La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños
El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley de secretos oficiales que irrita a sus socios
Hasta Podemos ha amenazado con no apoyarla si no se logra un acuerdo en las negociaciones posteriores
La clasificación de los documentos secretos en cuatro categorías y que estos dispongan hasta de más de 50 años para ser desclasificados son las principales novedades del Anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales que ha aprobado este lunes el Consejo de Ministros.
En concreto, los documentos secretos se han clasificado en Alto Secreto, Secreto, Confidencial y Restringido. En función de su clasificación los documentos se desclasificarán a los 50 años prorrogables en otros 15 en el caso de los documentos de Alto Secreto, hasta los 4 o 6 años en el caso de los documentos restringidos.
Para el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha sido el responsable de presentar este Anteproyecto de Ley, se trata de una Ley «avanzada y garantista» y «supone un paso más en la regeneración democrática de España».
Sin embargo, mucho tendrá que cambiar el documento que el Gobierno lleve definitivamente al Congreso de los Diputados si quiere aprobarlo ya que todos sus socios, hasta Podemos, se han mostrado contrarios al documento aprobado.
De momento, la otra parte de la coalición de Gobierno, Podemos, ya ha dicho que no le gusta este anteproyecto y podría plantearse no apoyarla en la tramitación parlamentaria, según han asegurado a la agencia EFE fuentes del partido morado.
Enfado nacionalista
Tampoco le gusta a otro de los socios preferentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Para Bildu, «no es aceptable que la reforma propuesta por el Gobierno no toque los principales elementos de una ley franquista, que mantendrá en secreto todo aquello que atacó los derechos y libertades de miles de vascos», ha remarcado la formación abertzale. En su opinión los casos que más les interesa, los GAL, los sucesos de Vitoria del 3 de marzo del 76 o los sucesos de los Sanfermines del 78 “seguirán sin aclararse».
Para el PNV, otra formación cuyos votos son imprescindibles para su aprobación, los plazos que plantea el anteproyecto de ley «son exageradamente largos». Y recuerdan que con toda la tramitación parlamentaria que queda y teniendo en cuenta que va a tener que ser negociado mucho, es complicado que la ley se apruebe esta legislatura, por lo que piden «que se aceleren los plazos para no desperdiciar la oportunidad de actualizar una ley franquista».
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, afirmó a este respecto que «el Gobierno espera que esté aprobada a finales de este año o comienzos del que viene».
Mano tendida del PP
El Partido Popular tampoco apoyará esta ley si se mantiene como indica el anteproyecto. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha recordado que esta ley afecta a la información sensible relacionada con la seguridad del Estado, por lo que «no puede responder a exigencias de carácter político para mantener a un Gobierno o a otro», ha afirmado en referencia a las negociaciones que los socialistas mantendrán con los partidos independentistas para sacar adelante el anteproyecto de Ley.
Los populares, por el contrario, consideran que «parecería lógico que cualquier medida que se adoptase en ese sentido se intentase llegar a un acuerdo con el partido que significa la alternativa, para hacer algo entre ambos que debe continuar en el tiempo», ha afirmado Cuca Gamarra en declaraciones a Europa Press.
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