El ministro de Presidencia, Félix Bolaños
Ley de información clasificada
Bolaños tendrá el control sobre la información clasificada que llega al Congreso de los Diputados
Asumirá la competencia que hasta ahora ejercía el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
El Congreso de los Diputados seguirá teniendo acceso a la información clasificada como secreta. Un acceso limitado, como hasta ahora, y supeditado a obtener el correspondiente permiso. Pero, tras la aprobación de la nueva ley de Información Clasificada, será el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien autorice el acceso tras la solicitud a través de comisión.
Según puede leerse en el anteproyecto de ley de Información Clasificada que pretende aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez, Bolaños será nombrado como la «autoridad nacional» para la protección de la información clasificada. Esta potestad pertenecía en la anterior normativa –la de Secretos oficiales–a una instancia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Ahora será el ministro el encargado de elegir qué informaciones pueden ser compartidas en comisión en el Congreso y cuáles no.
De la misma manera, podrá decidir sobre las personas que pueden tener acceso a los secretos oficiales fuera de la Cámara.
Bolaños decidirá qué personas fuera de las recogidas por la ley pueden tener acceso a información clasificada
El artículo VI del anteproyecto indica que la autoridad nacional para la protección de la información clasificada, ejercida por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, «es la autoridad responsable de la protección y tratamiento de la información de origen nacional que se clasifique en las categorías de Alto secreto, Secreto y Confidencial» y de toda la información clasificada que el «Reino de España reciba de otros Estados u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su categoría de clasificación». Asimismo, Bolaños es la autoridad competente para el intercambio y protección mutua de la información clasificada, «en los términos previstos en los Tratados Internacionales firmados con otros Estados u organizaciones internacionales».
Ley de secretos oficiales
Verstrynge y la número dos de Montero también podrán decidir sus propias informaciones clasificadas
Dentro de sus competencias específicas, Bolaños tendrá que «garantizar el cumplimiento de la legislación» de dicha ley, así como vigilar que España cumpla con las obligaciones asumidas en los tratados internacionales. Por otro lado, el ministro tendrá que asesorar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la «negociación de los tratados internacionales» y en sus relaciones con las autoridades internacionales.
Como tarea más importante, Bolaños tendrá la posibilidad de «valorar la idoneidad de las personas físicas o jurídicas que soliciten la Habilitación de Seguridad de Empresa o la Habilitación de Seguridad de Establecimiento. En particular, la Autoridad Nacional para la protección de la información clasificada resolverá la concesión, denegación, suspensión o retirada de dichas Habilitaciones». Es decir, Bolaños decidirá qué personas fuera de las recogidas por la ley pueden tener acceso a información clasificada.
¿Quién tendrá acceso?
El número de personas autorizadas por ley al acceso a esta información aumentará de manera significativa con la aprobación. La cifra, muy superior a la época franquista, contempla que un gran número de personas cercanas al Gobierno podrán determinar aquello que sea clasificable, reclasificable y desclasificable de las categorías de «confidencial y restringido».
Otro de los grupos recogidos como competentes para decidir si una información es secreta o no lo es son las autoridades autonómicas que tengan competencias propias en materia policial. Por ejemplo, Cataluña con los Mossos d’Esquadra, Navarra con su Policía foral o el País Vasco con la Ertzaintza.
Es decir, mandos nombrados por políticos nacionalistas podrán tener la opción de clasificar información e incluso provocar que los jueces tengan dificultades para acceder a ella si no es a través de la sala de lo contencioso administrativo del Supremo.
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