Dolores Delgado tomando posesión de su cargo, en febrero de 2020
Ministerio Público
Asociaciones de fiscales afean a Delgado que use la «perspectiva de género del Gobierno» para justificar sus nombramientos
La fiscal general del Estado ha vuelto a ascender a un candidato anulado por el Supremo para cubrir un puesto en la Fiscalía de Menores, motivando su decisión en cuestiones «puramente ideológicas»
Dolores Delgado no ha defraudado en su vuelta a la actividad de la Fiscalía General del Estado, tras una baja médica de dos meses. La socialista ha regresado, como viene siendo habitual desde que llegase designada al cargo por Pedro Sánchez, envuelta en una nueva polémica. No sólo la titular del Ministerio Público ha reeditado el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores después de que el Supremo acordara, el pasado mes de abril, anular de manera parcial su elección, por falta de motivación sino que la decisión –adoptada el pasado 5 de mayo por la titular del Ministerio Público y confirmada esta misma semana por el Ejecutivo– llega apoyada, en esta ocasión, en una batería de argumentos que han concitado la crítica de las asociaciones de fiscales con mayoría en el Pleno del nuevo Consejo Fiscal.
Delgado reiteraba su decisión apelando, entre otras cuestiones, a la mayor experiencia y capacitación de su designado, el fiscal Esteban Rincón –miembro de la Unión Progresista a la que ella misma perteneció antes de ingresar en la política activa– y a la «falta de sensibilidad en perspectiva de género» del otro candidato que optaba a la vacante, José Miguel de la Rosa, quien obtuvo mayoría de apoyos en el seno del Consejo saliente. El entorno asociativo no ha tardado en reaccionar a las razones de la fiscal general e, incluso, se plantean nuevos recursos judiciales contra esta segunda entrega de la socialista.
«Las alusiones peyorativas a uno de los candidatos para justificar al otro, son muy preocupantes porque además de innecesarias, no obedecen a razones técnicas, sino del 'modelo' que quiere imponer la FGE en la Fiscalía», han denunciado a El Debate desde la Asociación Profesional Independiente (APIF).
«Ella cree que el Ministerio Fiscal es el instrumento para aplicar la política criminal del Gobierno, y por ello necesita fiscales que comulguen con su proyecto. Así, se otorga a sí misma la libertad de elegir, por razones políticas a quien desee para cualquier puesto. Pero es que el Fiscal se debe a la ley (artículo 24 de la Constitución Española) para aplicarla con imparcialidad. El Fiscal está en la esfera del Poder Judicial, no del Ejecutivo. Esa visión del Fiscal como apéndice del Gobierno es una visión interesada que no viene recogida en nuestro ordenamiento pero ella –y algunos fiscales generales anteriores– se la cree. La Fiscal General parece no distinguir entre dirigir el Ministerio de Justicia de la institución Fiscal. Tendría que haber cambiado ya el chip», han afeado.
Ni rastro de los «méritos» del elegido
Las sentencias del Supremo que anularon el Real Decreto ministerial –dando respuesta a los recursos planteados por el propio candidato descartado y por la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF)– ordenaban revertir las actuaciones al momento inmediatamente anterior a que la fiscal general del Estado formulase la propuesta de nombramiento de Esteban y realizar una «nueva propuesta motivada». Y ésta ha sido la posición de Delgado: emitir un nuevo informe de veintidós páginas en el que desarrollar, pormenorizadamente, las cuestionadas razones del nombramiento de su favorito para el cargo.
Entre las mismas, la fiscal ha destacado su «mayor experiencia en la gestión, coordinación y supervisión de plantillas (...); mayor experiencia en la coordinación de la Fiscalía de Menores, durante su etapa como Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid (...); mayor conocimiento en Derecho constitucional, aspecto que considero sencillamente fundamental (...); se encuentra en mejor disposición para elaborar nuevos criterios que aborden el tratamiento que debe ofrecerse a los derechos fundamentales de las y los menores de edad (...); acredita mayor capacidad para el desarrollo de una actuación coordinada con las autoridades y órganos competentes en las distintas Administraciones (...); y, hasta hace escasos meses se encontraba desarrollando tareas propiamente jurisdiccionales ante el Tribunal Constitucional». Amén de la criticada «perspectiva de género» de la que, a juicio de la titular del Ministerio Público, adolece el otro aspirante al cargo quien, por cierto, partía con mayor categoría profesional en el escalafón de la Carrera.
El Alto Tribunal afeó a Delgado que en su propuesta inicial de nombramiento ignorase al otro candidato y que tampoco dijera «nada» de los méritos en materia de menores del fiscal que, finalmente, se hizo con la plaza. «La motivación de la fiscal general del Estado no cumple las exigencias mínimas», señalaron entonces los magistrados.
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