Luis Medina, en una imagen de archivo
Madrid
El fiscal reclama una fianza de 891.000 euros para Luis Medina
Las acusaciones solicitan al juez Carretero una fianza sobre Luis Medina y que investigue un alzamiento de bienes
El fiscal que investiga el escándalo de las mascarillas compradas por el Ayuntamiento de Madrid ha reclamado al juez que imponga a Luis Medina una fianza «no inferior» a 891.227 euros. Medina, investigado por el cobro de una comisión millonaria tras la venta de material sanitario deficiente al Consistorio madrileño, no pudo ser embargado, ya que solo tenía 274,26 euros en una de sus cuentas bancarias, además del yate que compró con el dinero del Ayuntamiento.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la fianza después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid preguntara a las partes sobre la adopción de nuevas medidas cautelares contra el empresario al constatar que en sus cuentas sólo disponía de esa cantidad, 274,26 euros, y no de los 400.000 que, según el Ministerio Fiscal, tenía en fondos bancarios, informa Efe.
La fianza se solicita «sin perjuicio, como también se indicó en la querella, de que la fianza o embargo de los bienes propiedad de Luis Ramón Medina Abascal tenga que ser ampliada en el caso de que no se logren garantizar suficientemente las responsabilidades pecuniaras el otro investigado, dado el carácter solidario de la responsabilidad civil ex delicto».
Por otra parte, las acusaciones populares en la investigación contra Luis Medina y Alberto Luceño han solicitado al juez Adolfo Carretero Sánchez que fije una fianza al aristócrata y averigüe su patrimonio, han informado fuentes jurídicas.
Tras admitir la querella de la Fiscalía Anticorrupción, el instructor de la causa procedió a ordenar el embargo de las cuentas y bienes adquiridos con las comisiones millonarias cobradas por sendos empresarios.
Liquidación de bonos
En el caso de Medina, el magistrado comprobó que su cuenta de Deutsche Bank disponía solo de 247 euros. Además, había liquidado los dos bonos de inversión que había adquirido con el dinero embolsado en la operación de venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.
El juez dio entonces traslado al fiscal y a los abogados personados en el procedimiento para que propusieran otras medidas económicas distintas al embargo. Ahora, las acusaciones populares han solicitado que fije una fianza respecto al hijo de Naty Abascal y se averigüe su patrimonio.
En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, Podemos solicita que se remita un oficio a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que aporte información sobre bienes que pudiera disponer en el extranjero y de los que tuviera conocimiento por haber sido objeto de comunicación a través del modelo tributario 720, a los efectos de practicar los correspondientes embargos.
De igual modo, reclama al magistrado que, a la vista del resultado de un oficio remitido a la entidad Deutsche Bank, resulta «indiciariamente» acreditado que presuntamente podría haber realizado actos de disposición patrimonial sobre bienes que eran objeto de la presente investigación (activos financieros contratados con el importe obtenido por las comisiones).
«Actos que habría llevado a cabo incluso con posterioridad a su toma de declaración del pasado 13 de abril de 2021 y a pesar de la expresa advertencia formulada por el representante del Ministerio Fiscal durante el curso de la misma», señala el escrito.
Por ello, el abogado solicita que se proceda a la ampliación del objeto de la investigación a un presunto delito de alzamiento de bienes por parte de Luis Medina, por incardinarse indiciariamente dicha conducta en la tipificada en el artículo 257.
Por su parte, la acusación que ejerce el PSOE ha pedido al juez investigar la posibilidad de que el empresario Luis Medina pueda devolver el dinero de las comisiones del contrato de las mascarillas mediante una herencia de una abuela.
Sumario
Según el sumario, Luis Medina habría comenzado presuntamente a transferir el dinero de su cuenta a otra abierta en Países Bajos días después de cobrar la comisión de un millón de euros por sus gestiones para el negocio de Alberto Luceño, lo que podría suponer un delito de alzamiento de bienes.
Las actuaciones recogen los movimientos bancarios que hizo Luis Medina nada más ingresar desde una cuenta de Malasia, donde se ubica la empresa vendedora de las mascarillas adquiridas -la empresa Leno-, un millón de euros por la operación.
Presunta estafa al consistorio madrileño
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Según la querella, las transferencias recibidas por Luis Medina corresponden a la comisión pactada entre la empresa malaya EEE -como vendedora para adquirir material sanitario- y el investigado, de un dólar por mascarilla (un millón de dólares en total -915.000 euros-).
En concreto, recoge un cobro el 31 de marzo de 2020 de una cuenta de Malasia de más de 684.000 euros, con concepto y propósito desconocido. Ese mismo día, Medina habría recibido otro cobro de la misma cuenta de más de 228.000 euros.
Conforme a los movimientos bancarios, consta una operación de pago a una cuenta abierta en Países Bajos efectuada el 2 de abril de casi 94.000 euros; incluye otro movimiento el 22 de junio de una cifra similar; y otra transferencia de otros 94.000 euros el 4 de agosto de ese año.
El sumario incorpora un escrito de la Agencia Tributaria del 16 de febrero de 2021 en el que se expone que «la información extraída de la base de Datos de la AEAT se pone a su disposición a los efectos oportunos sin que los datos aportados hayan sido objeto de verificación previa pues son los declarados los obligados a suministrar información».
Ayuntamiento de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid, personado como acusación particular en la investigación que realiza el Juzgado de Instrucción número 47 de la capital sobre la presunta estafa, ha solicitado el embargo de bienes de Luis Medina «en la cuantía total de 1.140.927 euros, en la que se incluye el valor total de las ganancias obtenidas por el mismo en perjuicio del Ayuntamiento de Madrid (912.742 euros) y el resto (228.185 euros) en concepto de costas».
Según informa Efe, en el escrito, la abogada del Ayuntamiento pide que se realice una averiguación patrimonial a través del Punto Neutro Judicial para proceder al embargo «de los bienes contratados, a efecto de asegurar las responsabilidades pecuniarias».
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