estudiantes de entre 11 y 15 años estarán obligados a depositar sus dispositivos en taquillas o en bolsas de seguridad selladas al llegar al centro educativo, impidiéndoles cualquier acceso durante toda la jornada escolar.
Aunque desde 2018 el uso de móviles estaba prohibido en los centros escolares franceses —tanto en clase como en los recreos—, las autoridades educativas han detectado que esta medida no ha sido suficiente para erradicar completamente su presencia en el día a día de los alumnos. Hasta ahora, los dispositivos debían permanecer apagados y guardados en las mochilas, pero la realidad mostró que seguían utilizándose de manera discreta. Ahora, el Ejecutivo galo quiere cerrar cualquier resquicio que permita a los adolescentes mantener contacto con sus teléfonos durante el horario escolar.
La ministra de Educación francesa, Élisabeth Borne, fue la encargada de anunciar en el Senado este endurecimiento de la normativa. Según sus palabras, el abuso de las pantallas es un problema de primer orden, tanto por su impacto en la concentración de los estudiantes como por su efecto en la salud mental. «En un momento en que el uso de las pantallas es ampliamente cuestionado debido a sus numerosos efectos nocivos, esta medida se vuelve indispensable para el bienestar y el éxito académico de nuestros jóvenes», afirmó.
La nueva normativa no se impondrá de forma homogénea: cada centro tendrá autonomía para decidir si opta por taquillas individuales o por bolsas selladas electrónicamente para almacenar los móviles. En cualquier caso, la idea es clara: los teléfonos deberán quedar completamente inaccesibles para los alumnos desde su entrada hasta su salida del recinto. El coste estimado para aplicar esta medida oscila en «unos pocos miles de euros» por escuela, una inversión que el Gobierno considera asumible dada la importancia de garantizar un entorno educativo libre de distracciones.
Esta decisión no surge de la nada. Durante el presente curso escolar, el Gobierno francés impulsó un programa piloto llamado «pausa digital» en un centenar de institutos repartidos por todo el país. En este experimento, aproximadamente 50.000 estudiantes participaron entregando sus teléfonos móviles al comenzar el día. Los dispositivos se almacenaban en taquillas especiales o en bolsas de seguridad selladas electrónicamente, que únicamente podían abrirse al finalizar las clases. La experiencia ha sido calificada como un éxito: se observó una mejora significativa en la convivencia entre los estudiantes, un aumento en la atención en el aula y una notable reducción de episodios de acoso escolar relacionados con el uso de redes sociales. Además, tanto el profesorado como las familias han respaldado masivamente la medida.
El Gobierno de Emmanuel Macron lleva meses mostrando preocupación por el impacto de las tecnologías en los más jóvenes. Varios informes recientes advierten sobre la relación entre el uso excesivo de móviles, los problemas de salud mental y el descenso del rendimiento escolar. En paralelo, Francia también estudia nuevas regulaciones sobre las redes sociales, proponiendo incluso la necesidad de obtener un permiso parental para que los menores puedan abrir cuentas en plataformas como Instagram o TikTok.
La medida de prohibir totalmente el acceso al móvil durante la jornada escolar busca, en última instancia, proteger el tiempo de concentración, favorecer las relaciones sociales presenciales y prevenir la exposición a contenidos inapropiados o a fenómenos como la adicción digital.
Mientras otros países europeos observan con atención esta iniciativa, Francia se posiciona como uno de los referentes en la batalla por limitar el uso de los dispositivos móviles en entornos educativos. Si la medida demuestra los beneficios esperados a gran escala, podría servir de modelo para futuras regulaciones en otros sistemas escolares.
