¿Hacia un FBI español? La Seguridad del Estado y la descentralización política

El proceso de descentralización avanza a pasos agigantados y, entre los aspectos clave a tener en cuenta, uno especialmente polémico: la seguridad. ¿Hasta qué punto no es temerario dejar la seguridad en manos de aquellos que apuestan por la independencia de España?

Estos días, en una nueva «negociación» entre el Gobierno central y el catalán, se ha aprobado el aumento de la plantilla de los Mossos en un 20%, pasando de 18.267 a 22.000. Este aumento, obviamente, está visto con enorme recelo por los cuerpos de seguridad clásicos, es decir, por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Si echamos la vista atrás, ya durante el procès, la tensión entre cuerpos policiales con los mandos de los Mossos llegó a límites extremos. Nadie auguraba hasta dónde podía llegarse si se producía una desobediencia en masa por parte de la policía autonómica en aquellas fechas.

Fue una piedra de toque importante. Todos los analistas de seguridad e inteligencia han revisado minuto a minuto aquella situación para ver las gateras que el sistema deja abierto, para tapar las grietas. «Es que hubo un punto en que lo único que veíamos era ya una actuación militar», apunta uno de estos analistas con una visión quizá excesivamente catastrofista. «Y ahora les aumentamos un 20 % de la plantilla, a los mismos partidos que han estado detrás del procès», apuntan con temeridad destacados miembros de Policía y Guardia Civil. Otros, por el contrario, defienden la maniobra y consideran que es atrevida, pero que puede contribuir a integrar totalmente a los Mossos en la seguridad del Estado.

Acceso a bases de datos europeas

En el último acuerdo entre Ejecutivos se ha dado también el visto bueno a que la policía catalana sea considerada como parte de un estado miembro, con reconocimientos internacionales. Esta decisión le abre la puerta al uso policial de las bases de datos europeas. «¿No es prácticamente crear una policía diferente a la española?», se pregunta un sector de la seguridad del Estado, mientras otro defiende esta situación, ya que los Mossos participan en todos los órganos de coordinación con la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza, etc..

De nuevo, se pone sobre la mesa un eterno debate: ¿qué modelo policial queremos en España? Hasta ahora, parches y más parches. «Uno de los graves problemas es que todo, todo, se va decidiendo en clave política y poco, muy poco, en la esencial, la profesional», apunta otro de estos analistas.

Estos profesionales apuntan a dos focos de trabajo. El primero y más complicado, la cesión de competencias y medios a las policías autonómicas y, el segundo, –que suena a eterno– el reparto territorial de las mismas.

Policía Nacional, Guardia Civil y CNI

En el primer punto, el baremo es claro. Los que reflexionan en Policía Nacional, Guardia Civil e incluso Centro Nacional de Inteligencia entienden que debe haber una línea de actuación en todo el territorio nacional en el plano de la seguridad que conlleve, por supuesto, la presencia en todas las provincias de agentes que dependan del Gobierno central. 

Consideran que esta situación, en ningún caso, sotierra la labor de las policías autonómicas. Sin embargo, ven que los criterios políticos avanzan en un sentido literalmente contrario y denuncian que hay espacios geográficos donde la seguridad nacional está desapareciendo de forma paulatina para dar el sorpasso a una seguridad autonómica en manos de partidos que apuestan por la independencia. El problema lo centran en Cataluña, País Vasco y Navarra. Esta última es la que está sufriendo las últimas restricciones de estos cuerpos, con importantes recortes de la presencia –en esencia– de la Guardia Civil. A finales de año está previsto que la Guardia Civil de tráfico desaparezca de la comunidad foral y sus competencias sean asumidas por los forales.

En Cataluña, el despliegue de los Mossos es prácticamente integral; quedan zonas que empiezan a ser muy residuales para la Policía y la Guardia Civil. De hecho, una de las batallas más conocidas es la retirada de la Policía Nacional de sus emblemáticas dependencias en Barcelona (Vía Laietana). «Otra decisión puramente política», apuntan los más críticos con el reparto de la seguridad competencial en materia de seguridad.

Modelo federal de seguridad

Estos mismos se preguntan si el Estado pierde toda la seguridad en zonas con partidos rupturistas, ¿cómo se coordina la seguridad en todo el país? La conclusión a la que llegan es clara: en estos últimos meses se ha acelerado más aún la cesión a estas comunidades de ámbitos clave que afectan a la seguridad. Es el caso de las prisiones al País Vasco, en plena dinámica penitenciaria del Gobierno con los presos de ETA –acercamientos y terceros grados–. Para los analistas, ante esta situación, sería más fácil orquestar un modelo federal de seguridad, algo así como «un gran FBI». «Por lo menos podríamos trabajar de forma más coordinada si todas las comunidades tuvieran una situación parecida a la que ya existe», apuntan estos analistas que, no obstante, son absolutamente pesimistas ante una reconducción de competencias autonómicas.

Asimismo, el segundo gran debate que está sobre la mesa es la necesidad de reconducir la competencia territorial de la seguridad del Estado. «Seguimos con criterios territoriales que se han quedado obsoletos», apuntan. La Guardia Civil tenía la competencia en las áreas rurales y la Policía Nacional, las urbanas. Durante lustros, se ha producido un movimiento demográfico de los núcleos rurales a los urbanos que conlleva un desequilibrio de actuaciones. Pero nadie ha puesto pies en pared para estudiar con claridad un nuevo reparto territorial o unas nuevas condiciones.

Guerra oculta

Sin embargo, en una constante guerra oculta entre cuerpos, cada uno trata de ganarle terreno al otro, «un poco por la vía de los hechos, lo que provoca fuertes distensiones». Y es que el reparto de población ha variado mucho en los últimos años. Se debate y se habla, pero no se toman decisiones sobre una nueva redistribución competencial.

Hay quien habla de fusión: un gran cuerpo del Estado de guardias civiles y policías nacionales, una especie de FBI en todo el territorio nacional, dejando en las comunidades sus agentes autonómicos, con una limitación competencial. «Sería el hermano mayor al que todos deberían obedecer», apuntan estos especialistas. Pero hay un primer problema: la Guardia Civil es un cuerpo militar, tiene una doble dependencia de Defensa y de Interior, y la Policía es completamente civil. Habría que crear un nuevo cuerpo donde incluir a los dos estamentos actuales. Y un segundo: una parte importante de los analistas sostiene que la existencia de los dos cuerpos conlleva una importante competencia que beneficia claramente a la ciudadanía. «Uno siempre quiere ser más que el otro. Si la competencia es sana y sin trampas, es buena para el país».

Lo cierto es que la situación política y autonómica evidencia los costurones que existen en la seguridad del Estado, solucionados a base de las riñonadas de los grandes profesionales que integran los cuerpos. El pesimismo ante una posible solución es intangible.