La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros
Las críticas del Consejo de Estado obligan al Gobierno a modificar el decreto de universidades
Elimina la exigencia de que la entidad promotora tenga experiencia universitaria pero mantiene que la tenga el equipo directivo
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que modifica el real decreto 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha flexibilizado el decreto que aprobó tramitar de urgencia hace más de seis meses tras recibir el pasado 11 de septiembre el informe del Consejo de Estado. Para contar con el visto bueno del Consejo de Estado, el Departamento que dirige Diana Morant ha asumido las dos observaciones esenciales del organismo.
De este modo, el Ministerio ha eliminado la exigencia de experiencia en gestión universitaria de la entidad promotora. No obstante, el equipo directivo de la universidad sí deberá contar con experiencia de gestión universitaria.
Cuando el proyecto de universidad presente la memoria para su evaluación, deberá reflejar quién es el primer equipo que supuestamente liderará la institución, con el objetivo de que tenga solvencia.
Por otro lado, el Consejo de Estado reflejó que el informe de la Conferencia General de Política Universitaria para que las nuevas universidades amplíen su oferta de títulos no podía ser vinculante. Con la modificación del decreto, la ampliación de títulos universitarios deberá pasar por la Conferencia General de Política Universitaria pero no será vinculante.
Las críticas del Consejo de Estado
La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 11 de septiembre de 2025, emitió un informe en el que cuestiona algunos puntos del nuevo reglamento de universidades que está preparando el Ministerio de Universidades.
Después de recopilar documentos de diferentes organismos, el Consejo de Estado critica, en primer lugar, que a pesar de haberse celebrado el trámite de audiencia e información pública, el decreto no ha pasado por consulta pública previa. Asimismo, afea que la alternativa normativa adecuada habría sido «la elaboración de un nuevo real decreto» en vez de modificar uno ya existente.
El informe prosigue criticando la memoria de la norma, de la que destaca que «carece de una valoración específica de impacto presupuestario que tendrá en las universidades, las comunidades autónomas y el propio Estado». En línea con esto anterior, el Consejo de Estado asegura que la valoración presupuestaria es «parca y, desde luego, insuficiente», por lo que instan al Ejecutivo a «analizar el impacto económico de forma más precisa».
Asimismo, respecto a que se exija a los promotores de nuevas universidades experiencia previa en este campo, el Consejo de Estado considera que «es desproporcionada la exigencia de la acreditación de esa experiencia a las personas físicas o jurídicas que promueven la universidad, requisito que solo se impone a universidades privadas», afea. A renglón seguido, estima que la experiencia previa de los promotores «no guarda necesariamente relación con la calidad del proyecto universitario», finalidad última de la norma defendida por el Gobierno.
