Joan Carles Miró es el alcalde de Torres de Segre, provincia de Lérida
Torres de Segre
Un pueblo catalán utilizará la «Identidad Digital Republicana» para desconectar del DNI
Impulso Ciudadano pide a la Delegación del Gobierno que anule este acuerdo del Ayuntamiento y lo impugne por «ilegal» y porque vulnera «derechos fundamentales» de los ciudadanos en su relación con los equipamientos municipales
El ayuntamiento de Torres de Segre (Lérida), va a implantar lo que llaman la «Identidad Digital Republicana» en los equipamientos y servicios municipales. En definitiva, se trata, dicen, de «ir creando una red de identificación alternativa para ir desconectando del uso del DNI». Un proyecto que se contempla en el convenio de colaboración entre el Consistorio y el «Consell per la República», el chiringuito separatista que preside Carles Puigdemont desde Waterloo (Bélgica). El convenio, que además del plan piloto para usar la ID Republicana, incluye asesoramiento sobre consumo institucional y ha sido ratificado por el pleno con los votos a favor de los concejales de Junts y ERC, mientras que los 3 del PSC han votado en contra.
El alcalde de Torres de Segre, Joan Carles Miró, asegura que el Ayuntamiento «trabaja codo con codo con el Consell per la República», al que reconoce como la institución «heredera del 1 de octubre para hacerlo efectivo». Y también ha destacado que se trata del primer Ayuntamiento catalán en el que se materializa esta colaboración, después de tres meses en que se ha trabajado «con detalle y discreción» todos los puntos del convenio. Y es que el objetivo, efectivamente, es ampliar este plan piloto a otros municipios de Cataluña.
Esta Identidad Digital Republicana pretende ser, según sus impulsores, «una estructura de Estado» que identifica a los ciudadanos que sean miembros de la institución republicana. En definitiva, sirve para «forjar el censo republicano, crear comunidad y consciencia de colectividad». También se asegura desde el Consell que con la ID se podrá «votar» y, solicitando el código QR, habrá facilidades pera utilizar la app, o la web el «términos de identificación, en reuniones presenciales y también beneficios sociales: consumo estratégico, entidades sociales, medios, clubs...». Eso sí, esta especie de DNI catalán no es gratuito: hay que pagar seis euros si sólo se pide el QR, y si además se quiere la tarjeta física, 12 euros.
El convenio, además de la ID republicana, contempla que el Consell asesore sobre la contratación pública con el objetivo de realizar «un consumo institucional republicano». Esto es, que sea en clave de «Països catalans», con una perspectiva de género y medioambiental o de respeto a la lengua. Será el próximo 13 de mayo que se presentará el proyecto a los ciudadanos de torres de Segre.
Impugnación ante la Justicia
En este sentido, Impulso Ciudadano ha presentado un escrito en el que pide a la delegada del Gobierno en Cataluña, María Eugenia Gay, que haga uso de sus facultades y, por un lado, suspenda este acuerdo del Ayuntamiento de Torres de Segre y, además, lo impugne ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Consideran desde la entidad que se tratan de unos hechos «muy graves» que van enfocados a «derogar la Constitución» y que además vulneran «derechos fundamentales de los ciudadanos», porque entre otras cuestiones, se verán señalados por disponer o no de esta ID. También apuntan que los concejales que votaron a favor del acuerdo podrían haber cometido un delito de prevaricación.
Impulso Ciudadano recuerda que el acuerdo adoptado es de «enorme gravedad», y «pretende sustituir el Documento Nacional de Identidad por un documento privado sin eficacia administrativa, expedido por los ayuntamientos que carecen de competencias en esa materia, por lo que dicho acuerdo es nulo de pleno derecho al vulnerar la Constitución e invadir competencias estatales».
El presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, dice que «los ciudadanos catalanes y del resto de España tenemos derecho a que las administraciones públicas ajusten su comportamiento a las exigencias constitucionales». Y además, añade, sería «intolerable que una administración local actúe abiertamente para conseguir la derogación de la Constitución y la ruptura de la integridad territorial; pero sería aún más lamentable que el Gobierno de España no interviniera ante un caso así».
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