Bárbara Royo: «La Ley Montero del 'sólo sí es sí' es pura propaganda»

Bárbara Royo García comenzó su andadura profesional en el año 1999, de la mano del prestigioso penalista Manuel Cobo del Rosal. En el año 2003 fundó su propio Despacho y, recientemente ha fusionado su proyecto con otros dos profesionales –del ámbito del derecho civil, familia y mercantil– creando la firma Royo & Becerro & Peñafort, que ofrece asistencia jurídica integral a sus clientes. Desde su comienzo, Royo se ha especializado en el Derecho Penal y el Penitenciario y, hace unos meses ha incorporado la jurisdicción militar. Tras más de veinte años de experiencia se ha convertido en un referente en la materia donde ha cosechado importantes éxitos en numerosos asuntos de gran trascendencia jurídica y mediática, tanto ejerciendo la acusación como la defensa de sus clientes.

–¿Qué es lo que define a un buen o mal abogado penalista?

–Creo que mucho trabajo y mucho conocimiento de leyes. Un abogado penalista no tiene un horario. Lo mismo tienes que salir a las 03:00 a comisaría como no puedes casi dormir durante un juicio que dura dos semanas. Además, es importante actualizarte constantemente para estar al día de las reformas y de las nuevas normas.

–Usted ha planteado la defensa de algunos casos, como el del asesino de Pioz, con argumentos nuevos...

–El Código Penal recoge lo que yo planteé en ese procedimiento porque ya hay artículos donde se establece una eximente por trastornos mentales. Otra cosa es cómo se interpreta esa ley y sobre todo cómo se aplica a la jurisprudencia. En Estados Unidos, y en prácticamente toda Europa, incluso en Asia, desde hacía muchísimo tiempo se reconocían daños cerebrales que no tuviesen que ver con una enfermedad psiquiátrica –la psicosis, por ejemplo– como atenuante e incluso eximente. En mi caso, yo busqué una eximente incompleta incompleta para Nogueira, que sufre una psicopatía, por daños cerebrales. Las relaciones entre cerebro, daños cerebrales y conducta son conocidas y hay miles de estudios científicos que desde el siglo XIX se han aplicado en otros países con grandes reducciones de condena.

–¿Estamos desfasados en España?

- En nuestro sistema, la Justicia habla de trastornos cuando pierdes el contacto con la realidad pero no se hace una analogía con otro tipo de trastornos como el que padece, por ejemplo, Patrick Nogueira que no perdió nunca ese contacto pero que sí tiene graves lesiones cerebrales que le hacen incapaz de inhibir sus impulsos. Yo, su caso, lo planteé a partir de una neuroimagen aportada en el juicio, donde se veía que tenía el cerebro como un queso gruyere agujereado. No había conexiones neuronales y, por tanto, es incapaz de controlarse.

En nuestro Código Penal. Para que una conducta sea dolosa se necesita conocimiento y voluntad. La impulsividad está relacionada con la voluntad. Si falla la voluntad, porque no puedes controlar la impulsividad debería de aplicarse una eximente incompleta. Eso es lo que llevó ante el tribunal. Como era un jurado popular no lo entendieron y las forenses del Instituto de Medicina Legal de Guadalajara tampoco estaban muy puestas en el asunto. Con esa falta de conocimiento que tenemos en España es muy difícil introducir cosas nuevas que se están aplicando en otros países de nuestro entorno. Yo jamás pretendí la absolución de Patrick Nogueira, simplemente pretendía una eximente incompleta.

–Patrick Nogueira resultó impopular, pero no es el único caso. Usted también defendió al asesino de sus hijos en Córdoba...

–Sí, José Bretón.

–¿Por qué un abogado toma la decisión profesional y personal de defender a alguien que a los ojos de la sociedad es un monstruo, en toda su extensión?

–La sociedad lo califica como monstruo pero yo no lo considero así. Primero, porque todo el mundo tiene derecho a una defensa justa. Segundo, no puede haber culpables sin que haya un abogado que les defienda ya que todo ciudadano debe pasar por un juicio para acabar siendo o absuelto o condenado. Los abogados que llevamos este tipo de defensas somos muy criticados, pero la población no se plantea que alguien tiene que hacer el trabajo. Más allá de eso, creo que todo delincuente tiene detrás una historia que hay que contar y nuestro trabajo es hacerlo ante un tribunal: el cómo, el cuándo, el por qué... lo que hay detrás. Las motivaciones que han llevado a una persona a cometer un asesinato que no surge de repente. Y, además, no siempre se busca la absolución, sino una serie de circunstancias que concurren en el delincuente y pueden llevar a una reducción de condena por algún motivo que la sociedad no conoce.

–¿Se ha perdido la presunción de inocencia en España?

–No se ha perdido porque, afortunadamente, tenemos grandes magistrados que cada día luchan porque no se pierda la presunción de inocencia y el resto de derechos fundamentales. Pero, en ciertos aspectos de la criminalidad, sí se pretende.

–¿Se refiere usted, por ejemplo, a la nueva Ley Montero o a la Ley Integral de Violencia de Género?

–Es evidente que se criminaliza, mediáticamente, a una parte de la sociedad –en este caso, a los hombres– en redes sociales, en la televisión, con discursos políticos, populismos... pero no dentro de lo que es el mundo jurídico donde no se ha conseguido, aunque se ha pretendido a través de campañas, pancartas, tuits incendiarios... Las leyes que han ido sacando son propaganda, desde mi punto de vista. Y así ha sido con la Ley Montero sobre la garantía integral de la libertad sexual que parecía que iba a vulnerar la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales que, en realidad, era mero titular. Una ley que no cambia absolutamente nada de lo que ya estaba legislado. Creo que la ministra Montero ha engañado a las mujeres de este país, contándoles que iban a hacer una ley donde todas las mujeres tendríamos garantizada la libertad sexual cuando ya estábamos protegidas. Por tanto, todos aquellos que avisamos que la ley ya nos protegía podemos confirmar que nada de lo hecho cambia lo que había.

La ministra Montero ha engañado a las mujeres contándoles que iban a hacer una ley donde todas tendríamos garantizada la libertad sexual cuando ya estábamos protegidas

Además, como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –es decir, el cauce procesal por el cual puede ser aplicado el Derecho Penal– no ha sido más que un mero cambio nominal, se queda en papel mojado. Aunque el Código Penal diga que 'sólo si es sí', que ya lo decía antes, eso tendrá que analizarse según la Ley de Enjuiciamiento Criminal que sigue exactamente igual porque no se han cambiado las reglas de valoración de la prueba en relación a las garantías constitucionales.

–¿Se está usando la violencia de género con una finalidad ideológica, de ingeniería social, más que de garantía penal o de protección?

–Efectivamente. Todo ese discurso ideológico, feminista, contra la violencia,... son titulares que no tienen nada que ver realmente con la realidad jurídica que vivimos el día a día. Una cosa son los mensajes electorales y otra cómo se aplica la ley en el ámbito jurídico. Pues, de la misma manera que hace dos años, tres, cuatro y hasta cinco, valorando las pruebas que hay en relación a cada testimonio. Que el relato de una mujer que denuncia una agresión sexual sea creíble, verosímil, no contradictorio y esté corroborado por algún elemento externo, no ha cambiado. Y si eso se mantiene, la presunción de inocencia estará garantizada.

–¿Existen las denuncias falsas?

–Sí, existen las denuncias falsas. Es una mentira absoluta decir lo contrario. Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial no incluyen las muchas absoluciones por denuncias de mujeres que luego no derivan en una sentencia por denuncia falsa o por falso testimonio. Todos los autos de archivo de denuncias puestas por mujeres, o todas las sentencias absolutoria por falta de pruebas de denuncias puestas por mujeres, no entran en esa estadística. En mi experiencia profesional puedo decir que en mi despacho se han ganado últimamente muchos, muchos casos por denuncias de mujeres, en donde evidentemente la denuncia era falsa y para las que luego el Ministerio Fiscal no ha solicitado deducción de testimonio.

–No hay efecto ejemplarizante... como tampoco parece haberlo en el caso de las madres condenadas por secuestros parentales a las que el Gobierno indultar...

–El indulto también se ha convertido en un mecanismo de propaganda. Aparte de que es una figura absolutamente anacrónica que va en contra de la independencia del Poder Judicial, desde mi punto de vista, y que debería desaparecer. Se sigue utilizando de una manera electoralista. Se le está transmitiendo a la sociedad que cuando una madre que secuestra a sus hijos, o les tiene escondidos viviendo de noche, sin escolarizar y es condenada, el Gobierno va a salir en su rescate porque las mujeres a las que apoya la ministra Montero tienen bula. Como ha pasado con Juana Rivas.

El indulto se ha convertido en un mecanismo electoralista. Si en el caso de Juana Rivas el secuestrador hubiese sido el padre no se habría tratado igual

Si hay algo que me preocupa es que a base de picar piedra, al final algo queda en algún juez. No en todos, ni en el grueso de los jueces, pero el Supremo que siempre ha considerado el secuestro internacional de menores como un delito contra el menor, en el caso de Juana Rivas –que hubo dos secuestros internacionales, de dos menores, por tanto, dos bienes jurídicos protegidos, uno por cada menor– rebajó la condena inicial tras considerar que se trató de un solo bien jurídico que era la familia, la integridad familiar y, por tanto, sólo había un delito. Ha sido un cambio de rumbo absoluto y estoy absolutamente convencida que si el secuestrador hubiese sido un hombre, el bien jurídico protegido hubiese sido plural.

–¿Está saliendo gratis a los políticos criticar por ideología las sentencias judiciales o señalar jueces y acusarlos de prevaricar?

–Que se están cruzando determinados límites es evidente. Los socios del Gobierno, sobre todo, han enterrado completamente a Montesquieu y su separación de poderes, pero no creo que les salga gratis porque están perdiendo credibilidad, legitimidad y cada día desaparecen un poquito más por esta serie de manifestaciones en las que, a mi juicio, están traspasando unos límites inaceptables atacando a jueces que, no es que vayan contra ellos, simplemente están aplicando la ley y cada vez cuentan con menos apoyos.

–Usted ha ganado hasta en dos ocasiones un juicio contra Pablo Echenique, condenado por un delito contra el honor...

–En la libertad de expresión y en la libertad de información no todo vale y, desde luego, no valen los insultos ni las calumnias. En el caso sobre el que me pregunta, la Fiscalía, en primera instancia, dijo que llamar violador a un inocente era libertad de expresión y, en segunda, en la Audiencia Provincial volvió a decirlo y, ahora, en el Supremo lo ha vuelto a decir. A mí eso sí que me parece tremendamente escandaloso.

–¿Qué es lo más satisfactorio de ganar este tipo de causas? ¿Cuál ha sido el caso más complicado al que se ha enfrentado?

–Pues quizá el de José Bretón, que fue muy duro, muy duro porque había dos niños pequeños que habían sido asesinados y quemados en la hoguera y eso es muy duro por muy penalista que seas. Tienes sentimientos, también, y cuando llegas a tu casa por la noche aunque intentas apartarlo no siempre lo consigues.

–¿Son todos los presos reinsertables? Dicho de otro modo, ¿está usted a favor o en contra de la prisión permanente revisable?

–Yo estoy en contra de la prisión permanente revisable por cuestión de principios, porque creo en el artículo 25 de la Constitución que establece que las penas deben estar orientadas hacia la reeducación y la reinserción social de los penados y me cuesta mucho trabajo creer que con una prisión permanente revisable alguien pueda conseguirlo. El castigo entendido como que el preso sabe cuándo entra, pero jamás cuándo sale, provoca una inseguridad jurídica absoluta y, eso, a mí me produce horror.

Estoy en contra de la prisión permanente revisable por cuestión de principios, porque creo en el artículo 25 de la Constitución y lo contrario me produce horror

Además, creo que está mal regulada. El propio Consejo General del Poder Judicial criticó la reforma en 2015, ahora en vigor. Es un caos absoluto que vulnera varios principios constitucionales -bis in idem- porque duplica el castigo en ciertos delitos, como el homicidio doloso, que ya se castiga cuando hay alevosía -en la que el infractor busca la indefensión de la víctima- por ejemplo, como asesinato (homicidio agravado) y, además, en el caso de que se trate de personas vulnerables implica, automáticamente, que se condene a prisión permanente, acudiendo a la hiperagravación del artículo 140 del Código Penal. Por lo que es contemplar una misma circunstancia, indefensión, dos veces. El Pleno del Supremo ha salvado al legislador para arreglar esta duplicidad, recientemente, y la función del Alto Tribunal no es ésa, sino interpretar la ley de acuerdo a la Constitución y sentar jurisprudencia.

–¿Cómo explicar en una sociedad avanzada que debe respetar los derechos del asesino, agresor, delincuente? ¿O qué alguien reincidente vuelve a asesinar o agredir durante un permiso?

–Si la sociedad pretende vivir en un mundo donde no haya delito, se confunde. El crimen es la otra cara de la sociedad, por lo menos en un Estado social y democrático de derecho, donde todos los ciudadanos, incluso los delincuentes, gozan de una serie de derechos y libertades, algo que nos ha costado mucho tiempo conseguir. Si los ciudadanos quieren un Estado donde no se cometa un crimen tendrán que mirar hacia un Estado totalitario. España no lo es y, por tanto, siempre va a haber delincuentes que utilicen sus libertades para hacer el mal. El crimen hay que controlarlo, razonablemente, hasta cifras asumibles, pero pretender erradicarlo es una utopía. Yo creo en la reinserción, creo en la reinserción de la mayoría de los delincuentes. Y, sí, hay algunas excepciones, pero que se podrían llegar a solucionarse si contásemos con medios suficientes para controlarlos.