El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes (d)
Poder Judicial
El PSOE prepara una reforma legal para renovar el Constitucional incluso con el CGPJ en funciones
La nueva norma que proyecta el Gobierno revocaría la reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la que el Gobierno anuló al Consejo la postestad de hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial
Hecho y deshecho. El Gobierno insiste en sus maniobras para renovar el Constitucional, que pasará de una mayoría conservadora a otra progresista, pese al bloqueo exprés que el propio Ejecutivo impuso hace unos meses al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para impedir que realizase nombramientos de jueces y magistrados mientras continuase en funciones prorrogadas. Ahora, el PSOE se prepara para presentar -este viernes, en el Congreso de los Diputados- un proyecto de ley que se tramitará, de nuevo, por la vía de urgencia, para que el Consejo -que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018- pueda proponer a los dos, de los cuatro, magistrados que le corresponden para la renovación del Tribunal de Garantías que, de acuerdo a los plazos legales, debe abordarse en este mismo mes de junio.
Es decir, los socialistas reformarán la ley ad hoc para permitir al CGPJ realizar los dos nombramientos que el Gobierno necesita para controlar el Constitucional, pero no para autorizar a que cubra las vacantes que desangran al Supremo más mermado de la historia de nuestra democracia, como consecuencia de los vetos impuestos al Consejo en base a la modificación legal que, ahora, pretenden revocar de manera parcial.
El Gobierno impulsó, en marzo de 2021 la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), aprobada en marzo de 2021, que prohibía al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial estando en funciones. Una modificación normativa que provocó un rechazo unánime en el ámbito judicial, que ha suscitado duras críticas de la Comisión Europea de Justicia y que ha provocado una parálisis institucional severa, entre otros, en el Tribunal Supremo.
Un Constitucional también caducado
El mandato de cuatro de los doce magistrados de la Corte de Garantías caducaron el pasado domingo y, con ellos, se avivó la incertidumbre sobre cuándo y cómo serán sustituidos. La Constitución dicta que este tercio corresponde renovarlo al Ejecutivo y al Consejo General del Poder Judicial, proponiendo dos candidatos cada uno, pero la falta de acuerdo entre PSOE y PP para pactar un nuevo CGPJ ha provocado que el actual no pueda nombrar a los suyos, lo que arroja dudas sobre si Moncloa puede actuar en solitario y avanzar de manera unilateral.
La Constitución establece en su artículo 159 que «los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres», siendo nombrados por el Rey «cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial».
Del tenor literal del precepto se desprende que la Carta Magna obligaría a renovar por tercios completos, de modo que tanto el Ejecutivo como el CGPJ tendrían que postular a sus dos magistrados para presentar un 'pack' cerrado. Así lo han confirmado a El Debate fuentes próximas al órgano Constitucional.
Comentarios
