Anuncio del «cese definitivo de la actividad armada» de ETA, el 20 de octubre de 2011
Tribunales
La Audiencia Nacional pedirá nuevas diligencias policiales sobre los papeles franceses de ETA
El magistrado Alejandro Abascal busca pruebas de la «autoría mediata» de la cúpula terrorista en el atentado de la banda contra la T4 y el asesinato de Gregorio Ordóñez
La Audiencia Nacional seguirá investigando pese a la negativa a declarar de los etarras Mikel 'Antza' e Iñaki 'de Rentería' implicados en varios de los atentados más graves de nuestro país. La documentación entregada por las autoridades francesas al Gobierno español, en 2018, incautada tras las detenciones de las cúpulas de la banda terrorista en el país galo, será la pieza clave para conectar a los cerebros de la banda con los fatídicos desenlaces de los asesinatos del juez Querol y del concejal popular Gregorio Ordóñez, así como de la detonación de una furgoneta bomba en la T4 del Aeropuerto de Barajas, en 2006. El instructor de la causa, el magistrado Alejandro Abascal pedirá a los expertos policiales que actualicen los informes que obran en las causas. Así lo han avanzado a El Debate, fuentes judiciales próximas a las pesquisas abiertas en el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional –en el marco de las denuncias presentadas por la entidad Dignidad y Justicia contra los exlíderes de la banda armada– que tratan de acreditar cómo las órdenes de matar procedían de los Comités Ejecutivos (o «zubas»).
Las mismas fuentes apuntan cómo el juez Abascal quiere que la policía revise, pormenorizadamente, la información interna incautada a ETA en Francia para probar la conexión directa entre los objetivos ejecutados por los comandos militares y las decisiones estratégicas de los dirigentes al mando de la organización.
Dos informes de los agentes de la Guardia Civil entregados en 2014 y 2016 al Juzgado de Instrucción Central número 3 del órgano judicial, recuperados ahora por el propio Abascal, y por su compañero Santiago Pedraz, han abierto la vía para encausar, por fin, a los cerebros de la organización terrorista. El objetivo: acreditar que, como avanzó El Debate en exclusiva, los más altos cargos jerárquicos de ETA –«entendiendo por tales los máximos responsables de los Aparatos históricamente más importantes, más algunos otros que han destacado por su especial carisma o ascendiente dentro de la Organización y el desempeño de ciertas funciones quizá más destacadas (como puede ser la gestión de la Tesorería o la jefatura y dirección de los comandos armados)»– habrían tenido «un alto nivel de capacidad decisoria, tanto en la determinación de la estrategia general como, seguramente, en la aprobación y ejecución de tácticas y actuaciones concretas».
Hasta ahora, la impunidad de los ideólogos de ETA había sido una constante judicial, por la dificultad de acreditar una relación directa entre las órdenes de la cúpula terrorista y las acciones puntuales cometidas por sus miembros contra objetivos policiales, políticos e incluso civiles.
Sin embargo, varios informes policiales antiguos, en poder de la Audiencia Nacional, y los datos puestos sobre la mesa por las víctimas han abierto la vía para que la Justicia encargue nuevas diligencias sobre la documentación incautada a la Unidad Operativa de la Comisaría General de Información –en gran medida, a partir de los papeles incautados en Francia– en orden a acreditar «los fines perseguidos por la banda terrorista ETA desde su constitución» y hasta la actualidad. Y cómo, los cerebros de ETA tuvieron «un alto nivel de capacidad decisoria en la aprobación y ejecución de tácticas y actuaciones concretas».
Cincuenta sumarios y sus pruebas
Los efectos ocupados a ETA tras años de investigación policial y judicial en Francia, conocidos como «el archivo de ETA» llegaron a España en febrero de 2018. Tal y como confirmó el propio Ministerio del Interior «las autoridades judiciales francesas, en colaboración con el Gobierno de Francia», entregaron a España «los efectos y documentos incautados a ETA en los últimos 20 años y que se hallaban en los procedimientos judiciales franceses».
En total se trata de «una cincuentena de sumarios instruidos por la justicia francesa, que ya se encuentran concluidos definitivamente, y cuyos elementos de prueba han sido cedidos al Ministerio del Interior español. Se trata, precisamente, de los sumarios de mayor relevancia de los últimos años, que se corresponden con las operaciones antiterroristas más importantes llevadas a cabo por la policía francesa en colaboración con los servicios de información españoles». Una labor que en el país vecino recayó en la exjuez Laurence Levert.
Todos los efectos intervenidos, «especialmente la documentación en papel y en soporte informático, así como las armas intervenidas a numerosos miembros de ETA detenidos en Francia, podrían servir de punto de partida para, en conjunción con otros elementos disponibles, arrojar luz sobre alguno de los crímenes de ETA sin esclarecer judicialmente», apuntaban entonces desde Interior, «todo ello bajo la coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional».
Varios años después, la investigación permanece en sede judicial, de la mano de los magistrados Abascal y Pedraz que, a finales del pasado año, admitían a trámite un total de tres querellas planteadas por las víctimas, apuntando a nuevos indicios que podrían arrojar luz sobre la autoría mediata de los cerebros intelectuales de la banda. Un escenario que permitiría condenar a los ideológos de ETA con las mismas penas aplicadas a los terroristas que apretaron el gatillo o colocaron los explosivos.
No actuaron para evitarlo
Miles de documentos entregados por Francia a España apuntarían a cómo existió «en la organización una regla interna de la cual se deriva para los miembros de la cúpula un poder de control sobre las acciones de otros miembros, a partir del cual la omisión de impedir una iniciativa criminal resulta equivalente a una autorización de la misma, en la forma de remoción de un obstáculo para la ejecución del delito».
Es decir, que de las pruebas documentales y de los testimonios de los diferentes miembros arrepentidos de la banda, o de las declaraciones de quienes pertenecieron a ella, no ha podido «derivarse que los acusados hayan dado las órdenes» directas «o que hayan tomado parte activa» en los hechos criminales. Sin embargo, «surge también que han tenido un «conocimiento general» de los hechos y «no actuaron para evitarlos». Creando una «ocasión de riesgo» para los bienes jurídicamente protegido «mediante» , como mínimo, una «omisión precedente».
Una colección de papeles y dispositivos informáticos de gran capacidad de almacenamiento, en los que el juez Abascal espera que los expertos encentren datos relevantes sobre el funcionamiento interno de ETA: decisiones estratégicas, autocríticas sobre la realización de atentados terroristas, datos sobre la extorsión conocida como «impuesto revolucionario», notas internas de aparatos y comandos de ETA, información sobre potenciales objetivos,... que permitan procesar a sus dirigentes.
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