El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Marruecos
El líder de la ONG islámica que Sánchez financia ha estado investigado por colaborar con Al-Qaeda
Según el auto de la Audiencia Nacional, «está directamente probada la financiación» por parte de Mohamad Aidman Adbli a entidades con una fuerte vinculación al terrorismo sirio
El Gobierno que lidera Pedro Sánchez ha regado con casi 2 millones de euros en los últimos años a la Comisión Islámica de España, entidad presidida por Mohamad Aidman Adbli, quien ha estado recientemente investigado por sus presuntos vínculos con milicias yihadistas sirias relacionadas con la filial siria de Al Qaeda y la organización Hermanos Musulmanes.
Según ha podido comprobar este medio en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSA), organismo dependiente de la Vicepresidencia primera del Gobierno y del Ministerio de Hacienda, esta entidad islámica comenzó a recibir dinero de las arcas públicas en el año 2021, con Sánchez ya en el poder, y a través de una orden directa del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. En total, desde ese año la Comisión Islámica suma más de 1,7 millones de euros en subvenciones sin contraprestación.
A pesar de que este pasado 3 de diciembre el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña archivó por falta de «indicios suficientes» la causa contra el presidente de la Comisión Islámica en España, «está directamente probada la financiación» al Consejo de Socorro de Damasco Rural y posteriormente a la ONG Al Bashaer, ambas con una fuerte vinculación al terrorismo sirio.
Esto es así, abunda el auto, porque, según los informes policiales y de Europol, «la evolución y complejidad» de la situación en Siria no permite concluir que el dinero enviado no fuera por motivación humanitaria y que la fundación Al Basahaer fuera conocida por un pretendido carácter yihadista.
De tal modo quedan exonerados de esta causa, entre otros, el presidente de la Comisión Islámica y su tesorero; el que fuera imán de Badajoz Adel Najjar, o el sirio Ghasoub Alabrash Ghalyoun, que en su día fue absuelto de integrar una célula de Al Qaeda en España vinculada a los atentados del 11-S, liderada por Imad Eddin Barakat Yarkas, Abu Dahdah.
Todo ello, pese a que existe «prueba directa», a través del análisis de cuentas bancarias, cartas de agradecimiento o mensajes intervenidos a los investigados, que acreditan «sin duda la realidad de las aportaciones efectuadas desde España a la ONG investigada».
Además, «la minuciosa y elaborada documentación y análisis remitida por la Comisaría General de Investigación ha permitido aportar al procedimiento los indicios de la presunta utilización de los fondos en la financiación del terrorismo y el conocimiento que tendrían los investigados de ese hecho», observa el juez.
Sin embargo, según apunta, esos indicios no son suficientes para proseguir el procedimiento ni para que el Ministerio Fiscal, como indica en su dictamen, formule escrito de acusación.
Los detalles de la investigación
La investigación comenzó en octubre de 2019 en relación con una presunta financiación del terrorismo en Siria por parte de Mohamed Hatem Rohaibani y Aiman Albi, ambos miembros de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), así como de determinadas entidades islámicas que tenían «como nexo común estar ligadas a la Mezquita Central de Madrid o de Abu Bakr», relata el auto.
En marzo de 2021, fueron hallados en algunos de los dispositivos electrónicos y documentos intervenidos en distintos registros, esencialmente en la carnicería del centro cultural islámico Abu Bakr; en el domicilio de la familia Kutayni y en el domicilio de Galeb Kalaje, indicios de la recaudación «bajo una supuesta campaña de ayuda humanitaria» de envío de fondos a Siria a través de la citada ONG.
Se descubrió así que Mohamed Hatem Rohaibani escribiría a su hermano Fares Kutayni sobre la llegada de fondos a Siria a instancias de la asociación Bashaer, y también la existencia de cartas de agradecimiento a la comunidad islámica en España por el envío de los fondos.
También se determinó que los dos referidos miembros de la UCIDE firmaron un acuerdo de colaboración con la citada ONG en marzo de 2013, y si bien conocían que los envíos de dinero llegaban a manos de milicias yihadistas, según los agradecimientos que hizo, entre otros, un destacado miembro del grupo yihadista Jaysh Al Islam, no consta que participaran en esas campañas de donación con la finalidad de financiar actividades terroristas.