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26 de abril de 2024

Un médico sostiene la mano de un enfermo

Un médico sostiene la mano de un enfermoGTRES

Junta de Andalucía

El Gobierno andaluz pide la ratificación del testamento vital para las personas que solicitan la eutanasia

Según la Consejería de Salud andaluza se trata de «contar con garantías». Madrid planteó la misma medida, pero finalmente decidió no aplicarla 

La Junta de Andalucía ha decidido pedir una corroboración de intenciones a aquellas personas que quieran acogerse a la controvertida eutanasia aprobada sólo por siete países en todo el mundo. De esta manera, los andaluces que hubiesen manifestado sus intenciones de proceder a un suicidio asistido tendrán mayores «garantías jurídicas», tal y como explican fuentes de la Consejería de Salud del Gobierno autonómico a El Debate. El Gobierno de Juanma Moreno siempre se ha mostrado contrario al uso de la eutanasia. El propio presidente llegó a asegurar que se trataba de un «fracaso» y que es necesario mejorar los cuidados paliativos.
Los ciudadanos de Andalucía cuentan desde hace años con la denominada como declaración de voluntad vital anticipada. Dicho documento ampara la manifestación escrita realizada por una persona que, consciente y libremente, expresa las  instrucciones en materia sanitaria que deben respetarse en el caso de que concurran circunstancias clínicas en las cuales no pueda expresar personalmente su voluntad.
La entrada en vigor de la Ley de eutanasia supone un salto jurídico en el que la Junta quiere dar «pasos seguros». Por este motivo, el Gobierno andaluz pide a aquellos que quieran acceder a la muerte asistida, que presenten un nuevo escrito -esta vez bajo el amparo de esta ley- y expresen su voluntad.
La regulación autonómica diferencia dos circunstancias: la primera la de aquellas personas que hayan incluido en su documento de voluntad vital su intención de acogerse a la eutanasia antes de que se aprobase la ley regulatoria de la misma y, por el contrario, aquellos que lo hayan hecho con posterioridad.
El texto, que puede consultarse en la página web oficial de la Junta, explica que en aquellos casos en los que hubiese expresado dicha voluntad de acogerse a la eutanasia, antes de la publicación de esta ley, se deberá actualizar el documento de voluntades vitales anticipadas para hacer constar y actualizar dicha voluntad en tal sentido. Las razones son «puramente jurídicas», afirman las mismas fuentes que aseguran que no se trata de intentar poner trabas sino ofrecer unas garantías que eviten posibles problemas posteriores.
Por otro lado, los ciudadanos que hayan registrado la petición con posterioridad a la aprobación de la ley y que ya no se encuentren en pleno uso de sus facultades «para solicitar la prestación de forma libre, voluntaria y consciente, pero haya suscrito con anterioridad un documento de Voluntades Vitales Anticipadas en el que dejara constancia de su voluntad de acogerse a la eutanasia en determinadas situaciones», podrá disponer de otra persona mayor de edad para presentar la solicitud. También, en caso de que no exista ninguna persona que pueda registrarlo en nombre del paciente, el médico que lo trata podrá presentar la petición de eutanasia.

La objeción de conciencia

Este es otro de los asuntos que más preocupan a la Junta. El Gobierno andaluz quiere establecer un marco legal seguro para aquellos profesionales médicos que se presenten como objetores de conciencia. «Para nosotros esto también es una prioridad», afirman. La Ley establece que los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia, anticipadamente y por escrito. Para ello se ha creado un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir. «El registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal», apuntan en los documentos andaluces.

La importancia de los paliativos

Los cuidados paliativos se presentan como una de las alternativas para aquellas personas que padezcan enfermedades graves o incurables o un padecimiento grave. A finales del mes de septiembre, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos publicó un comunicado en el que pedía al Gobierno una mayor acción.
Concretamente, exigían que se retomase la estrategia en cuidados paliativos y se promulgue «una Ley de atención, garantías y cuidados al final de la vida que garantice la dignidad de las personas en el proceso de morir». Junto a ello, consideraron indispensable «el reconocimiento de los Cuidados Paliativos como una especialidad o superespecialidad dentro del Sistema Nacional de Salud».
La estructura actual de cuidados y atención a personas que se encuentran en esta situación es insuficiente para atender sus necesidades. «Es necesario un cambio en el modelo de atención sanitaria que favorezca el bienestar físico, emocional, social y espiritual de la persona enferma, que fomente su participación en las decisiones sobre su atención y que facilite a sus familiares el cuidado y acompañamiento mediante las ayudas necesarias», reclamaron desde SECP.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, opinó en una entrevista concedida a El Debate acerca de este aspecto. Ayuso asegura que su Gobierno está trabajando en mejorar los cuidados paliativos para que la eutanasia sea una última opción. «Desde la Comunidad de Madrid estamos trabajando para que haya los mejores cuidados paliativos y para que ninguna persona opte por otra decisión», declaró.
Lo cierto es que España aún tiene un largo camino que recorrer ya que, según recoge el Atlas Europeo de Cuidado Paliativos, el Estado español cuenta con 0,6 recursos específicos de cuidados paliativos por 100.000 habitantes.

Madrid modifica su web

La Comunidad de Madrid también incluía en su página web un párrafo en el que se especificaba la necesidad de ratificar su petición para proceder a la eutanasia. En el mismo se podía leer: «En aquellos casos en los que hubiese expresado la voluntad de solicitar la eutanasia en determinadas circunstancias, antes de la publicación de esta Ley, deberá actualizar el documento de Instrucciones Previas para hacer constar y actualizar dicha voluntad».
Este extracto ha sido eliminado hace apenas unos días de la web debido a que se trataba de un «error», tal y como han asegurado fuentes del Gobierno autonómico a El Debate.
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