Beneficios penitenciarios
«Soy miembro de ETA, estoy orgullosa de serlo y asumo todas las acciones pasadas, presentes y futuras que lleva a cabo la organización armada ETA». Con este arrepentimiento, Liarne Armendariz asumió el asesinato del dirigente socialista Ernest Lluch en noviembre del año 2000. El ministerio del Interior ha decidido trasladar a esta etarra, responsable además de otros tres asesinatos, a la cárcel de Martutene, en San Sebastián.
Se da la circunstancia de que Armendáriz no se encontraba ya muy lejos de su lugar de origen. Hace año y medio fue acercada a la cárcel cántabra de El Dueso. Ahora se da un pasito más dentro de la hoja de ruta diseñada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Liarne Armendáriz formó parte del Comando Barcelona que asesinó a Ernest Lluch, al concejal del PP en el Ayuntamiento de Sant Adriá de Besos, José Luis Ruiz Casado, al también concejal del mismo partido en Viladecaballs, Francisco Cano, y al agente de la guardia urbana, Miguel Gervilla.
En el caso de Ernest Lluch, Liarne Armendáriz fue la encargada de vigilar que nadie entrara en el garaje donde estaba siendo acribillado el político catalán. Por ello fue condenada a 33 años de cárcel. Suma otros 132 años de prisión por los otros tres asesinatos que pesan sobre sus espaldas.
De esta forma, Liarne Armendariz, igual que otros seis terroristas suman siete asesinatos en total, se beneficiará de la política penitenciaria recién asumida por el Gobierno Vasco y se cumple el pacto acordado entre el Gobierno de Pedro Sánchez para llevar a todos los etarras a las cárceles del País Vasco o de Navarra.
Una vez que los etarras son trasladados a las cárceles vascas, se benefician de la oficina pública de colocación de empleo que, con la excusa de la reinserción, permite a los asesinos acceder al tercer grado y, por lo tanto, salir de la cárcel con la única condición de que regresen a dormir.
Según la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), son ya 96, más de la mitad del total, los presos que se encuentran en las cárceles vascas. De ellos, 25 ya disfrutan del tercer grado y otros 7 se encuentran en libertad condicional.
Para la AVT, «una vez más, este Gobierno vuelve a demostrar que está más pendiente del bienestar de los terroristas que de las víctimas del terrorismo». Por ello, «Las víctimas nos sentimos humilladas ante estos traslados que sólo van orientados a contentar a Bildu como socio de Gobierno de Sánchez».
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