Tribunal Constitucional
Poder Judicial
El PSOE registra la reforma legal con la que aspira a controlar el Constitucional
El Grupo Parlamentario ha enviado al Congreso de los Diputados la Exposición de Motivos con la que justifican la necesidad de habilitar al CGPJ en funciones para nombre a sus dos magistrados para la renovación del Tribunal de Garantías
Para «evitar» la situación de parálisis en la «renovación de los órganos constitucionales» que el propio Gobierno provocó con su modificación exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para impedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones su potestad de nombramiento de jueces y magistrados, el grupo Parlamentario socialista ha registrado en el Congreso la propuesta de nueva modificación de la misma norma, con la que busca desbloquear la renovación del Constitucional prorrogado desde este mismo mes de junio. Así lo han hecho constar en el texto entregado este viernes a la mesa del Congreso en el que se consuma el atajo diseñado por el Ejecutivo que aspira -en «tramitación directa» y «lectura única»- a controlar la mayoría del Tribunal de Garantías.
«Actualmente se da la situación de que el Consejo General del Poder Judicial carece del presupuesto legal habilitante para elegir a los dos Magistrados que por mandato constitucional les corresponde proponer», arranca la iniciativa del PSOE. «Esto es debido a que la facultad para poder proponerlos se encuentra reconocida en el artículo 560.1.2ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, precepto que regula el conjunto de facultades que legalmente se le atribuyen a este órgano con carácter general», y que el propio Gobierno, con el apoyo de sus socios de Podemos, alteró mediante el «artículo 570 bis con el propósito de restringir las facultades atribuidas con carácter general» al CGPJ una vez ha finalizado su mandato natural de cinco años.
Es decir, «el nuevo régimen» legal impuesto por la vía de urgencia por el PSOE, a finales del año pasado, y que recibió la crítica unánime de la Carrera Judicial, «establece para el Consejo cuando éste pasa a estar en funciones» la imposibilidad de «nombrar», entre otros, « a los dos Magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde designar, lo que abocaría a esperar la renovación del Consejo para dicha designación».
Y, por ello, los socialistas quieren volver a retocar ese mismo artículo que introdujeron -el 570 bis de la LOPJ- «a fin de introducir entre las facultades conferidas al Consejo General del Poder Judicial en funciones la de nombrar a los dos Magistrados del Tribunal Constitucional que, en los términos previstos, le corresponde designar».
Fin de las negociaciones con el PP
Así las cosas, el Partido Popular ha confirmado su decisión de interrumpir las negociaciones con el presidente Pedro Sánchez, para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La ruptura de las conversaciones que, tras la llegada de Alberto Núñez Feijoo a la sede de Génova, se habían retomado de la mano de Esteban González Pons quedan en suspenso a raíz de la decisión unilateral del Gobierno de registrar una proposición de ley que se tramitará por la vía de urgencia para que el órgano judicial pueda volver a proponer a dos magistrados para la renovación del Tribunal Constitucional.
Si hay dos cosas que han molestado a la dirección del PP es que se hayan tenido que «enterar a través de los medios de comunicación» y que la decisión se haya tomado de manera «unilateral». «Cuánto más desprecio nos haga, más se endurecerá nuestra postura», relataban fuentes populares a El Debate visiblemente molestos y fijando un claro cambio de rumbo respecto a su postura anterior con el ala socialista del Ejecutivo.
No en vano, el Partido Popular que había enfriado la interlocución durante la campaña electoral en Andalucía y - tras fijar alguna línea roja en relación al magistrado Conde-Pumpido que ha recibido el veto de los de Núñez Feijoo como candidato a la presidencia del Constitucional o del propio CGPJ- es consciente de lo que está en juego. Una politización, todavía mayor, de ambos órganos y el cambio de orientación del Pleno, actualmente conservador, a una mayoría progresista podría suponer un escollo en la resolución de los recursos más polémicos pendientes de resolverse en el Tribunal de Garantías.
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