¿Dónde reside la formación en valores?

El pasado día 8 de junio, Su Santidad el Papa León XIV pronunció ante las Cortes Generales reunidas en sesión conjunta en el Congreso de los Diputados, un discurso de fortaleza extraordinaria. Un legado cuya profundidad interpela al conjunto de la sociedad pero muy especialmente a quienes desempeñando responsabilidades políticas, católicos o no, asumimos ante los ciudadanos el importante deber de actuar conforme a una serie de principios y valores, siempre en la búsqueda del bien común, centrando cada uno de ellos en la vida, en la persona, en su dignidad y sobre todo en la conciencia de que detrás de cada una de las leyes aprobadas reside el modelo de sociedad que deseamos construir. En momentos especialmente convulsos para nuestro país, ante el desapego existente entre política y sociedad, el discurso del Santo Padre constituyó una bocanada de aire fresco capaz de abordar una de las grandes preguntas, por qué y para qué estamos aquí.

Los que desde hace años asumimos responsabilidades políticas sabemos que no hay ley cuyo impacto no influya en la sociedad. No hay decisión política inocua. Los ciudadanos del presente pero sobre todo los que en estos momentos pueblan nuestras aulas, aquellos que constituyen el futuro de nuestra sociedad están obligados a recibir la mejor formación posible, humana y académica, porque en una formación integral es imposible desligar la una de la otra. Como señala el Tribunal Constitucional la enseñanza es «la actividad encaminada de modo sistemático y con un mínimo de continuidad a la transmisión de un determinado cuerpo de conocimientos y valores». No es esta una cuestión baladí, de hecho en ella reside uno de los grandes debates que siempre alberga el ámbito educativo. ¿Es lo mismo hablar de educación y enseñanza o dicho de otra forma, se debe circunscribir el papel que ha de jugar la escuela a la transmisión de conocimientos y la familia a la transmisión de los valores? Señalaba el Santo Padre que «la familia será siempre la primera escuela de humanidad en la que se aprende, antes que en cualquier otro lugar, la gramática elemental de la convivencia: recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer». Sin duda. Pero tampoco es posible olvidar su referencia a la importancia que las instituciones educativas representan en esta tarea y al deseo de los padres de que sus hijos «aprendan a relacionarse, a pensar con espíritu crítico, y a adquirir valores sólidos». Familia y escuela, en estrecha colaboración, un binomio que el legislador –siempre con alguna excepción– se ha preocupado en garantizar a lo largo de la historia de nuestra democracia.

De hecho, durante décadas nuestro país ha transitado la senda de la pacífica convivencia donde el respeto al marco constitucional y los acuerdos con la Santa Sede del año 1979 han permitido la presencia de la formación religiosa en las aulas. Esta ha sido la opción mayoritaria elegida por las familias. No obstante, resulta imposible negar que esta situación ha variado en los últimos años. Durante el curso 2013-2014 la asignatura de religión era demandada en la enseñanza obligatoria por el 62,3 % de las familias.

El pasado curso académico 2024-2025 esa demanda había descendido hasta el 56,06 % del total. Resulta muy interesante poder analizar en profundidad las causas que han llevado a esta situación, absolutamente contradictoria por otra parte con un significativo repunte de la presencia de la fe católica entre los más jóvenes. Basta, no obstante, con hacer un breve recorrido legislativo para poder observar que esa «pacífica convivencia» anteriormente referida ha sufrido algún que otro contratiempo a lo largo de los últimos años. Las leyes educativas socialistas, desde la Logse hasta la Lomloe actual, siempre han buscado la fórmula para que la asignatura de la enseñanza de la religión pudiese ir mermando su presencia en el aula. La realidad resulta clarificadora, cuando la obligatoriedad en la oferta de la asignatura de religión no tiene alternativa alguna más allá de tiempo libre para los alumnos, cuando se coloca en un tramo del horario lectivo al final de cada jornada o cuando ni siquiera se evalúa existe una clara invitación a no cursarla.

No es un hecho aislado ni algo casual. Responde a la intención que siempre ha buscado la izquierda en este país de alcanzar por la vía de los hechos un «laicismo» que no tiene cabida ni en la Constitución Española, el art. 16 que garantiza con toda claridad la libertad ideológica, religiosa y de culto también establece que «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones», ni en los acuerdos con la Santa Sede: «A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar…. Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla…».

Es decir, España como país que asienta sus raíces en el humanismo cristiano se define desde la Constitución de 1978 como estado «aconfesional» que no «laico».

No sería acertado pensar, no obstante, que la transmisión de principios y valores se alcanza exclusivamente a través de la asignatura de religión. Igual que tampoco resulta legítima la imposición de un laicismo que los españoles no votaron en 1978. La adquisición de principios y valores respetuosos con cada una de las personas, su libertad de religión y conciencia entre otros, han de impregnar el conjunto del sistema educativo. Desde la neutralidad ideológica, la aconfesionalidad y la libertad de enseñanza consagrada en la constitución. A ello contribuyen de forma decisiva los centros y la definición de su carácter propio… Pero ese es otro capítulo.