La exmagistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género
Caso Rosell
Revés del Constitucional a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género por pleitear sin motivo
Victoria Rosell recurrió una decisión del Supremo que le daba, en parte, la razón a la Fiscalía canaria por investigarla en la operación de venta de una emisora de radio de su pareja, el periodista Carlos Sosa, al empresario Miguel Ángel Ramírez, a quien la exjuez tuvo dos años encausado
No habrá corrección del Constitucional al Supremo, ni por extensión a la Fiscalía canaria, en el conocido como «caso Rosell». Según han avanzado a El Debate fuentes próximas a la causa, el Tribunal de Garantías, en una sentencia cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Antonio Xiol –presidente de la Sala Segunda– ha desestimado el recurso presentado en 2018 por la exmagistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno en materia de Violencia de Género, contra una sentencia del Supremo.
Esto es, los magistrados Antonio Narváez, Concepción Espejel, Ramón Sáez Valcárcel, Cándido Conde-Pumpido y Enrique Arnaldo Alcubilla no han encontrado ningún motivo para dar amparo a las peticiones de la interesada y anular la decisión del Alto Tribunal dictada contra ella.
La Sala Tercera del Supremo revocó, el 12 de julio de 2017, un fallo anterior de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de 7 de marzo de 2016, en el que se le había dado toda la razón a Rosell frente a la Fiscalía. En el fondo del asunto, la investigación que el Ministerio Público había abierto sobre la entonces magistrada, en el marco de las pesquisas por la venta de una emisora de radio de su pareja, el periodista Carlos Sosa, al empresario Miguel Ángel Ramírez, a quien la juez había encausado, durante dos años, como titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
La Justicia canaria concluyó que la Fiscalía no era competente para investigar disciplinariamente ni a jueces ni a magistrados. Sin embargo, el Supremo rebajó parcialmente la tesis del tribunal autonómico y, por tanto, también el reproche al Ministerio Público en las pesquisas arrancadas en 2015 sobre Rosell por el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, cuando ya era diputada de Unidas Podemos en el Congreso.
El Alto Tribunal mantuvo la nulidad de las investigaciones porque la Fiscalía no estaba legitimada para practicar diligencias reservadas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra Rosell pero incluyó matices que suavizaron las consideraciones del TSJC y que no gustaron a Rosell que elevó el asunto en amparo.
Ahora, el Constitucional, tras una deliberación mantenida en el seno de la Sala Segunda este mismo lunes, ha desempatado a favor de Fiscalía y Supremo y ha sentado un precedente importante en lo que se refiere a los márgenes de la independencia judicial y los límites de los procedimientos disciplinarios a los que pueden ser sometidos los jueces, a priori, competencia del CGPJ.
El primer ponente imputado por maltrato
El magistrado Xiol, actual vicepresidente del Constitucional, heredó la redacción de la sentencia a la que ha tenido acceso El Debate, de su compañero, el magistrado progresista Fernando Valdés Dal-Ré, quien se vio obligado a abandonar la causa tras dimitir de su cargo en el órgano de Garantías, tras ser imputado en el Supremo por un presunto delito de violencia de género contra su mujer.
En aquella ocasión, y pese a que se trataba de un caso de malos tratos, mientras se prolongó la investigación de Valdés Dal-Ré, la ya entonces delegada del Gobierno contra la Violencia de Género guardó un silencio atronador.
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