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Directo | Calviño asegura que el Gobierno de Sánchez «siempre he respetado y defendido las instituciones»
La cumbre de la OTAN y la gestión del Gobierno protagonizan la última sesión de control en el Congreso de este periodo de sesiones
A la última sesión de control en el Congreso de este periodo de sesiones no asiste ni el presidente, Pedro Sánchez, ni seis de sus ministros, entre ellos los titulares de Exteriores, José Manuel Albares, y Defensa, Margarita Robles, que dado que todos ellos son anfitriones de la Cumbre de la OTAN en Madrid.
El diputado del PP, Jaime de Olano, inicia la sesión, pidiéndole en su pregunta a la vicepresidenta Calviño que «deje de ocultarse» siempre detrás «de los mismos mantras» para negar una realidad en la que el PIB del primer trimestre se ha estancado en el 0,2 % y la inflación ha escalado al 10,2 % interanual.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, asegura, respondiendo al conjunto de la interpelación de Olano, que siempre ha «respetado y defendido» las instituciones, tras acusarle tanto el portavoz del PP como los de Vox y Ciudadanos de haber cesado al presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Juan Rodríguez Poo.
«Para que no quede ninguna duda, yo no he presionado ni cesado al líder de ninguna institución independiente», ha afirmado la vicepresidenta , después de la polémica generada por la dimisión del presidente de INE.
El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha acusado a Calviño de formar parte «del batallón de asalto a las instituciones del Estado», mientras que el de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, augura que el Gobierno colocará al frente del INE «a otro Tezanos cualquiera».
Calviño insiste en sus respuestas que el Gobierno está actuando «con rapidez, con eficacia y con justicia», y que la respuesta que hubiera dado el PP ya la conocen los ciudadanos «porque la sufrieron hace una década».
Calviño acusa a los populares de ocultarse tras los ataques, «porque no quieren explicar si van a apoyar las últimas medidas anticrisis del Gobierno, es decir, si van a dar su visto bueno a que baje el IVA de la factura de la luz, a que se congele el precio de la bombona de butano y a que suban las pensiones no contributivas, entre otras cosas».
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, acusado a la ministra de Economía, Nadia Calviño, de que su gobierno es un lastre para la economía española y el conjunto de el país. Calvino, por su parte, le pide que «no haga chistes» a los trabajadores del INE y del CIS. «Comprendo que no le guste que la cumbre de la OTAN esté saliendo bien», le ha apostillado Calviño, acto seguido, Espinosa.
Edmundo Vals, a su vez, a acusado en su intervención al Gobierno de «erosionar las instituciones del Estado». Calviño le ha contestado que «le aclaro que no ha cesado a nadie» y que el Gobierno está adoptando «medidas eficaces» y que toma medidas «con determinación» que apoyan a las clases medias y a los colectivos más vulnerables.
«¿Cumple el Estado español los estándares del Estado de Derecho?», le ha preguntado el portavoz de Junts, Josep Pagès, a lo que Calviño ha contestado que sí, efectivamente, los cumple y que es el PP, en cambio, el que quiere crear unas instituciones a su imagen y semejanza.
El diputado popular, Mario Garcés, ha preguntado sobre las ayudas públicas aprobadas el lunes en el Consejo de Ministros para seis empresas que habían acudido al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
La ministra, María Jesús Montero, en su respuesta a Garcés, ha defendido las 30 operaciones aprobadas por el fondo de rescate por un total de 3.255 millones. La ministra ha acusado al PP de «criticar las ayudas a las empresas como forma de decir que el Gobierno no gestiona bien». Las ayudas, ha contestado Montero, han ido «a las empresas que lo han pedido y que cumplían con los requisitos del Consejo de Ministros».
El diputado Garcés se ha referido también a la crisis abierta en Indra tras el cese de varios de sus consejeros, a lo que Montero ha contestado que «si quieren preguntar por Indra, pregunten por Indra, pero no alteren el orden del día de la sesión».
José María Figaredo, diputado de Vox, ha señalado que este Gobierno es el más caro de la historia, «permitiéndose crear incluso direcciones generales para amigos íntimos del presidente del Gobierno. Y en esa situación, España se enfrente a una situación económica complejísima». Le pido, señora ministra, que dejen ustedes de gastar en marketing y gasten en las cosas que de verdad afectan a todos los españoles«. »¿Qué han hecho ustedes en Castilla y León? Han aumentado el gasto en asesores un 20 %. Por tanto, hágaselo mirar", le ha contestado Montero.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defiende el respeto «escrupuloso» en las actuaciones policiales para defender la frontera de Melilla de «ataques violentos» como el ocurrido el pasado viernes, asegurando que no tiene «ningún complejo» ante controles internos y externos como el planteado en investigaciones de la Fiscalía General del Estado o Naciones Unidas. Marlaska afea a los grupos que hagan una «interpretación parcial» e «interesada» de lo que dijo Sánchez cuando calificó que el incidente en Melilla había sido «bien resuelto» por la actuación conjunta de las policías españolas y marroquíes. «El presidente del Gobierno en modo alguno ha justificado ninguna vulneración de derechos humanos», insiste Marlaska.
El titular del Interior señala que no tiene «ningún complejo» a someterse a controles externos o internos sobre el trabajo policial en la «frontera de Europa con Marruecos». «Un Estado de derecho no puede aceptar en modo alguno ataques violentos a su frontera y sus fuerzas de seguridad», reitera.
En este sentido, Marlaska responde a Bildu calificando de «falsedades» que gendarmes marroquíes cruzaran al lado español para contener la entrada de más de 2.000 subsaharianos, de los que 133 lograron acceder a Melilla y ser atendidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Para Grande-Marlaska, sin embargo, el Ejecutivo lleva a cabo una «política seria» en la que se cumple la ley «escrupulosamente» para garantizar flujos migratorios que ha calificado de «legales, seguros y ordenados», además de luchar contra las mafias.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, alerta del «peligro» que supone la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la «pluralidad y diversidad» de España, del mismo modo, dice, que supone la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el aborto, «que tampoco ha respondido a pluralidad y diversidad» ni «a las necesidades de las mujeres».
«España cumple con los estándares del Estado de derecho» y «respeta las instituciones», defiende Llop al ser preguntada al respecto de ese cumplimiento del Estado de derecho en el Pleno del Congreso por el diputado del grupo parlamentario Plural, Josep Pagès, si bien lamenta que el Gobierno aun tenga «una asignatura pendiente» como es la renovación del CGPJ.
Debido, señala, «a un bloqueo absolutamente injustificado» del grupo parlamentario popular, al que acusa de no permitir que el órgano de gobierno de los jueces «responda a ese Parlamento plural y diverso que tenemos en España», para crearlo «a su imagen y semejanza».
Alerta así de lo «peligroso» de esta situación, comparándola con lo ocurrido con «la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que tampoco ha respondido a la realidad de la pluralidad y la diversidad y a las necesidades de quienes somos la mitad de la población en el mundo, a las necesidades de las mujeres».
La ministra señala que eso es lo que debería preocupar a un demócrata, a lo que el diputado le responde que lo que le tenga que preocupar a su grupo serán ellos quienes lo tengan que decidir.
«No le he preguntado por el Consejo General del Poder Judicial ni por la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos», protesta Pagès, que opta por cuestionar a la ministra sobre cuándo tenía pensado modificar los delitos de sedición y rebelión, y advierte que sería «inaceptable» que los indultos a los condenados por el «procés» en Cataluña se anulasen y que eso «dependa del cambio en una sala del Supremo» que debe resolver los recursos en contra de esas medidas de gracia.
Llop responde insistiendo en que el Gobierno está «día a día fortaleciendo el Estado de derecho», así como la «cohesión social y territorial de este país», lo que también, ha observado, «seguro que le importa mucho», y se refiere al informe sobre el espionaje a políticos catalanes.
Respecto a la supuesta persecución a políticos en Cataluña, Llop destaca además que entre los más de 11.000 cargos públicos en Cataluña, «muchos de ellos independentistas», «únicamente siete han sido condenados e indultados por este Gobierno».
En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, contesta al diputado del PP, Andrés Lorite, que pide explicaciones al Ejecutivo sobre «su pretensión de eliminar servicios básicos de transporte en las zonas rurales, conforme ha establecido en la redacción del nuevo mapa concesional de servicios regulares de transporte por carretera».
La ministra de Transportes acusa en su respuesta al PP de recoger un «bulo infundado» sobre el proyecto del nuevo mapa concesional de servicio de autobús en carretera, asegurando que se va «a garantizar la movilidad de los ciudadanos» y que se sigue trabajando con las comunidades autónomas para aprobar este nuevo texto.
A este respecto, Raquel Sánchez ha alegado que este documento del Nuevo Mapa Concesional se trata de un texto de trabajo que se está trabajando a nivel técnico y que, según dice, se trata de un «bulo infundado» que se va a eliminar servicios básicos de autobús en algunas zonas.
«El actual sistema ha quedado caduco y es nuestra responsabilidad, para garantizar la movilidad de los ciudadanos, y eso lo vamos a hacer, con diálogo y con acuerdo para que sea un mapa complementario», defiende la ministra Sánchez.
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, segura que está «enormemente cómodo» en el Gobierno y «profundamente orgulloso de los principios de este país». Responde así Garzón en el pleno del Congreso a una pregunta del diputado del PP, Pedro Navarro, sobre si comparte «el orgullo que supone para España albergar una cumbre de la OTAN».
El diputado recuerda que su organización, IU, hace unos años creía que la OTAN era «una organización terrorista legal», y se ha referido a la manifestación del domingo contra la celebración en Madrid de la cumbre de la OTAN, en la que se exhibieron pancartas con Stalin y Lenin, y que fue convocada, entre otros colectivos, por IU.
Navarro precisa que se llamó «señores de la guerra» y nazis a los líderes que iban a acudir a este encuentro y pregunta a Garzón si considera al presidente del Gobierno o a los ministros de Interior y de Defensa que también lo son.
Garzón, que reconoce que IU, de la que es coordinador federal, se creó hace 35 años «al calor de las movilizaciones» en contra de la entrada de España en la OTAN, desde entonces tiene como objetivo «preservar la paz y garantizar la autonomía de los países europeos en lo económico, social y material», un modelo «bien diferente» al del PP.
Pero, añade, «su anticomunismo tiene cura» y le recomienda que vaya a la sala Constitucional del Congreso y que observe que en ella hay miembros del partido Comunista, que también «lucharon por construir derechos y traer la democracia a este país».
Para el ministro, la derecha tiene «un concepto militar de la seguridad y de los conflictos», que solucionan «con más armas, muros, policías y vallas», mientras que «para nosotros la seguridad es un conflicto civil» que proviene de la «desigualdad y la lucha por los recursos» y se muestra seguro de que «nuestro camino es el mejor para preservar la paz».
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