La presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs
Cataluña
La Fiscalía dice que llamar «víctimas de la represión» a los líderes del 1-O entra en la «normalidad» política
El Departamento que dirige Dolores Delgado ha archivado la denuncia de un ciudadano contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, y contra la propia institución por delitos de odio
Una vuelta de tuerca más en el blanqueamiento del Gobierno de Pedro Sánchez a los líderes del procés. A los indultos concedidos por el Ejecutivo socialista a los políticos catalanes al frente del referéndum inconstitucional del 1-O y a la decisión de la Abogacía del Estado de retirarse del procedimiento que sigue el Tribunal de Cuentas contra la malversación separatista, hay que sumar una polémica más. La Fiscalía catalana ha archivado la denuncia por delitos de odio presentada por un particular, el pasado mes de septiembre, contra la presidenta del Parlamento autonómico, Laura Borràs, y la institución como tal por varios mensajes publicados en las cuentas oficiales de la red social Twitter.
El Ministerio Público ha considerado que «utilizar expresiones como 'víctimas de la represión'», para referirse a Oriol Junqueras y al resto de los condenados por sedición y malversación; o, llamar «causa general contra el independentismo» al juicio del procés que se celebró en en el Supremo, «se inserta dentro de la más absoluta normalidad del discurso político que se viene manteniendo por determinados sectores de la política catalana en los últimos años» sin que «ello desborde los límites del derecho a la libertad de expresión, el cual se halla además especialmente reforzado en materia de ejercicio de la acción política por representantes electos en instituciones públicas».
Así lo ha hecho constar la Fiscalía Superior de Cataluña, en Barcelona, en una resolución de 27 de diciembre a la que ha tenido acceso El Debate. «Se trata en cualquier caso de actos propios del poder legislativo emanados dentro de sus propias competencias sin desbordar los límites de la legalidad y que no hacen sino reflejar el régimen de mayorías parlamentarias vigente atendida la actual composición de la Cámara, conforme a los cuales se considera oportuno conceder un galardón a determinadas personas o colectivos, todo ello sin que corresponda al Fiscal supervisar o tutorizar dichos actos, los cuales deben ser contradichos o controvertidos por la acción política en sede parlamentaria de quienes se dicen contrarios a los mismos», ha contestado el representante del Ministerio Público para zanjar la denuncia.
De fondo, la polémica concesión de la medalla de Honor, categoría de oro, del Parlamento de Cataluña a políticos sediciosos, a condenados por desórdenes y agresiones a policías o a personajes como Artur Mas, Andreu Mas-Colell o los altos cargos de la Generalidad procesados en el Tribunal de Cuentas por la malversación de caudales públicos en propaganda separatista en el extranjero.
Además, el fiscal superior, Francisco Bañeres Santos, argumenta que «no se desprende de las expresiones utilizadas», que recogió la denuncia ahora archivada, «la existencia de conducta alguna tendente al fomento, promoción o incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia con relación a persona o grupo alguno por razón de su ideología», pese a que los mensajes de apoyo público y la decisión de ensalzar con varias distinciones a los líderes del procés se producen, precisamente como consecuencia de la sensibilidad política en la que se ubican los galardonados.
@parlamentcat atorga la Medalla d'Honor al represaliats del procés i als col·lectius jurídics que els defensen pic.twitter.com/DozG8PQaAs— Parlament de Catalunya (@parlamentcat) September 2, 2021">
«No se advierte, en fin», en las afirmaciones de Borràs, «más allá de su sesgo partidista en favor de determinada opción política, ningún ánimo tendente a promover o favorecer un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra nadie determinado ni determinable, ni tampoco de generar contra ningún sujeto identificable un clima de humillación, desprestigio o descrédito», sostiene el fiscal para rechazar que los hechos denunciados sean merecedores de reproche penal.
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