La ley Celaá es contraria a los centros de educación especial y concertada
El PP insta al Gobierno a modificar la LOMLOE para mantener los centros de educación especial
La iniciativa insta al Gobierno a modificar la Ley de Educación (LOMLOE) «para asegurar que los centros de educación especial mantengan su función de escolarización»
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley relativa a garantizar el derecho a la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, insta al Gobierno a modificar la Ley de Educación (LOMLOE) «para asegurar que los centros de educación especial mantengan su función de escolarización».
En la misma línea, exige establecer en la ley que la educación inclusiva «será aquella que mejor se adecúe a la situación individual del alumno, con el fin de garantizar el máximo desarrollo posible de sus capacidades y su inclusión efectiva en la sociedad».
El PP también quiere que se establezca expresamente que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros sostenidos con fondos públicos «tiene como finalidad el máximo desarrollo personal del alumno, y su inclusión en la sociedad, mediante una enseñanza de calidad».
Asimismo, reclama que los alumnos con necesidades educativas especiales «sean escolarizados en función de sus necesidades, innovando, flexibilizando y diversificando la organización de los espacios, las alternativas metodológicas y las modalidades de escolarización en centros ordinarios, en centros de educación especial, en escolarización combinada o en aulas específicas, a fin de personalizar y mejorar la atención educativa a las necesidades de cada alumno».
Para el PP, la inclusión educativa «no puede identificarse con una única modalidad organizativa, sino con aquella que, tras la correspondiente valoración técnica, permita alcanzar el máximo desarrollo personal del alumno y su inclusión efectiva en la sociedad».
Por ello, cree conveniente garantizar el derecho a la educación de estos alumnos, con énfasis en garantizar la función estructural de los centros de educación especial; regular expresamente la permanencia al menos hasta los 21 años; priorizar la participación efectiva de las familias en la escolarización; impulsar la atención temprana como elemento preventivo esencial; y garantizar un marco de financiación adecuado y suficiente.
