Atentado de ETA en la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid, 30 de diciembre de 2006
Causas Pendientes
La Audiencia Nacional cerca a ETA por la ponencia en la que pidió «socializar» el sufrimiento
Las investigaciones abiertas en el Juzgado Central de Instrucción Número 1 del órgano judicial avanzan para acreditar cómo la orden de atentar contra políticos, y civiles, nació del Comité Ejecutivo
el juez Alejandro Abascal lidera judicialmente la investigación de la Guardia Civil orientada a la localización y análisis de la documentación -en poder de los miembros de ETA detenidos en Francia, en 2018- relacionada con las Actas de Reunión del ZUBA, o Comité ejecutivo de la banda terrorista, en fechas inmediatamente anteriores, simultaneas y posteriores al asesinato del político popular Gregorio Ordóñez. El magistrado titular del juzgado de Instrucción Central número 1 de la Audiencia Nacional ordenaba, hace unos días, tal y como avanzó El Debate en primicia, nuevas pesquisas policiales orientadas a confirmar la asistencia a las citadas reuniones de los dirigentes de ETA responsables de la estrategia de desestabilización puesta en marcha por la banda armada a partir del año 1994.
Las víctimas sostienen que Adolfo Araiz, hoy miembro de Bildu, fue el ideólogo en de la Ponencia Oldartzen de ETA para «socializar el sufrimiento» y que todos los ciudadanos padeciesen el «conflicto»
La estrategia certificado por ETA para extender sus acciones terroristas a concejales de diferentes partidos políticos, se apoyaba en la denominada ponencia 'Oldartzen', aprobada por Herri Batasuna (HB) en 1994 y en la que se abogaba por «socializar el sufrimiento». A partir de dicha fecha, la banda terrorista ponía en el centro de su diana a la clase política, algo que no sucedía desde mediados de la década de los ochenta, y lo hacía según un esquema orgánico mecionado en la documentación incautada por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado francés, en colaboración con España, tal y como se detalla en el informe policial 20/2016, publicado por El Debate.
Entre los temas y asuntos tratados en dichos encuentros de la cúpula directiva de ETA, el juez Abascal y los agentes encargados de la instrucción del trabajo de identificación de los que fueron cerebros del asesinato de personalidades del mundo civil como el propio Ordóñez o el juez Querol, buscan información si, entre los mismos, hubiese datos concretos o indicios -también entre los papeles intervenidos con ocasión de la detención de Mikel Albisu alias «Mikel Antza», en octubre de 2004- relacionados con las órdenes de matar a determinados políticos.
La primera víctima de las nuevas consignas fue Gregorio Ordóñez. El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián fue asesinado el 23 de enero de 1995, mientras comía con su amiga y compañera María San Gil. Su muerte constituyó el inicio de una dinámica de terror que golpearía muy duramente a la formación, pero también al Partido Socialista de Euskadi (PSE) y a Unión del Pueblo Navarro (UPN), y que se ha enmarcaba tanto en el País Vasco y Navarra , como en Cataluña y Andalucía.
Tan sólo año y medio después, la banda volvía a ejecutar a un concejal popular, Miguel Ángel Blanco, en julio de 1997. Desde entonces ETA entró en una espiral de violencia que sólo se apaciguó en 1998.
El asesinato el 11 de diciembre en Rentería del también edil del PP José Luis Caso, y los de José Ignacio Iruretagoyena, Alberto Jiménez Becerril -también su esposa-, Tomás Caballero y Manuel Zamarreño, perpetrados en el escaso plazo de un año, constituyeron una de las pruebas más evidentes de que alguien en ETA había decidido que el terror no se dirigiese indiscriminadamente hacia la Policía Nacional y la Guardia Civil sino hacerlo extensivo a quienes representaban la voluntad soberana de los españoles. Y, así, «socializar» el dolor que provocaban sus acciones criminales.
Por ello, el magistrado Abascal ha requerido, también, la unión a este procedimiento de otra serie de informes y sentencias sobre los cinco dirigentes de la banda terrorista y su participación en atentados y secuestros investigados en otras causas judiciales y que se hayan contenidos en los dispositivos informáticos obrantes en más de 138 precintos judiciales franceses.
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