Documentos judiciales (extracto) de la causa Neurona
El juez de Neurona seguirá investigando a Podemos en contra del criterio de la Fiscalía
El magistrado Juan José Escalonilla ha acordado seis meses de prórroga para las diligencias previas sobre las supuestas irregularidades de la formación morada en los encargos a la consultora chavista
En contra del criterio de la Fiscalía. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 deMadrid, el magistrado Juan José Escalonilla ha acordado prorrogar seis meses más -«a contar desde el día 28 de enero del presente año 2.022»- las diligencias previas en las que se investigan los encargos electorales realizados de manera presuntamente irregular por Podemos a la consultora chavista Neurona. Así lo ha decretado el juez en un auto al que ha tenido acceso El Debate, en el que se hace referencia a la imposibilidad de cerrar una instrucción en la que falta por practicar varias pesquisas. Entre ellas, recibir el informe del perito independiente, diseñador gráfico, que debe arrojar luz sobre los honorarios facturados por la consultora y su correspondencia con los trabajos realmente prestados, según los precios estándar del mercado.
Además, Escalonilla se ha desmarcado de la petición del Ministerio Público en espera de la comisión rogatoria que tendrá que librar a México para tomar declaración a dos testigos de cargo, propuestos por Vox, que está personado en el procedimiento como acusación popular. Se trata de Germán Cobos Pío y Waldemar Aguado Butanda quienes deberán comparecer para interrogatorio, según lo dispuesto en el «Auto dictado por la Sección nº 30 de la Audiencia Provincial de Madrid en fecha 11 de noviembre de 2.021», al estimarse «los recursos de apelación» presentados tanto por parte de la formación que lidera Santiago Abascal, como por Elías Castejón Hernández.
En línea con la trayectoria de sus decisiones anteriores, el juez continúa defendiendo la importancia de practicar todas las pruebas necesarias para determinar todas las aristas de la investigación en curso y despejar las incógnitas que pesan sobre el presunto desvío de fondos públicos, en el que habría incurrido Podemos, para financiar estos trabajos electorales. Una finalidad a la que legalmente no debían ser destinados.
«Más allá de lo ordenado por la Audiencia, no existen otras diligencias a practicar pendientes de ser acordadas (quedan acordadas pendientes de realización) sin que del resultado de las anteriores pueda inferirse que deban practicarse más diligencias. Acreditada la prestación del servicio, la única diligencia necesaria es la ya acordada en el Auto referido posteriormente, concretada relativa a la tasación de los servicios», reza el escrito de 27 de enero de petición de archivo de la Fiscalía.
No en vano, la fiscal encargada del caso, Lorena Álvarez Taboada, insiste desde hace meses en que ha quedado acreditada la correlación entre los servicios prestados por los trabajadores de la empresa chavista, con los pagos realizadosen contraprestación por los mismos.
Junto con la fiscal, presentaron escritos «manifestando su oposición a la prórroga de la instrucción» tanto los abogados del tesorero de Podemos, Daniel Frutos Ramírez, y del exsecretario de comunicación del partido morado, Juan Manuel del Olmo; como los letrados de Juan Carlos Monedero y el de la propia formación que éste cofundó.
No es la primera vez que se consolida una discrepancia tan evidente entre el magistrado que investiga los supuestos trabajos realizados por la consultora Neurona -en el marco de varias campañas electorales, para Podemos- y la Fiscalía.
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