Rufián pasa por delante de Sánchez y de Calviño en el Congreso
La cruzada lingüística
ERC impone a Sánchez una «policía audiovisual» para blindar el catalán en Netflix
El PSOE ha pactado con los republicanos crear un «grupo de supervisión» en la nueva Ley Audiovisual. Se encargará de vigilar que las lenguas cooficiales reciben el trato preferente acordado
Esquerra le ha impuesto a Pedro Sánchez una especie de policía audiovisual en la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que vele por el cumplimiento de las cuotas mínimas del catalán y el resto de lenguas cooficiales.
Lo llamarán, en concreto, «Grupo de Autoridades de Supervisión». Y, por imperativo de los republicanos, tendrá entre sus funciones «intercambiar información y mejores prácticas sobre el funcionamiento de los mecanismos de fomento y promoción de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas».
Suma y sigue en la cruzada lingüística del independentismo, que en paralelo está pergeñando cómo eludir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que el 25 % de las clases sea en castellano. Aunque, de momento, lo único que han conseguido en su intentona es abrir un nuevo cisma interno.
Alega falta de «consenso»
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La Ley Audiovisual fue uno de los peajes que los de Oriol Junqueras cobraron al presidente del Gobierno el pasado mes de diciembre para votar a favor de los Presupuestos de 2022, los de la tranquilidad de Sánchez (probablemente en 2023, año electoral, le será muy complicado aprobar otros y tendrá que prorrogar esos).
El pozo sin fondo de ERC
Inicialmente, el PSOE ya accedió a la pretensión de ERC de obligar a las plataformas como Netflix a garantizar un 6% de su catálogo en catalán o alguna otra lengua cooficial. También a destinar al menos 15 millones de euros anuales de las arcas del Estado a la producción de películas y series en catalán y a crear un fondo para asegurar el doblaje y los subtítulos en catalán de las producciones de plataformas internacionales.
Ocurre, no obstante, que durante la tramitación parlamentaria Esquerra ha ido encareciendo el precio de su apoyo a esta ley, consciente de la debilidad parlamentaria de Sánchez y de su necesidad de tener contentos a sus socios (más ahora con la crisis del espionaje, que ha provocado el mayor test de estrés a la legislatura). Actualmente, el texto afronta su última fase en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso.
El grupo parlamentario comandado por Gabriel Rufián ha conseguido que el PSOE le acepte varias enmiendas parciales que recogen nuevas demandas y que se incorporarán al texto final de la ley. Entre ellas, esta especie de inspección.
El proyecto de ley que inicialmente aprobó el Consejo de Ministros recogía la creación de un «Grupo de Autoridades de Supervisión para los Servicios de Comunicación Audiovisual», formado por representantes de las autoridades nacionales y autonómicas en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual. Pero solo le atribuía como función «intercambiar experiencias y mejores prácticas» sobre la aplicación del marco regulador.
Hasta que llegó ERC para añadir, con el visto bueno del PSOE, otros dos cometidos mucho menos etéreos y más políticos. Uno es vigilar que las lenguas cooficiales reciben el trato preferente pactado con Gobierno de coalición. Otro es el cuidado de «los usuarios y los menores».
En negrita, los añadidos pactados por ERC con el PSOE
A mayores, los independentistas se aseguran el control total del fondo que los republicanos pactaron con el Gobierno en diciembre para asegurar el doblaje y los subtítulos en las lenguas cooficiales.
Porque otra de las enmiendas acordadas con el PSOE estipula que todo el dinero de ese fondo, que se nutrirá de aportaciones del Gobierno central y de las autonomías que tienen lenguas cooficiales, «será transferido en su totalidad» a dichas comunidades.
Los socialistas no solo han sido complacientes con ERC, sino también con el PNV. Los nacionalistas vascos llegaron a presentar una enmienda a la totalidad del proyecto de ley que retiraron en febrero, in extremis, porque aseguraron haber constatado la «voluntad de negociación» del PSOE.
El Gobierno está deseando cerrar de una vez el capítulo de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que no deja de tener su carga ideológica. En la exposición de motivos, el Ejecutivo subraya que los servicios de comunicación audiovisual son «una herramienta para transmitir valores, significados e identidades, así como para contribuir a preservar la diversidad cultural y lingüística en una sociedad, transmitir una imagen igualitaria, no discriminatoria, no sexista y no estereotipada de mujeres y hombres y, en último término, educar y formar a sus miembros».
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