Luis Medina a su llegada al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid
Caso Mascarillas
Luis Medina niega el alzamiento de bienes porque «nadie le notificó» embargo ni prohibición de retirar dinero
El empresario madrileño y su socio Alberto Luceño han declarado hoy ante el juez como investigados por presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid. El magistrado ha decretado la retirada de pasaportes para ambos
Luis Medina y Alberto Luceño se sentaban este lunes frente al juez Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, a las 12.30 horas. Ambos estaban citados para tomarles declaración como imputados por un presunto delito de estafa agravada al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario al inicio de la pandemia. Como resultado de los tres contratos bajo sospecha, los dos amigos se habrían embolsado unos 5,5 millones de euros en comisiones. El juez ha acordado la medida cautelar de retirada de pasaporte - instada por las acusaciones populares de PSOE, Podemos y Mas Madrid- y ninguno de ambos podrá abandonar el país. Además, tendrán que comparecer cada quince días en los Juzgados de Plaza de Castilla.
La Fiscalía, a través de las informaciones aportadas por la Agencia Tributaria, conocía cómo a finales de marzo de 2020, las cuentas de Luceño y Medina recibieron, respectivamente, sendas transferencias por valor de unos 4,7 millones de euros y cerca el millón de dólares. Ambos han seguido una estrategia similar durante el interrogatorio, negándose a responder a las acusaciones populares y limitando sus contestaciones al magistrado y a sus respectivos abogados.
Además, sobre los empresarios pesan otras irregularidades como falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales que, a los que, en el caso del hijo del fallecido duque de Feria y Naty Abascal, se suma el de alzamiento de bienes.
Para combatir esta última cuestión Medina, que según ha podido saber El Debate por fuentes cercanas a la causa «estaba deseando poder defenderse en sede judicial», ha alegado que, «en ningún momento» se le «notificó» o se le «prohibió» que pudiese disponer libremente de su patrimonio hasta el momento en el que el juez decretó el embargo de sus cuentas bancarias.
Medidas cautelares
Concluidas ambas declaraciones, las acusaciones populares ejercidas por el PSOE, Podemos y Mas Madrid han pedido no sólo la retirada de los pasaportes a ambos socios sino, también, la obligación de que comparezcan cada quince días en los Juzgados de Plaza de Castilla. Una medida que ha sido acordada, pocas horas después, por el juez madrileño encargado del caso.
Por su parte, y según han avanzado fuentes judiciales a El Debate, ni la Fiscalía Anticorrupción, ni los servicios jurídicos que representan los intereses jurídicos del Consistorio de la capital han solicitado medidas de control adicionales sobre los imputados. El Ministerio Público decidía esperar a que las solicitudes cursadas por los grupos políticos de la izquierda madrileña, personados en la causa, fuesen resueltas por el magistrado instructor, antes de pronunciarse.
Tres contratos bajo sospecha
La causa judicial abierta contra Medica y Luceño se centra en tres contratos suscritos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid y una sociedad domiciliada en Malasia para la compra de un millón de mascarillas KN95, dos millones y medio de guantes y 250.000 test rápidos, en los meses iniciales de la crisis sanitaria del COVID-19 por el que el Consistorio madrileño abonó unos 11 millones de euros.
La tesis de la Fiscalía es que Luceño «impuso» los precios de cada una de las partidas al Ayuntamiento y omitió que «un elevado porcentaje» de dicho presupuesto será recibido tanto él como por Medina. El papel de este último en la operación fue, según se ha conocido hasta el momento, el de actuar como intermediario entre el Ayuntamiento de Madrid y Luceño «aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde».
Cuentas bancarias vacías
El problema se daba en los últimos días cuando el magistrado, al dirigirse a las cuentas bancarias de los dos empresarios, detectó que no había dinero suficiente para asegurar el pago de las posibles responsabilidades económicas que podrían tener que asumir, en caso de que finalmente sean acusados y condenados.
Por ello, ha reclamado fianzas elevadas. Casi 900.000 euros de fianza a Medina -quien sólo dejó 247 euros de saldo y ningún rastro de los dos bonos bancarios que adquirió con el dinero ganado- a quien, además, han embargado el yate adquirido con parte del dinero ingresado por la comisión recibida,y sus derechos hereditarios que ascienden, según los cálculos preliminaries, a unos cuatro millones de euros.
En el caso de Luceño no ha trascendido imputación en este sentido al hilo de un pormenorizado escrito aportado, voluntariamente, al juez Carretero en el que no sólo se comprometía a seguir aportando dinero hasta alcanzar la cantidad que le exigen como fianza las acusaciones, sino en el que desglosaba todos los gastos personales y empresariales de su sociedad -Takamaka Invest- para justificar el estado de sus cuentas.
Sin embargo, el instructor ha constatado que el empresario se ha ido deshaciendo de algunos los coches de lujo que compró tras la operación, de modo que sólo ha podido dictar embargo sobre un piso de su propiedad, en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y bloquear 130.000 euros de sus cuentas. El magistrado no descarta fiar, también, una fianza para este investigado, a la espera de conocer la postura de todas las partes personadas en la causa.
La acusación popular del PSOE en la causa baraja solicitar la imputación por malversación de caudales públicos de la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, que ha sido citada el próximo 9 de mayo como testigo.
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