Cartel de la campaña 'Cancelados', de la ACdP
España
El Ayuntamiento de Murcia también ordena retirar la campaña de la ACdP
El Consistorio gobernado por el PSOE ha exigido a la empresa concesionaria de la publicidad en las marquesinas de la ciudad la retirada de la cartelería provida de la Asociación Católica de Propagandistas
la última campaña provida de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), «Cancelados», será retirada también de las marquesinas de Murcia, tras los vetos sufridos en Gijón, Granada y Valencia.
Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de la ciudad gobernada por el PSOE en un comunicado. En el escrito, el Consistorio liderado por José Antonio Serrano Martínez anuncia que «el Ayuntamiento de Murcia ha enviado esta mañana una comunicación a la empresa concesionaria que gestiona la explotación de los soportes de publicidad en la vía pública –JCDecaux– para pedir la retirada inmediata de la campaña expuesta en distintos mupis del municipio bajo el eslogan 'Rezar frente a una clínica abortista está genial' por atentar contra las libertades y los derechos de la mujer».
El Consistorio argumenta la solicitud de retirada de la campaña en que «la cartelería y las acciones de presión de los grupos antiabortistas es [sic] un acto que vulnera el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y el derecho a la integridad física y moral de las mujeres».
A juicio del Ayuntamiento gobernado desde el marzo pasado por el PSOE, «este tipo de actuaciones, por tanto, vulneran los derechos a la libertad, a la intimidad y a la autonomía de las mujeres recogidos en la Constitución Española». Algo que no parece cierto, a tenor de la legislación que pretende aprobar el Ejecutivo de Pedro Sánchez al respecto, o de las peticiones de militantes socialistas, como las de la ex vicepresidenta Carmen Calvo, de querer reflejar el «derecho al aborto» en la Constitución.
En la misiva enviada a la compañía, el Gobierno municipal de Serrano indica que «las actuaciones de los grupos antiabortistas, las campañas de publicidad y presión y la criminalización a las mujeres que ejercen sus derechos ponen en riesgo la salud de éstas y de todas las mujeres».
«Es un acto de ilegalidad que obliga a las mujeres a ejercer sus derechos en condiciones de inseguridad y de riesgo para su vida, tal como ocurría antes de la etapa democrática de nuestro país», añade el comunicado, que omite que esta práctica no se despenalizó en España hasta 1985, diez años después de la muerte de Franco. Actualmente, se producen casi 100.000 abortos al año en nuestro país.
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