Muestra de las mascarillas adquiridas durante la pandemia por la Comunidad de Madrid, en 2020
Análisis Jurídico
Transparencia: así se gestó, paso a paso, el contrato de las mascarillas del hermano de Díaz Ayuso
Una rueda de prensa conjunta de los consejeros responsables de la adjudicación, Javier Fernández-Lasquetty y Enrique Ruiz Escudero, pone negro sobre blanco los controles legales por los que transitó el documento de la polémica
Mas de 4.106 expedientes de contratación tramitados en la Comunidad de Madrid, en 2020, durante los meses más duros de la pandemia, la mayoría de ellos «con el único objetivo de proteger a los ciudadanos y al personal sanitario» ante «el abandono del Gobierno» de Pedro Sánchez y «fruto del fracaso de su compra centralizada de material de protección». Un único procedimiento «común para todos ellos» y conforme «al marco legal del artículo 120» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en situaciones de emergencia. Este es, con luz y taquígrafos, el recorrido por el que transitó la oferta de la empresa Priviet Sportive S.L., hasta el pago por importe de 55.850 euros más IVA, efectuado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña «en contraprestación por su trabajo».
Es decir, por las gestiones «realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid», que es distinto de «una comisión por intermediación para obtener el contrato de la Administración». En ninguno de los más de 27 documentos que lo integran aparecía ninguna referencia, ni implícita ni explícita, a Tomás, al que paga un tercero que es quien contrata. Más allá de que, según la normativa española vigente, «cobrar una comisión por intermediar en un negocio es legal».
Selección inicial: funcionarios
A partir del mes de marzo de 2020, la Comunidad de Madrid recibió un auténtico aluvión de ofertas por distintos elementos de material sanitario, escasos en aquel momento. Todas ellas fueron remitidas, independientemente de su canal de entrada, al órgano técnico competente para gestionarlas: la Subdirección General de Contratación del Servicio Madrileño de Salud.
Fueron funcionarios los encargados de filtrar el abanico de opciones «en base a criterios exclusivamente técnicos» de necesidad, oportunidad y legalidad. Cuestiones objetivas como la calidad del material presentado, las garantías en el cumplimiento de los plazos de entrega..., etc. conformaron las consideraciones tomadas en cuenta para la idoneidad de las propuestas. Todas, «sin excepción», fueron revisadas antes de recibir el visto bueno y pasar a la segunda fase. Entre ellas, el presupuesto de Priviet Sportive S.L.
Contrato de Adjudicación de Priviet Sportive S.L., fechado el 1 de abril de 2020
Memoria justificativa previa
Priviet Sportive S.L., como todos y cada uno de los proveedores seleccionados, tras superar el primer filtro, fue validado en segundo término por la Dirección General de Procesos Integrados de Salud, de acuerdo a las consideraciones de la Memoria Justificativa previamente emitida por dicho órgano para declarar la «emergencia en la tramitación» de los expedientes de contratación.
Todo, «conforme al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para la adquisición centralizada de equipos de protección individual» para el personal sanitario madrileño, con entrega prevista en el pabellón número 10 de IFEMA, por aquel entonces, convertido en hospital de campaña. Una tarea en la que también participaron otras empresas, que vendieron material análogo, incluso, en algunos casos, por un precio superior. No hubo ni precios inflados ni por encima de lo «razonable», según los estándares del mercado en el momento en el que se tomó la decisión.
Relación de varios de los proveedores a los que la Comunidad de Madrid compró material sanitario, a partir de marzo de 2020
Declaración de la emergencia
Así las cosas, y como parte de las atribuciones de la Viceconsejería de Sanidad para la adopción de decisiones y adquisiciones en aquella situación de emergencia –que era la España pandémica a comienzos de 2020– se inició el proceso formal de contratación y cierre de las compras del material, según los estándares previstos para casos excepcionales de urgente necesidad –catástrofes, fenómenos naturales, epidemias..., etc.– en los que ni la urgencia ni la necesidad podían ser imputables a la Administración madrileña o resultado de una anterior dejación de funciones.
El Debate accede a los documentos
Las claves del contrato de compra de las mascarillas a la empresa donde trabaja el hermano de Ayuso
«Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional» se excluye la obligación habitual de tramitar un expediente de contratación y, por tanto, la necesidad de publicar el anuncio de licitación o la sujeción a los requisitos formales previstos en la tramitación de carácter ordinario.
Todo se ha hecho siempre con arreglo a Derecho, según los procedimientos legales. Nuestra gestión ha sido honrada, repito, honrada, siempre
El contrato de la empresa para la que Tomás Ayuso gestionó la localización del material en China que por aquel entonces se adjudicaba en origen a través de pujas, por la alta demanda mundial y la enorme escasez del mismo, llegó así a término sin que hubiese ninguna irregularidad, ni trato de favor ni «posibilidad de que ni los funcionarios» que intervinieron en su preselección ni los responsables administrativos que en lo sucesivo lo fiscalizaron «pudiesen saber de ninguna manera» que el hermano de Díaz Ayuso había contribuido en el mismo. Y todo fue entregado en tiempo y forma.
Conformidad de entrega del material comprado a Priviet Sportive S.L., mascarillas FPP2-3, por la Comunidad de Madrid, en tiempo y forma
Quedaba pues, sólo, un último escalón: dar publicidad a los contratos finalistas, con sus albaranes de entrega y sus documentos de pago. Una publicidad que, en estos casos urgentes, se limita a la obligación de dar cuenta de los acuerdos de tramitación de emergencia adoptados al Consejo de Ministros en el ámbito estatal y a los equivalentes en el resto de niveles de la Administración, es decir al Consejo de Gobierno.
El propio consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, entregó toda la documentación, el 11 de noviembre 2021. «Hasta con 18 campos de información para cada uno» de los contratos «sin que desde esa fecha ninguno de los grupos hayan expresado ninguna preocupación ni con éste ni con ningún otro de los aprobados», tal y como él mismo confirmaba en su comparecencia de este viernes. Y ello, pese a las «más de 6.000 preguntas registradas desde la Asamblea, relacionados con la transparencia, durante el período de emergencia de la pandemia».
Portal de transparencia
Además, y en el marco de las exigencias de transparencia para la actuación de la Administración Pública, cada uno de los expedientes, tras el recorrido descrito, fueron publicados en el portal de contratación de la Comunidad de Madrid. El documento de Priviet Sportive S.L. estuvo, pues, por lo tanto, a disposición de la consulta de cualquier ciudadano español desde el mes de junio de 2020. En el plazo legal previsto: un máximo de 30 días desde su validación.
Todos los contratos formalizados fueron subidos al portal de transparencia el 10 de junio de 2020. Que alguien ahora diga que no ha estado a su disposición
Auditoría externa: la Cámara de Cuentas
Por si no fuese suficiente, tras los controles internos una auditoría externa –la de la Cámara de Cuentas, el equivalente al Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid– fiscalizó, por encargo de la Asamblea madrileña, los expedientes tramitados durante todo el período de urgencia. Para ello, la entidad administrativa seleccionó, a través de un procedimiento de muestreo, un total de 263 contratos de todos los suscritos por todas las Consejerías, entre ellos, el de la polémica sobre el que, según los datos aportados por el consejero Lasquetty, no hubo «ni tacha ni reparo» alguno.
El anteproyecto del informe resultante del trabajo de la Cámara de Cuentas, con todas sus conclusiones, está finalizado en su contenido pero pendiente de su aprobación administrativa definitiva.
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