Así es el decreto de universidades que critican hasta tres ministerios y que Ayuso ha llevado ante el Supremo

El pasado 7 de octubre, el Consejo de Ministros dio luz verde a la aprobación del Real Decreto que modifica el Real Decreto 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios. Este reglamento, que pone coto a la creación de universidades privadas en nuestro país, ha sido recurrido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante el Tribunal Supremo al considerarlo «arbitrario» y por «vulnerar» las competencias autonómicas.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades decidió a última hora flexibilizar el decreto que aprobó tramitar de urgencia hace más de seis meses tras recibir el pasado 11 de septiembre el informe del Consejo de Estado. Para contar con el visto bueno de este organismo, el Departamento que dirige Diana Morant asumió sus dos observaciones esenciales.

De este modo, el Ministerio eliminó la exigencia de experiencia en gestión universitaria de la entidad promotora. No obstante, el equipo directivo de la universidad sí deberá contar con experiencia de gestión universitaria.

Además, cuando el proyecto de universidad presente la memoria para su evaluación, deberá reflejar quién es el primer equipo que supuestamente liderará la institución, con el objetivo de que tenga solvencia.

Por otro lado, el Consejo de Estado reflejó que el informe de la Conferencia General de Política Universitaria para que las nuevas universidades amplíen su oferta de títulos no podía ser vinculante. Con la modificación del decreto, la ampliación de títulos universitarios deberá pasar por la Conferencia General de Política Universitaria, pero no será vinculante.

Críticas del Consejo de Estado

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 11 de septiembre de 2025, emitió un informe en el que cuestionaba algunos puntos del reglamento.

Después de recopilar documentos de diferentes organismos, el Consejo de Estado criticó, en primer lugar, que a pesar de haberse celebrado el trámite de audiencia e información pública, el decreto no pasó por consulta pública previa. Asimismo, afeó que la alternativa normativa adecuada habría sido «la elaboración de un nuevo real decreto» en vez de modificar uno ya existente.

El informe prosigue criticando la memoria de la norma, de la que destaca que «carece de una valoración específica de impacto presupuestario que tendrá en las universidades, las comunidades autónomas y el propio Estado». En línea con esto anterior, el Consejo de Estado aseguró en el documento que la valoración presupuestaria es «parca y, desde luego, insuficiente», por lo que instaron al Ejecutivo a «analizar el impacto económico de forma más precisa».

Asimismo, respecto a que se exija a los promotores de nuevas universidades experiencia previa en este campo, el Consejo de Estado consideró que «es desproporcionada la exigencia de la acreditación de esa experiencia a las personas físicas o jurídicas que promueven la universidad, requisito que solo se impone a universidades privadas», afeó. A renglón seguido, estimó que la experiencia previa de los promotores «no guarda necesariamente relación con la calidad del proyecto universitario», finalidad última de la norma defendida por el Gobierno.

Críticas de los Ministerios

En primer lugar, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que lidera Carlos Cuerpo, a pesar de valorar de manera favorable el proyecto, señaló que algunas de las novedades que se introdujeron en el régimen jurídico de las universidades, como el requisito de 4.500 alumnos matriculados, la exigencia de disponer plazas de alojamiento o la experiencia previa en gestión universitaria, son «requisitos que no necesariamente están vinculados con la calidad de la enseñanza o formación impartida».

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz afirmó que el nuevo reglamento de universidades de su Gobierno «cuestiona la idoneidad» de la exigencia de que en las universidades con docencia exclusiva o mayoritaria no presencial el 75 % del personal docente e investigador resida en España o en la UE. En concreto, Trabajo consideró que este hecho «podría contravenir las libertades de circulación y residencia de los trabajadores europeos».

Asimismo, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, liderado por el también socialista Óscar López, denegó la aprobación previa del Proyecto, ya que consideraba que «debe reformularse la valoración de las cargas administrativas que contiene la memoria analizada».

Entre otros extremos, el informe elaborado por esta cartera indicaba, en relación con la introducción de informes vinculantes para la apertura de nuevas universidades, que «existe una reserva de ley para la introducción de este tipo de informes en los procedimientos, debiendo indicarse en qué norma legal se ampara la novedad del Proyecto».