El líder de ERC, Oriol Junqueras, en una rueda de prensa sobre el espionaje
Juicio del procés
El TC da diez días al separatismo para contestar las dos demandas de malversación pero congela el plazo por un error informático
El órgano fiscalizador ha dado traslado a los independentistas catalanes de los escritos planteados por la Abogacía del Estado y Convivencia Cívica Catalana para que devuelvan los más de 10 millones de euros irregularmente utilizados en el 'procés'
Diez días. Ése es el plazo legalmente previsto para que los líderes separatistas del procés, requeridos por el Tribunal de Cuentas, contesten a las dos demandas planteadas por la Abogacía del Estado y la entidad Convivencia Cívica Catalana, para que devuelvan los más de 5,4 millones de euros malversados con cargo a la independencia de Cataluña, durante el aciago otoño de 2017. Sin embargo, una incidencia que, hasta la fecha, impide al órgano fiscalizador acceder correctamente a unos archivos de datos vinculados a la causa, ha dejado el contador en suspenso hasta que se resuelva. Pese al error informático, y según ha podido saber El Debate, el procedimiento administrativo sigue su curso en la causa que se dirige contra un total de veintiocho excargos de la Generalitat emplear fondos públicos para financiar la red internacional de embajadas separatistas o Diplocat.
No en vano, se trata del primer avance desde que, el pasado mes de marzo, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas decidiese aceptar, no sin provocar una amplia polémica, los avales presentados por el actual Govern de Cataluña a través del Instituto Catalán de Finanzas para hacer frente a la fianza impuesta los denunciados. Una decisión que revocaba la postura de la instructora inicial del caso, que no los aceptó de entrada al interpretar que la ley no permite dar cobertura pública al patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración «que hubieran obrado con dolo, o culpa o negligencia grave en la generación del daño, sea este ocasionado a aquella o a terceros».
Sin embargo, y tras la renovación de dos de los miembros de la Sala, la propuesta de la nueva ponente a cargo del asunto, Rebeca Laliga –consejera a designación del PP–, contraria a que las fianzas se garantizasen con dinero público, se topaba con el rechazo de los otros dos miembros progresistas de la Sección. Una opción que los expertos calificaron de «disparatada».
Entre los reclamados por su responsabilidad contable están los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras o los exconsellers Romeva, Homs o Andreu Mas-Colell
Así las cosas, mientras en el mes de octubre se había rechazado, con mayoría conservadora, por la delegada instructora Esperanza García, la aceptación unos meses después de la inédita fórmula por parte de la Sala de Enjuiciamiento provocaba ampollas en el seno del órgano fiscalizador. Y es que, la decisión, no lo era del Tribunal como tal, sino de una sección del mismo que no está sometida al control de la totalidad de sus integrantes. Muchos de los ellos se negaron entonces a «ser partícipes de la tropelía» orquestada al alimón por dos recién llegados –a propuesta del PSOE– los exmagistrados Rosario García y Diego Íñiguez.
La causa sigue su curso
El Tribunal de Cuentas, encargado de la «fiscalización externa» y «permanente» de la actividad económico financiera del sector público, en base a los principios de «legalidad y buena gestión», es por tanto el órgano responsable de enjuiciar «la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos». Una función que le corresponde de manera exclusiva e independiente a la «potestad disciplinaria» y la «jurisdicción penal».
Por ello, y pese al revés inicial en el marco de las garantías admitidas para el pago de las fianzas, el TC continúa avanzando en depurar unos hechos delictivos tan graves como los condenados por el Tribunal Supremo en su sentencia de octubre de 2019.
De la responsabilidad civil derivada de aquella sentencia del Alto Tribunal nacen las actuaciones de Cuentas por las que, al hilo de dos reclamaciones planteadas -y ya notificadas a los interesados- por la Abogacía del Estado y Conviviencia Cívica Catalana se pide a más de treinta ex altos cargos de la administración autonómica de Cataluña, una liquidación provisional de los gastos indebidos durante el proceso secesionista, principalmente los que se refieren a la citada «acción exterior».
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