Giorgia Meloni, primer ministro de Italia, en un encuentro europeo en Dinamarca
Meloni maniobra para que los padres puedan elegir si sus hijos reciben educación sexual en el colegio o no
Este proyecto de ley recibió el respaldo de la asociación Pro Vita y Familia, que entregó más de 50.000 firmas a favor del proyecto
La Cámara de Diputados italiana inició este lunes el debate sobre un proyecto de ley que plantea la obligación de obtener el consentimiento previo de los padres para que sus hijos reciban educación sexual en centros educativos a partir de los 11 años.
El proyecto, que ha sido objeto de negociaciones en los últimos meses, se discutió por primera vez este lunes en sesión plenaria, donde la Liga presentó una enmienda para modificar el texto.
En concreto, la enmienda abre la puerta a «actividades didácticas y proyectos» relacionados con la sexualidad también en las escuelas secundarias de primer grado (para niños de entre 11 y 15 años), pero siempre que los padres lo autoricen previamente y tras haber recibido información detallada sobre los contenidos y materiales didácticos que recibirán sus hijos.
De ser aprobada la modificación, la ley permitiría a las escuelas secundarias de primer y segundo grado ofrecer educación sexual, mientras que en la educación infantil y primaria seguiría prohibida.
El diputado y portavoz de la Liga, Rossano Sasso, aseguró que la medida busca «aportar claridad» y evitar lo que consideró «distorsiones ideológicas».
«En los últimos meses, la oposición ha denunciado una deriva oscurantista, pero la realidad es que el PD (Partido Demócrata), el M5S (Movimiento 5 estrellas) y el componente de extrema izquierda de las asociaciones LGBT no toleran la libertad de elección educativa de las familias», escribió Sasso en su cuenta de Instagram.
El portavoz destacó que la enmienda no elimina la educación sexual, sino que refuerza la enseñanza de temas como las infecciones de transmisión sexual, los órganos reproductivos y la prevención de embarazos no deseados, siguiendo las directrices nacionales.
«Nunca más activistas trans, drag queens o personas sin competencias pedagógicas en primaria hablando de fluidez sexual, identidad de género o útero de alquiler», añadió Sasso.
Este proyecto de ley recibió el respaldo de la asociación Pro Vita y Familia, que entregó más de 50.000 firmas a favor del proyecto y criticó a la izquierda y a asociaciones LGBT por «pasar por encima de los derechos de los padres» e intentar «imponer esquemas ideológicos».
