La jefa de lo Penal de los Abogados del Estado, junto al informe que intenta proteger su papel en el «Caso Negre»
Sánchez esconde que usó a una Abogada del Estado para defender a su fotógrafo personal denunciado por agresión
En plena escalada del Gobierno para controlar la información y coquetear con la censura, un capítulo denota la determinación de Sánchez por atacar a todo aquello que le incomoda
En plena tormenta por la Ley de Secretos Oficiales, que resucita una especie de censura gubernamental a juicio de la Federación de Asociaciones de Prensa (FAPE), un episodio resume la dificultad de Pedro Sánchez para relacionarse con los medios de comunicación y los recursos que es capaz de movilizar para contenerlos.
Algo que quedó claro desde el primer momento, cuando en su toma de posesión del 5 de enero de 2020 nadie dio importancia a uno de sus anuncios más reveladores, cuando exhibió su determinación de lanzar una Estrategia Nacional contra la Desinformación que, con la excusa de evitar las fake news y minimizar su impacto incluso en procesos electorales, derivó en un intento de crear una especie de «Ministerio de la Verdad» con atribuciones desproporcionadas en materia de libertad de prensa.
El capítulo en cuestión tiene un protagonista controvertido, el periodista Javier Negre, a menudo un activista que incomoda a una parte de la profesión periodística en ambas orillas editoriales, lo que probablemente explica la contundencia del Gobierno para atacarle y revela hasta dónde está dispuesto a llegar para frenarle. Pero hoy puede ser Negre, víctima propiciatoria y objetivo para muchos, y mañana puede ser cualquiera.
Y es que Pedro Sánchez ha decidido que la Abogacía del Estado intervenga como defensa en un caso particular de un miembro de confianza de su equipo en La Moncloa, algo que ya trascendió, pero con una novedad crucial: ha intentado esconderlo, en la misma línea de opacidad aplicada a casos tan sonoros como el uso del Falcon, los indultos del «procés» o el rescate de Plus Ultra.
Si hace unas semanas saltaba la polémica al conocerse que los letrados públicos defenderían, gratis, a la ministra de Igualdad, Irene Montero, (tras la denuncia presentada contra ella por el exmarido de la madre secuestradora María Sevilla, al que acusó de delitos, por los que nunca ha sido condenado, en contra de su hijo menor), ahora le ha tocado el turno al fotógrafo de cabecera de Sánchez, Borja Puig de la Bellacasa, beneficiario de un auxilio que el Gobierno tapa en un documento oficial en el que se niega a reconocerlo, en propiedad de El Debate.
El Ejecutivo, que siempre ha negado la presunta agresión en los pasillos del Senado por la que el periodista Javier Negre denunció al fotógrafo de cabecera del presidente del Gobierno, ha enviado nada menos que a la jefa de la Abogacía, Rosa María Seoane, a la declaración del reportero gráfico imputado, para recabar su versión de lo ocurrido en contraposición a lo denunciado por el responsable del canal «Estado de Alarma», que llegó a mostrar una imagen de sí mismo en silla de ruedas y con un brazo escayolado tras la supuesta escena violenta.
Los hechos se remontan al pasado 23 de diciembre de 2021, fecha en la que Negre denunció que había sido víctima de una supuesta agresión de un fotógrafo oficial del presidente del Gobierno, en un gesto de Pedro Sánchez para «atacar la libertad de prensa».
La denuncia del periodista provocó una ristra de bromas y ridiculizaciones desde distintos ámbitos, especialmente en Podemos, que llegó a denigrar el supuesto episodio violento a través de Pablo Echenique, comparando su propia silla de ruedas con la utilizada por Negre tras recibir asistencia médica, como si los hechos fueran falsos por definición, la víctima no mereciera ni siquiera el beneficio de la duda o incluso se lo mereciera en el caso de ser todo cierto.
Ahora que, tras la decisión inicial de archivo, la juez ha decidido reabrir las diligencias preliminares que en su día, fueron provisionalmente archivadas e imputar al reportero gráfico de La Moncloa, Borja Puig de la Bellacasa, como presunto autor de un delito de lesiones al periodista, Sánchez ha movido ficha para que el expediente de su persona de confianza quede limpio.
Por ello, la máxima responsable de la Abogacía del Estado se presentaba ante la titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, María Belén Sánchez, en la fecha en la que el investigado había sido citado para tomarle declaración, «previa instrucción de sus derechos», el pasado 14 de julio a las 14:30 horas.
Así lo han confirmado a El Debate fuentes próximas a la causa que continúa su curso pese a que la versión oficial de Presidencia es que se trata de algo que «nunca ha sucedido». Y, en este mismo sentido, lo respondía el propio ministro del Departamento, Félix Bolaños, a una pregunta por escrito formulada desde las filas del grupo popular en el Congreso.
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El Gobierno se niega a reconocer que ha enviado a Seoane a defender al amigo de Sánchez enchufado en Moncloa, como figura en un documento en propiedad de El Debate en el que el departamento jurídico del complejo presidencial rechaza por escrito informar de los detalles de la operación en favor de Bellacasa, pero lo cierto es que estuvo físicamente en sede judicial al rescate del fotógrafo imputado.
Y pese a ello se esconde la participación de la jurista en un asunto personal de un amigo y empleado de Sánchez, aunque en ese documento se reconoce que «no existe un Protocolo para la solicitud de intervención de la Abogacía del Estado como letrado del personal adscrito a la Presidencia del Gobierno».
El argumento para hurtar una explicación también es llamativo: la Ley, según el documento en posesión de este periódico, no ampara «solicitudes de información que persiguen otros intereses, de carácter privado, que no encajan en la finalidad de la norma». El mismo argumentario esgrimido, con distinta retórica, para evitar el escrutinio público de las decisiones de Sánchez, presente también en el anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales que ha levantado polvareda en la profesión periodística.
En realidad, Seoane sí estuvo en el juzgado a mediados de julio, según explican a este periódico fuentes presentes en la sala, para negar la agresión y convertirla en un contacto fortuito con el que el fotógrafo en cuestión apartó al reportero, cuyo medio de comunicación es objeto de un veto oficioso en el Congreso que los partidos de izquierda han querido extender y practican de hecho con otras televisiones y digitales cuyas líneas editoriales mezclan la información y el activismo, algo muy común en otros países.
Veto sin precedentes
El contexto de aquel episodio refleja la tortuosa convivencia del Gobierno con los medios de comunicación críticos. Aquel día en el Congreso se producía un hecho sin precedentes que enmarca lo acontecido: los jefes de prensa de los principales partidos de la izquierda con representación en el hemiciclo firmaron un documento conjunto en el que se instaba a la Cámara a vetar la presencia de algunos medios y periodistas en las ruedas de prensa y sesiones parlamentarias. Negre, tras acercarse a preguntar a Sánchez por el motivo de la censura, se hacía eco de una presunta agresión sufrida por parte de uno de los miembros de su equipo.
Según al menos el relato del periodista, en sede policial y judicial, el fotógrafo de la Moncloa le habría empujado en varias ocasiones en los pasillos del Senado propinándole, presuntamente, golpes en el brazo, hasta tirar el móvil con el que Negre grababa sus preguntas sin respuesta a Sánchez, y acabar con el reportero en el suelo que necesitó asistencia médica y atención hospitalaria para tratar las lesiones causadas.
Sánchez usa a la Abogacía del Estado para defender a un amigo, colocado en Moncloa, en una denuncia por agresión a un periodista que le produce escozor
Puig de la Bellacasa es uno de los escasos colaboradores históricos de Sánchez que ha sobrevivido junto a él desde sus inicios, primero como fotógrafo del PSOE y ahora adscrito a Moncloa como personal de libre designación, pese a que el departamento tiene otros especialistas en nómina que han prestado sus servicios a Presidencia con independencia del color político del jefe de Gobierno.
De la cercanía de Bellacasa, un apellido de larga trayectoria institucional con familiares trabajando en su día para la Casa Real y Gobiernos tan dispares como los de Felipe González o José María Aznar, da cuenta un dato: fue despedido del PSOE a la vez que Sánchez perdió la secretaría general y fue sustituido por una Gestora encabezada por el asturiano Javier Fernández.
Tras verse en el paro, la llegada de su amigo a Moncloa con la moción de censura de 2018 supuso su resurrección con honores: de sus cámaras salieron las imágenes más personales y polémicas de Sánchez, aquellas que le mostraron corriendo por los jardines del recinto presidencial o sentado en el Palacio junto a su mascota.
La «abogada» de Bellacasa
Por su parte, Rosa María Seoane puede ser calificada también de personal de confianza del Gobierno, al menos a tenor de su promoción a un puesto clave de grandes consecuencias políticas: fue ella quien relevó a Edmundo Bal, portavoz ahora de Cs, por su negativa a inutilizar a la Abogacía del Estado en las acciones legales contra los políticos catalanes responsables del golpe institucional de 2017.
A la sección Penal de la institución desembarcó tras haber ejercido de secretaria general de ADIF, la empresa pública responsable de las infraestructuras ferroviarias, y desde ese destino fue clave en allanar el camino que culminó con nueve condenas por sedición o malversación más reducidas de las pedidas por la Fiscalía, preparatorias de los indultos que finalmente concedió el Gobierno pese a reconocer, en los expedientes del Ministerio de Justicia desvelados por El Debate, que no se lo merecían.
Negre, en la imagen que se hizo a sí mismo tras la presunta agresión
El historial de Seoane de afinidad con Sánchez y el PSOE también fue muy visible en otros dos casos delicados: arremetió contra la jueza que abrió diligencias para determinar si la Delegación del Gobierno en Madrid, encabezada entonces por José Manuel Franco, incurrió en negligencias por permitir la manifestación del 8-M de 2020 cuando la alerta sanitaria por COVID ya era evidente.
O, entre otros casos, salió en defensa de los cargos públicos concernidos por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, pese a que el informe publicado también por este periódico reconocía que la empresa hispanovenezolana siempre estuvo en pérdidas y carecía de penetración en el mercado.
Si se junta el ataque a Negre con la Ley de Secretos y la Estrategia contra la Desinformación, el paisaje final es inquietante en términos de libertad de información, con un precedente que redunda en esa deriva: en plena pandemia, el Gobierno puso a la Guardia Civil a «monitorizar» las redes sociales para detectar las críticas a Sánchez, autor mientras del mayor «bulo» que se recuerda en años, aquel «Salimos más fuertes» soltado en el país con el peor paro de Europa y una de las inflaciones más disparadas.
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