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28 de marzo de 2024

Dolores Delgado

Dolores DelgadoEFE

Fiscalía General del Estado 

Delgado cita al fiscal jefe Anticorrupción en el Pleno del Consejo Fiscal sobre la salida del fiscal Stampa

El exjefe de Stampa en el seno de la Fiscalía, Alejandro Luzón, dará cuenta de los datos de que dispone sobre el fiscal del caso Villarejo que fue apartado de la causa, acusado de filtrar información sensible a Podemos pese a que las investigaciones fueron archivadas

El Consejo Fiscal convocado este miércoles por Dolores Delgado, someterá al Pleno las acusaciones que la señalan como última responsable de la salida del fiscal Ignacio Stampa del caso Villarejo. Tras nueve meses de una exhaustiva investigación, en la que Stampa quedó exonerado de la más mínima irregularidad en sus actuaciones, el fiscal apuntaba a Delgado por retrasar de forma consciente su «absoluta inocencia» para frustrar, presuntamente, su acceso a una plaza en Anticorrupción que, hasta entonces, venía ocupando en comisión de servicio. Ahora, el que fuera su jefe en el seno de la institución, Alejandro Luzón, será llamado para aportar ante los doce miembros del Consejo los datos de los que dispone en relación al asunto. 
La propia Delgado incluyó en el orden del día de este Pleno el tratamiento de la cuestión Stampa cercada por las exigencias de los miembros de la carrera fiscal que exigen explicaciones. 
No en vano, la fiscal general remitió el pasado martes un correo electrónico a los miembros del Consejo Fiscal, y llamó a los dos vocales más antiguos, para informarles de que en la reunión del órgano que tendrá lugar este miércoles 24 de noviembre, se incorporaría un punto específico en el orden del día para recabar información sobre las «gravísimas y difamatorias imputaciones» sobre ella para concluir las razones que llevaron a descartar el nombramiento del que era fiscal del caso 'Villarejo', para una plaza concreta. 
No en vano los fiscales consideran que, de ser cierto todo lo expuesto, el asunto «es de la máxima gravedad», y que por ello, «el Consejo Fiscal debe someter a debate un hecho que ha tenido una repercusión inmediata en un caso muy serio de corrupción política y policial, produciendo además un perjuicio directo a un fiscal» que ha visto «cómo todas las causas abiertas contra él (administrativas y penales) han terminado archivadas».
Así lo exponían los miembros de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) en una comunicación remitida al Consejo Fiscal en la que sostuvieron que «el asunto está presuntamente plagado de irregularidades y que causa un daño muy grave a la institución», y en la que solicitaron al órgano que respondiese a varias de las cuestiones más sangrantes en las informaciones que han trascendido sobre el tema. 
En el mismo sentido se ha pronunciado la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en el seno del Consejo con 5 vocales elegidos de entre sus miembros. 

Mérito y capacidad

En una durísima carta remitida a sus compañeros de la Asociación Española de Fiscales el miembro del Ministerio Público se dirigió sin tapujos a la fiscal general del Estado, de nuevo en el punto de mira, por esconder «a toda la opinión pública el archivo de los múltiples procedimientos» abiertos contra él. Y ello, pese a la alarma social que se provocó respecto de la actuación de dos miembros de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, el propio Stampa y uno de sus compañeros, en el marco del «despacho de un procedimiento judicial singular» pese a los intentos del fiscal para exigir que se le protegiera.
Por su parte, los que fueran compañeros de la fiscal general Delgado en la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han salido en defensa de la fiscal general del Estado tras verse envuelta, una vez más, en una agria polémica vinculada con su posición al frente del Ministerio Público por presuntamente maniobrar para frustrar un ascenso del exfiscal del caso Villarejo o macrocausa Tándem, en la Audiencia Nacional, Ignacio Stampa. El fiscal Stampa ejercía la acusación en un asunto judicial vinculado a corrupción en el que el despacho profesional de Baltasar Garzón, pareja de Delgado, ejercía la defensa de varios imputados: el comisario Enrique García Castaño y el ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino. Los miembros más afines en el seno de la carrera y del propio Consejo respondían, antes del Pleno, a una de las dos asociaciones profesionales que se han dirigido durísimamente a ella para exigirle información.
«Las y los fiscales de la lista por la Unión Progresista de Fiscales optamos por apoyar a los ocho fiscales que consideramos que tenían las mejores condiciones, en base a su mérito y capacidad, para el desempeño de sus funciones como fiscales de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. De ellos había seis que estaban en comisión de servicio y dos que no lo estaban», aseguran los afines a Delgado.
Y, para reforzar su argumento, aluden a otro de los fiscales apartado del mismo caso del excomisario Villarejo, compañero de Stampa, Miguel Serrano, al que sí aseguran que apoyaron en la misma solicitud de ascenso y confirmación de plaza y «cuya candidatura fue propuesta por la propia Fiscal General del Estado». «Este compañero contó con el apoyo de los vocales de la lista de la Unión Progresista de Fiscales y del vocal nato Jefe de la Inspección, por lo que, todas las sospechas» sobre las presuntas irregularidades en el caso del fiscal Stampa, algunas de las cuales señalan a Dolores Delgado, como máxima responsable de la Fiscalía «quedan despejadas», sentencian desde la UPF.
«Los vocales por la lista de la Asociación de Fiscales», a la que pertenecía el fiscal Stampa,«apoyaron a ocho fiscales», para las plazas vacantes, «de los cuales dos no estaban en ese momento en comisión de servicio en la Audiencia Nacional» señalan los fiscales más próximos a Delgado. Los vocales aseguran que hubo una plena coincidencia «en apoyar la candidatura del reconocido compañero Luis Rodríguez Sol, de trayectoria impecable y en no apoyar la candidatura de Ignacio Stampa». Por lo tanto, y a su juicio, «no se tomó en consideración para la votación de las plazas ninguna cuestión ajena al mérito y capacidad del total de las candidaturas presentadas». Hasta tal punto que «el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo se abstuvo para garantizar la absoluta imparcialidad de la votación», revelan desde la UPF.
Fuentes próximas al Consejo Fiscal han apuntado a El Debate cómo los argumentos expuestos por los miembros del Ministerio Público más próximos a Delgado han avanzado los que serán los puntos clave en las explicaciones de la propia fiscal general, ante el Pleno convocado el próximo jueves, sobre las presuntas «maniobras de dilación» instadas por Delgado, según denuncia el propio afectado, ahora en la Fiscalía de Madrid.
El Consejo Fiscal está conformado por un total de doce miembros entre los que se encuentran la fiscal general, Dolores Delgado, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos y el fiscal inspector jefe, como miembros natos. A los que se suman, nueve vocales procedentes de las asociaciones profesionales de fiscales, elegidos por sus propios compañeros de carrera. En este momento la Asociación de Fiscales (AF) mantiene una mayoría de cinco a cuatro frente a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de la que fue miembro la propia Delgado.
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