Gregorio Ordóñez, exdirigente del Partido Popular vasco, asesinado por ETA en 1995
Audiencia Nacional
La primera confesión del etarra Lasarte, clave para identificar a los ideólogos del asesinato de Gregorio Ordóñez
El terrorista arrepentido fue condenado a unos 400 años de cárcel por una decena de atentados, entre ellos, el asesinato del dirigente vasco del PP. Cumplió un total de 19 años en prisión
El teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, miembro del PP vasco, fue asesinado el 23 de enero de 1995, a las 15:30 horas, mientras comía en compañía de varios compañeros de partido. La causa, un disparo «percutido por una pistola Browning, modelo GP35», cargada con proyectiles «del calibre 9mm Parabellum». El atentado «fue reivindicado por ETA mediante un comunicado publicado en el diario EGIN, el día 31 de enero de 1995, en el que textualmente la banda terrorista justificaba la acción haciendo referencia a la militancia de la víctima» en las filas populares, en los siguientes términos: «Actualmente el PP constituye el máximo exponente de la imposición española».
El primer elemento documental relativo al esclarecimiento de este asesinato es el acta de declaración prestada por Valentín Lasarte, el 30 de marzo de 1996, ante el Magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El terrorista, uno de los miembros «liberados» del comando Donosti, había sido detenido por la Policía Autonómica Vasca, cinco días antes en Oyarzun (Guipúzcoa), y en su comparecencia judicial declaró detalladamente la forma en la que se planificó y se materializó el atentado contra Gregorio Ordóñez. Le acompañaron Javier García Gaztelu, alias Txapote, y Juan Ramón Carasatorre Aldaz, alias Zapata.
Lasarte declaró cómo en «octubre o noviembre de 1994 se desplazó a la localidad francesa de Bayona para mantener una entrevista personal» con el que, a partir de ese momento «sería el nuevo responsable del comando Donosti en Francia, José Javier Arizcuren Ruiz, alias 'Kantauri'». En dicho encuentro, siempre según el testimonio del etarra, 'Kantauri' le transmitió «los datos e instrucciones necesarias para que en fechas próximas contactara con dos miembros liberados que pasarán a integrar el grupo y con los que colaboraría» a partir de entonces.
Composición del Comité Ejecutivo de ETA durante el asesinato de Gregorio Ordóñez
Por aquellos hechos fueron condenados Valentín Lasarte –en Sentencia de 15 de octubre de 1997 de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional–, a 30 de años de prisión como autor responsable mediante cooperación necesaria; Javier García Gaztelu –en Sentencia de 14 de diciembre de 2006, de la misma sala judicial– a 30 años de cárcel como autor responsable, al igual que Juan Ramón Carasatorre Aldaz –en Sentencia de 6 de julio de 2011– a otros 30 años como autor responsable. Sin embargo, ninguno de los dirigentes de ETA presuntamente detrás de la misma –Iñaki de Rentería, Kantauri, Mikel Antza, Pototo, Isuntza, cúpula de la banda tras su reconstrucción post-Bidart– fueron castigados por esta acción.
El informe 21/2015, de 24 de julio de 2015, confeccionado por la Jefatura de Información de la Guardia Civil concluyó que no era posible que ETA pudiese «perpetrar una acción cuando falla cualquiera de los cuatro factores» necesarios para que ésta se puede llevar a cabo –las personas que ejecutan la acción, la decisión de actuar con una finalidad concreta, la información sobre el objetivo potencial y los medios materiales– y, en cualquier caso «resulta que tanto los medios materiales como los autores de la acción son instrumentos» del Comité Ejecutivo. «En este sentido, la acción terrorista llevada a cabo contra D. Gregorio Ordóñez Fenollar, fue fruto de un proceso mecánico que se daba en ETA y que necesitaba de una información previa, una decisión del órgano competente y una materialización posterior», concluyeron los agentes al cargo de la investigación.
Así se extrajo de la declaración judicial de Valentín Lasarte, de la que se desprendió que «la acción terrorista llevada a cabo por ETA contra el Teniente Alcalde de San Sebastián, Gregorio Ordóñez, estaba enmarcada dentro de la nueva línea oficial de la banda terrorista y por consiguiente de la estrategia de desestabilización diseñada por su Comité Ejecutivo», a través de su responsable en Francia José Javier Arizcuren Ruiz, alias 'Kantauri'.
También, del ejemplar número 72 del Zutabe, una publicación de ETA que se caracteriza por ser el órgano de expresión interno de la organización terrorista. En la página nueve del denominado «Balance positivo del último año», figura un sub-apartado que analizó las consecuencias que tuvo la acción contra Gregorio Ordóñez: «Esta acción daba a ver la dirección de la nueva línea, que la lucha no se limitaba a un partido entre la Guardia Civil y ETA, que también los políticos» que hasta entonces «aparecían como limpios o fuera del conflicto tenían una gran responsabilidad en el mismo y en este sentido que también les afectaba. Pero la consecuencia en esta acción no se limitó a clarificar la línea política de la izquierda abertzale; también sirvió para condicionar y golpear la estrategia del enemigo».
Un disidente por la «vía Nanclares»
Valentín Lasarte Oliden (San Sebastián, 1965) fue miembro del comando Donosti de ETA a las órdenes de Francisco García Gaztelu, Txapote, entre 1994 y 1996. Durante ambos años de actividad armada, participó en un total de siete atentados mortales, en dos como autor material, esto es directo, y en otros cinco como cooperador necesario, prestando apoyo y soporte a otros etarras encargados de otras acciones criminales.
Lasarte apretó el gatillo en un par de ocasiones. La primera, la noche del 27 de julio de 1994, cuando se cruzó de manera imprevista con el empresario José Manuel Olarte, quien cenaba en compañía de varios amigos en un restaurante de San Sebastián; el etarra lo reconoció, se dirigió hasta su casa para coger una pistola y regresó al local para asesinarlo. La segunda, el 8 de julio de 1995, que provocó la muerte al jefe de la Policía Municipal de San Sebastián Enrique Nieto quien agonizó durante cuatro meses fruto de las graves heridas causadas por los disparos recibidos.
En más del doble fue condenado como soporte: el ametrallamiento del cuartel del Ejército del barrio donostiarra de Loyola, el 22 de mayo de 1995; el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Arnedo, La Rioja, el 17 de agosto de 1995; y, el perpetrado contra la residencia de mandos del Ejército, en San Sebastián, en junio de 1998.
El etarra arrepentido, uno de los primeros en aceptar un trabajo penitenciario –en contra de las directrices carcelarias de la banda terrorista– se acogió a la denominada «vía Nanclares» para presos disidentes y colaboró con la Justicia en el esclarecimiento de algunos crímenes políticos como los del presidente del PP de Gipuzkoa, Gregorio Ordóñez y el militante socialista Fernando Múgica, por el que fue sentenciado a 87 años de prisión; otros militares, como el del sargento Alfonso Morcillo, de la Guardia Municipal de San Sebastián o el brigada del Ejército, Mariano de Juan Santamaría; y, alguno civil, como el del empresario José Antonio Santamaría.
Lasarte apretó el gatillo en un par de ocasiones. La primera, la noche del 27 de julio de 1994, cuando se cruzó de manera imprevista con el empresario José Manuel Olarte, quien cenaba en compañía de varios amigos en un restaurante de San Sebastián; el etarra lo reconoció, se dirigió hasta su casa para coger una pistola y regresó al local para asesinarlo. La segunda, el 8 de julio de 1995, que provocó la muerte al jefe de la Policía Municipal de San Sebastián Enrique Nieto quien agonizó durante cuatro meses fruto de las graves heridas causadas por los disparos recibidos.
En más del doble fue condenado como soporte: el ametrallamiento del cuartel del Ejército del barrio donostiarra de Loyola, el 22 de mayo de 1995; el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Arnedo, La Rioja, el 17 de agosto de 1995; y, el perpetrado contra la residencia de mandos del Ejército, en San Sebastián, en junio de 1998.
El etarra arrepentido, uno de los primeros en aceptar un trabajo penitenciario –en contra de las directrices carcelarias de la banda terrorista– se acogió a la denominada «vía Nanclares» para presos disidentes y colaboró con la Justicia en el esclarecimiento de algunos crímenes políticos como los del presidente del PP de Gipuzkoa, Gregorio Ordóñez y el militante socialista Fernando Múgica, por el que fue sentenciado a 87 años de prisión; otros militares, como el del sargento Alfonso Morcillo, de la Guardia Municipal de San Sebastián o el brigada del Ejército, Mariano de Juan Santamaría; y, alguno civil, como el del empresario José Antonio Santamaría.
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