04 de febrero de 2023

Dolores Delgado

Dolores Delgado, exministra de Justicia y actual fiscal general del Estado 

Ministerio Público 

Dolores Delgado usa a fiscales afines para responder a las acusaciones de Stampa

La titular del Ministerio Público busca apoyos para aplacar las sospechas que la señalan por, presuntamente, maniobrar contra el ascenso del exfiscal del caso Villarejo. Tendrá que dar explicaciones en el Pleno del Consejo Fiscal del próximo jueves 24

Dolores Delgado prepara el terreno para salir airosa del próximo Pleno del Consejo Fiscal en el que tendrá que dar explicaciones sobre el llamado «caso Stampa». La fiscal general del Estado se ha visto envuelta, una vez más, en una polémica vinculada con su posición al frente del Ministerio Público por presuntamente maniobrar para frustrar un ascenso del exfiscal del caso Villarejo o macrocausa Tándem, en la Audiencia Nacional, Ignacio Stampa. No en vano, Stampa ejercía la acusación en un asunto judicial vinculado a corrupción en el que el despacho profesional de Baltasar Garzón, pareja de Delgado, ejercía la defensa de varios imputados: el comisario Enrique García Castaño y el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino. Si el pasado día 15 de noviembre, como revelaba en primicia El Debate, la fiscal general contactaba telefónicamente con dos de los vocales electivos del Consejo Fiscal, los de mayor antigüedad, para comunicarles su «preocupación institucional» por las «gravísimas y difamatorias imputaciones» que han trascendido sobre el tema. Ahora, ha recurrido a sus afines en el seno de la carrera fiscal y del propio Consejo para responder, antes del Pleno, a una de las dos asociaciones profesionales que se han dirigido durísimamente a ella para exigirle información.
Así queda acreditado en una carta remitida por los vocales del Consejo Fiscal elegidos a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación de la que Delgado fue miembro, a la directiva de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), a la que ha tenido acceso en exclusiva El Debate. En dicho texto, la UPF contesta «a las preguntas que ustedes trasladan al Consejo Fiscal en carta dirigida a la propia carrera fiscal» de fecha 11 de noviembre de 2021, antes de la celebración del mismo.
«En primer lugar, nos gustaría comunicarle que, en modo alguno, como usted sostiene en su comunicado, el compañero Ignacio Stampa fue apartado del conocimiento de las Diligencias Previas 96/2017 del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional». Esto es, la instrucción del caso Villarejo.
«Este compañero se encontraba prestando servicio como fiscal en comisión de servicio hasta su vencimiento», recuerdan a la APIF desde la UPF. «En el Pleno del Consejo Fiscal de fecha de 27 de octubre de 2020, presentó su candidatura para la obtención de plaza en la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada donde no obtuvo ningún informe favorable para la misma».
«Como todos sabemos, las comisiones de servicio nunca aseguran la obtención de la titularidad de las plazas cuando estas salen a concurso. De hecho, en estos supuestos, numerosas compañeras y compañeros presentan sus candidaturas y aportan sus currículums vitae para que sean valorados en igualdad de condiciones con los que, no estando en comisión de servicios, también deciden presentar sus candidaturas», apuntan los fiscales afines a Delgado en su misiva. 

No saben, no contestan

Sin embargo, sobre las preguntas concretas que la APIF trasladó a Delgado, y a los miembros del Consejo Fiscal, sobre los motivos que llevaron a Stampa a ser apartado de su trabajo en el caso Villarejo, en la Audiencia Nacional, los  miembros de la UPF no saben, no contestan: «desconocemos su contenido pues carecemos de competencia para ello».
En el mismo sentido se pronuncian los fiscales próximos a Delgado en relación con las cuestiones más concretas «sobre las diligencias de investigación 32/2020 tramitadas por la Fiscalía de la Comunidad de Madrid», y archivadas, contra el fiscal Stampa como sospechoso de un presunto delito de revelación de secretos a la abogada de Podemos, Marta Flor, en una de las piezas contra la formación derivadas de la causa Villarejo, en la que Stampa era el fiscal encargado. «Como no puede ser de otra forma las y los vocales del Consejo Fiscal desconocemos su contenido por ser de carácter reservado y exceder de nuestra competencia como consejeros», aseguran desde la UPF. 
«Suponemos que sus preguntas están referidas a si alguno de los hechos» que apuntan a presuntas irregularidades instadas desde la cúpula de la Fiscalía General contra el exfiscal del caso Villarejo, «de los que desconocemos su certeza, pudieran haber tenido alguna relación con no haber apoyado la candidatura del compañero Ignacio Stampa para la plaza que solicitó en la Fiscalía Anticorrupción», plantean los vocales de la UPF en el Consejo. Versión que niegan. 

Ninguna cuestión ajena al mérito 

«Las y los fiscales de la lista por la Unión Progresista de Fiscales optamos por apoyar a los ocho fiscales que consideramos que tenían las mejores condiciones, en base a su mérito y capacidad, para el desempeño de sus funciones como fiscales de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. De ellos había seis que estaban en comisión de servicio y dos que no lo estaban», aseguran los afines a Delgado.
Y, para reforzar su argumento, aluden a otro de los fiscales apartado del mismo caso del excomisario Villarejo, compañero de Stampa, Miguel Serrano, al que sí aseguran que apoyaron en la misma solicitud de ascenso y confirmación de plaza y «cuya candidatura fue propuesta por la propia Fiscal General del Estado». «Este compañero contó con el apoyo de los vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales y del vocal nato Jefe de la Inspección, por lo que, todas las sospechas» sobre las presuntas irregularidades en el caso del fiscal Stampa, algunas de las cuales señalan a Dolores Delgado, como máxima responsable de la Fiscalía «quedan despejadas», sentencian desde la UPF. 
«Los vocales por la lista de la Asociación de Fiscales», a la que pertenecía el fiscal Stampa,«apoyaron a ocho fiscales», para las plazas vacantes, «de los cuales dos no estaban en ese momento en comisión de servicio en la Audiencia Nacional» señalan los fiscales más próximos a Delgado. Los vocales aseguran que hubo una plena coincidencia «en apoyar la candidatura del reconocido compañero Luis Rodríguez Sol, de trayectoria impecable y en no apoyar la candidatura de Ignacio Stampa».
Además, y en contra de las acusaciones que sostienen que Delgado no sólo prolongó el archivo del expediente de investigación abierto contra el fiscal Stampa, sino que ocultó dicho archivo a los vocales del Consejo, antes de la votación de las candidaturas para cubrir la plaza en Anticorrupción a la que él optaba, los fiscales más próximos a la fiscal general aseguran que el Fiscal Jefe Inspector «informó de manera concreta y expresa que todas las diligencias que se habían abierto en la Inspección Fiscal estaban archivadas, manifestando que las denuncias interpuestas no habían tenido recorrido». 
«Quedó claro desde el primer momento, y en eso no se planteó duda alguna. Este compañero concurrió en iguales condiciones que el resto de las candidaturas», concluyen. 
Por lo tanto, y a su juicio, «no se tomó en consideración para la votación de las plazas ninguna cuestión ajena al mérito y capacidad del total de las candidaturas presentadas». Hasta tal punto que «el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo se abstuvo para garantizar la absoluta imparcialidad de la votación», revelan desde la UPF. 
Fuentes próximas al Consejo Fiscal apuntan a El Debate cómo los argumentos expuestos por los miembros del Ministerio Público más próximos a Delgado han avanzado los que serán los puntos clave en las explicaciones de la propia fiscal general, ante el Pleno convocado el próximo jueves, sobre las presuntas «maniobras de dilación» instadas por Delgado, según denuncia el propio afectado, ahora en la Fiscalía de Madrid.
El Consejo Fiscal está conformado por un total de doce miembros entre los que se encuentran la fiscal general, Dolores Delgado, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos y la fiscal inspector jefe, María Antonia Sanz Gaite, como miembros natos. A los que se suman, nueve vocales procedentes de las asociaciones profesionales de fiscales, elegidos por sus propios compañeros de carrera. En este momento la Asociación de Fiscales (AF) mantiene una mayoría de cinco a cuatro frente a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de la que fue miembro la propia Delgado. 
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