Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, junto a Carlos Lesmes, presidente en funciones del CGPJ
Poder Judicial
¿Tienen los países de nuestro entorno una Justicia tan politizada como Sánchez en España?
España es uno de los países de Europa con la Justicia más intervenida por el poder político desde que, en 1985, el PSOE de Felipe González modificara la manera de elegir a los vocales del CGPJ
El afán de Pedro Sánchez por controlar las instituciones judiciales ha quedado patente durante su mandato. En abril, modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de maniatar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la hora de realizar nombramientos discrecionales. De esta manera, pretende presionar al PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces dejando vacíos muchos tribunales, como ha ocurrido con la agónica situación que vive el Supremo. En la misma línea –y en el marco del debate sobre el estado de la nación– sacó adelante en el Congreso la reforma de su reforma, que le permite elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional y lograr en el Órgano de Garantías una mayoría progresista. Todo ello con el apoyo de ERC y el posible retorno de los prófugos del procés en el horizonte, cuyos futuribles indultos debería aprobar el Constitucional.
El último de sus envites tiene que ver con la Fiscalía General del Estado. En noviembre de 2019, Sánchez no tuvo ningún reparo en decir en una entrevista radiofónica que el Ministerio Público depende del Gobierno. Pocos meses después nombró fiscal general a su antigua ministra de Justicia, Dolores Delgado. Su sustituto, Álvaro García Ortiz, tiene un claro pasado socialista, ya que en 2019 participó en un acto del PSOE gallego.
Estas decisiones han ocurrido en un marco en el que Europa ha vuelto a echar un rapapolvo a España por el alto grado de politización de la Justicia. Tal y como informó El Debate, el pasado 17 de julio, el último informe publicado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, ha instado a España a modificar lo antes posible el actual sistema de elección de los 12 vocales del CGPJ, de origen judicial, para que sean «elegidos por sus pares» y que el poder político se mantenga al margen del trámite, bajo apercibimiento de futuras y eventuales sanciones. Actualmente, todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegidos por el Parlamento, diez por el Congreso y diez por el Senado.
España, el peor en el sur de Europa
El Greco elabora el mismo informe para todos los países que forman parte de la organización internacional. Sin lugar a duda, España es de los miembros que tiene su justicia más politizada. En Portugal, por ejemplo, el órgano de los jueces, el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), está compuesto por 17 miembros: nueve no jueces y ocho jueces, entre los que se encuentra el presidente, quien, a su vez, es presidente del Tribunal Supremo. Exceptuando al presidente, los siete jueces son elegidos por sus compañeros, mientras que otros siete los selecciona el Parlamento y los dos restantes el presidente de la República. El Greco, en la misma línea que con España, ha manifestado al país luso que «el papel del Consejo de la Magistratura como garante de la independencia de los jueces y del Poder Judicial» es fundamental, por lo que recomienda que en vez de solo siete de 17, «al menos la mitad de sus miembros sean jueces elegidos por sus pares».
En Francia, la minoría de los magistrados que conforman el órgano de gobierno de los jueces francés –llamado igualmente Consejo Superior de la Magistratura– son elegidos por políticos. Este órgano tiene una configuración sui géneris ya que consta de tres cámaras encargadas de distintas funciones. De sus 15 miembros, seis son seleccionados por jueces y fiscales y otros seis provienen de cargos políticos. Los tres miembros restantes son un abogado, un miembro del Consejo de Estado, y el presidente de la Corte de Casación (el tribunal homólogo al Supremo español).
Imagen del (CGPJ),Consejo General del Poder Judicial
Por su parte, en Italia se da una menor politización de la Justicia. Su órgano de gobierno de los jueces también se denomina Consejo Superior de la Magistratura (CMS), cuya composición desde el 2002 consta de 27 magistrados. Tres de sus miembros, de acuerdo su Carta Magna, lo son por derecho propio: el presidente de la República, el presidente del Tribunal de Casación (que es el Alto Tribunal italiano), y el procurador general (similar al fiscal general del Estado). En cuanto a los 24 restantes, 16 son miembros judiciales elegidos por todos los magistrados pertenecientes a las distintas categorías judiciales, y los últimos ocho –llamados no judiciales o laicos– se eligen en una sesión conjunta del Parlamento por una mayoría de tres quintos y entre profesores universitarios en materia jurídica y abogados con experiencia de al menos 15 años. Asimismo, las personas seleccionadas ejercen su cargo durante cuatro años y no pueden ser reelegidos para el siguiente mandato. En consecuencia, Italia cumple con los estándares europeos que establecen que al menos la mitad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, en este caso 16 de 27, sean elegidos por los propios magistrados.
Justicia politizada por Felipe González
Los constituyentes españoles del 78 se inspiraron en un sistema de elección del CGPJ similar al que se da en Italia. El Artículo 122 de la Constitución dictamina que nuestro órgano de gobierno de los jueces está compuesto por 20 vocales, de los cuales, 12 se eligen «entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales», y los ocho restantes por las Cortes (cuatro el Congreso y cuatro el Senado) «entre abogados y otros juristas». La primera Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), de 1980, mantenía que los 12 vocales jueces fueran seleccionados por los magistrados. Sin embargo, en 1985 comenzó la politización del Poder Judicial. El Gobierno de Felipe González promulgó una nueva LOPJ que –amparándose en el texto exacto de la Carta Magna– permitía a los políticos elegir a todos los miembros del Consejo. Como la Constitución emplea la preposición «entre» y no «por», el PSOE decidió que, de los 20 vocales, diez fueran elegidos por el Senado y otros diez por el Congreso.
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Esta decisión acabó siendo avalada por el Constitucional, pero en una sentencia de 1986 dictaminó que: «los trabajos parlamentarios, tanto en el seno de la Ponencia como de la Comisión Constitucional, ponen de manifiesto que siempre, y para todos, se entendió que el cupo de miembros del CGPJ procedente de la propia Carrera habría de ser elegido por Jueces y Magistrados», avisando de que el cambio podía lesionar «el principio de la división de poderes y los equilibrios y contrapesos». A partir de dicho momento, y hasta ahora, España es en uno de los países de Europa con el Poder Judicial más politizado, incumpliendo las recomendaciones que impone el Consejo de Europa.
Sin embargo, el PSOE defiende este sistema –mucho más beneficiario para sus intereses– bajo el pretexto de que como los ciudadanos eligen a sus representantes, es la determinación de los votantes la que acaba eligiendo al CGPJ. Nada más lejos de la realidad, el órgano de gobierno de los jueces es el encargado de elegir de manera discrecional a los miembros de los tribunales más importantes de nuestro país (como el Supremo, la Audiencia Nacional o los Tribunales Superiores de Justicia), que son los que conocen de los casos de los políticos por su condición de aforados. Así las cosas, todo ello genera en la ciudadanía la idea de un sistema poco democrático y condicionado por el poder establecido.
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