Teodoro García Egea, exsecretario general del Partido Popular, y Alberto Casero, diputado extremeño
Crisis del Partido Popular
Alberto Casero: el número tres del PP investigado por prevaricar al que Casado y Egea no denunciaron
Una juez cacereña ha remitido al Supremo, por la condición de aforado del hoy diputado, cinco contratos bajo sospecha firmados por el que fuera alcalde de Trujillo y mano derecha del ya exsecretario general de los populares
Doble rasero. La crisis del Partido Popular que estalló el pasado miércoles cuando se dio a conocer, públicamente, el presunto «espionaje» de la dirección del partido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, se basó en un primer momento en una denuncia que no fue tal de Pablo Casado. El todavía líder de la formación -aconsejado por su entonces secretario general, Teodoro García Egea- declaró en varias entrevistas las supuestas irregularidades de Isabel Díaz Ayuso en la concesión de un contrato de mascarillas a una empresa que posteriormente pagó a su hermano mayor, Tomás, 55.850 euros por gestionar la compra del material en China y la logística para su entrega en España. Sin embargo, nada dijeron ninguno de ambos responsables populares sobre los asuntos judiciales del que era la mano derecha de García Egea, el diputado extremeño Alberto Casero -quien saltó a la fama por equivocarse en el voto telemático que dio luz verde a la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez- a un paso de ser imputado en el Supremo.
No en vano, esta misma semana, la juez que ha investigado a Alberto Casero, por su época como alcalde de una pequeña localidad cacereña, elevaba al Alto Tribunal la solicitud formal de abrir causa penal contra el diputado por un presunto delito de prevaricación continuada en el tiempo que habría afectado a cinco contratos, irregularmente suscritos, durante su etapa como regidor.
La titular del Juzgado número 2 de Trujillo, encargada de revisar la actuación de Casero en su etapa como alcalde, centraba sus pesquisas preliminares en los acuerdos y convenios suscritos por el ahora diputado, en los años 2017 y 2018 cuando se encontraba al frente de la entidad municipal. Una conducta que llamó la atención de la propia Fiscalía que, de oficio, arrancaba con la instrucción de una causa contra él, por un monto total que habría ascendido a 85.422 euros públicos distribuidos en media decena de documentos tramitados sin ajustarse, en lo más mínimo, al procedimiento administrativo previsto para ello.
Pagos sin trabajos reales
Bajo la lupa, en primer término, la contratación de un psicólogo para asistir, en el municipio, a mujeres víctimas de violencia de género, que se articuló entorno a un convenio de colaboración de carácter anual dotado con 18.000 euros de los que Casero no informó al Ayuntamiento. La adjudicación no siguió ningún trámite legal registrado y pese a que el psicólogo seleccionado cobró, no ha podido acreditarse hasta la fecha que prestase ningún trabajo real.
Por una cifra similar, 18.000 euros, Casero comprometió el patrocinio de la gala de los premios Pop Eye que se celebraba anualmente en la localidad, de la mano de la Asociación Cultural Bon Vivant. Tampoco en este caso existió tramitación oficial del importe ni comunicación a los funcionarios responsables del Ayuntamiento, ni de otro por casi 10.000 euros más que se adjudicaron posteriormente con la misma razón.
La maniobra se repite en la firma de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España, dotada con 25.000 euros del erario de Trujillo que Casero «olvidó» comunicar a los servicios económicos del Ayuntamiento. En ningún momento se aportó copia del mismo a la Intervención del consistorio. Éste fue, precisamente el detonante para que el interventor rechazase efctuar un pago del que no conocía nada. Actualmente la Cámara de Comercio reclama judicialmente los fondos asignados.
Precisamente fue un tribunal el que obligó al diputado popular a pagar 18.119 euros a la Feria del Queso de Trujillo por un contrato de servicios de comunicación y promoción del evento, cuyo contrato, también realizado sin tramitación alguna, no se quiso abonar en un primer momento y de forma voluntaria por el regidor del Ayuntamiento.
Y, por último, el mismo modus operandi se siguió en el quinto convenio -resuelto en sede judicial- entablado con Icaro Consultores en Comunicación para la organización del mismo evento de la polémica, la Feria Internacional del Queso, que debieron recibir en concepto de honorarios la cantidad de 14.303 euros más IVA. De nuevo, el interventor municipal bloqueó el pago.
Comentarios
