¿Por qué a la izquierda le molestan los centros de educación especial?
De los más de ocho millones de alumnos que iniciaban sus clases la pasada semana, alrededor de 290.000 presentan necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad o trastorno grave
El pasado martes, el Congreso de los Diputados vivió un encendido debate sobre el controvertido sistema de escolarización de aquellos alumnos que requieren lo que se denomina «necesidades educativas especiales». Bajo este epígrafe se incluyen tanto alumnos con algún tipo de discapacidad física o intelectual, como aquellos con trastornos graves de comunicación o conducta, trastorno del espectro autista e incluso multidiscapacidad.
De los más de ocho millones de alumnos que iniciaban sus clases la pasada semana, alrededor de 290.000 presentan necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad o trastorno grave. De ellos, aproximadamente un 15 % cursa «Educación Especial Específica»; el resto está escolarizado en centros ordinarios. No es, desde luego, una cifra menor.
En este contexto, y en defensa de las libertades educativas que siempre han formado parte de su ideario político –convencido además de que la verdadera igualdad de oportunidades solo se alcanza protegiendo al más débil–, el Grupo Parlamentario Popular presentó a debate, mediante un Proyecto de Ley, una nueva redacción del artículo 74 de la actual LOMLOE, así como la derogación de su Disposición Adicional Cuarta. Esta disposición generó una fuerte contestación social en su momento por su intención, aún vigente, de transformar los centros de educación especial en meros centros de asesoramiento o referencia, trasladando a todos los alumnos a centros ordinarios. Muchos recordarán la gran movilización social que se opuso a aquella reforma, aprobada por el Gobierno de Sánchez en plena pandemia, con nocturnidad y sin escuchar a las familias afectadas, imponiendo una vez más su estilo sectario.
Cinco años después de la aprobación de la LOMLOE, la amenaza sigue latente y se refleja en cada actuación de este Gobierno, que, aferrado a la omnipresente «inclusividad», persigue imponer su gran objetivo: que sea el Estado, y no las familias, quien decida el centro, el modelo y la educación de cada hijo. La izquierda más radical no oculta su aspiración de imponer un sistema único, público y laico, apartando a las familias de los derechos que la Constitución les reconoce en el artículo 27, sustituyéndolos por un Estado extralimitado en sus funciones, capaz de adoctrinar en las aulas y de asegurar el pensamiento único en los alumnos.
Prueba de ello es que la ley educativa se atreve a establecer que, en caso de discrepancia entre familias y administración sobre la escolarización, solo se tendrá en cuenta «la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo». Es decir: si la opinión de los padres coincide con la del Gobierno socialista, se les escuchará; si no, será la administración quien decida por ellos. Nunca antes una ley educativa había sobrepasado con tanta claridad esos límites.
No es sino un paso más en la lógica del modelo socialista. La calidad, la libertad, la equidad y la igualdad de oportunidades difícilmente encajan en su propuesta educativa. Basta observar que España sigue encabezando las tasas de abandono escolar temprano en Europa. Este igualitarismo falso, que niega la singularidad de cada alumno, impide reconocer que sus intereses, aptitudes y capacidades son únicos. Solo desde una enseñanza personalizada y especializada podrá cada estudiante alcanzar su máximo potencial.
Paradójicamente, el mismo modelo que ha rebajado la exigencia hasta permitir que alumnos de la ESO obtengan el título sin alcanzar los objetivos mínimos, penaliza a los alumnos con discapacidad que optan por la educación especial. Mientras que en los centros ordinarios pueden titular con todas las adaptaciones necesarias, en los centros específicos de educación especial no. Además, se les niega la posibilidad de permanecer en estos centros más allá de los 21 años para adquirir competencias profesionales que faciliten su inserción laboral.
La obsesión del socialismo contra los centros de educación especial ha llevado incluso al portavoz socialista en el Congreso a calificarlos de «guetos». Pensar que una familia no busca para su hijo con discapacidad el mejor centro y la mejor atención posible resulta, sencillamente, miserable.
