Beatriz Grande: «El CGPJ debe ser totalmente independiente para evitar presiones e intercambio de plazas»

Beatriz Grande Pesquero, magistrada en excedencia, desde 1998 hasta 2006 fue Inspectora de Tribunales del Consejo General del Poder Judicial para, posteriormente, ponerse al frente del tribunal de defensa de la Competencia o directora general de Justicia de la Comunidad de Madrid. En la actualidad ejerce la Abogacía, como responsable de relaciones institucionales del despacho EJASO ETL Global. Su trayectoria profesional le ha permitido conocer de primera mano numerosos ámbitos jurídicos y gozar de una visión multidisciplinar de la realidad judicial y de los retos jurídicos pendientes de abordar.

–En los últimos meses hemos asistido a una verdadera pandemia de despropósitos normativos, ¿goza la Constitución de buena salud?

–Podemos decir que goza de buena salud porque hemos disfrutado de cuarenta y siete años de prosperidad pero se plantea la necesidad de ciertos ajustes derivados de un mundo en continuo cambio. Hemos pasado de un entorno VUCA por sus siglas en inglés (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo) a la situación actual de entorno BANI o frágil, que genera ansiedad, no lineal e incomprensible. Así las cosas, sería recomendable reflexionar sobre la posibilidad de redefinir, matizar o añadir algunos artículos de la Constitución para que den respuesta a la realidad que vivimos.

–¿Por ejemplo?

–Respecto a la Corona, que el primer hijo o hija nacido sea el herederedo/a sin distinción de sexo. Limitar el aforamiento de diputados y miembros del Gobierno a los supuestos relacionados con el ejercicio de su cargo y suprimir la inmunidad parlamentaria. Incluir el principio de lealtad entre el Estado y las Comunidades Autónomas, impulsando la colaboración y cooperación entre ellas, incluyendo la delimitación en los ámbitos respectivos de las competencias compartidas, eliminando duplicidades innecesarias entre el Ejecutivo central, Autonomías, Provincias, Diputaciones y Municipios. Potenciar el mecanismo de nivelación financiera entre Comunidades Autónomas para que el esfuerzo fiscal sea equiparables en todas ellas y que garantice niveles similares de servicios públicos sin olvidar el principio de solidaridad interterritorial. Establecer al final de cada legislatura –incluyendo las empresas públicas– la exigencia de un balance de gestión donde el responsable saliente rinda cuentas en el sentido anglosajón de la expresión, y me refiero a un rendimiento de cuentas en el sentido de asumir la responsabilidad y los objetivos de la empresa, ser proactivo/a y adquirir el compromiso en el cumplimiento de los mismos. Reformar el Senado para que sea una verdadera cámara territorial y redefinir sus funciones para dar un servicio mejor y más cercano al ciudadano. Revisar los derechos vinculados con el uso de las tecnologías disruptivas que ya incluyen decisiones tomadas por máquinas y el conflicto ético que puede generar el aprendizaje de las mismas. Incluir el Derecho al Olvido de los datos que se usan indiscriminadamente en las redes sociales y que pueden atentar contra la imagen, la reputación o el honor de una persona, entidad o institución, y que hoy no es posible gestionar por el vacío legal que supone elegir entre el derecho a informar y el derecho a la protección de los datos. Reflexionar si deben incluirse limitaciones sobre asuntos bioéticos...

– ¿Qué le parece que los Decretos, anulados los de los estados de alarma, e indultos se hayan convertido en una figura recurrente de este Gobierno?

–Los Decretos como herramienta para establecer los estados de alarma, los indultos, etc. deben ser utilizados excepcionalmente y acorde a las circunstancias. Es necesario que esa forma de gestión política, no se convierta en la regla general, pues existe un procedimiento parlamentario que ha de seguirse, no sólo porque es el Sistema que nos rige, sino porque es el que permite un debate más profundo, más enriquecido y que consta de mayor protección.

Máxime si como sucede en el indulto, en el que el procedimiento es tasado, no puede utilizarse si no se dan los requisitos pertinentes, porque supondría deslegitimar a otro poder del Estado y romper las reglas del juego.

–Usted ha sido inspectora de tribunales del CGPJ, ¿cuál es su opinión sobre la parálisis que sufre la institución?

–Es inconcebible que lleve más de tres años paralizado y que no pueda realizar los nombramientos necesarios en los órganos judiciales que ya están de por sí sobrecargados. ¿Qué mayor injusticia hay que la lentitud de la Justicia? Si el órgano de gobierno de los jueces que es el que marca las directrices de funcionamiento de los juzgados y tribunales no está en plenitud de facultades, evidentemente el sistema se resquebraja y el que sufre es el ciudadano.

– ¿Y sobre su desbloqueo parcial para renovar el Tribunal Constitucional?

–Creo que ha sido una oportunidad perdida para el nombramiento de todas las vacantes de los órganos constitucionales, así como la renovación del CGPJ. No deben los distintos gobiernos utilizar las leyes a su conveniencia, creo que es necesario establecer unos estándares objetivos e imparciales que cumplan los sucesivos gobiernos y ser regulados por una mayoría cualificada del Parlamento. Ya es hora de que los partidos políticos del arco parlamentario se eleven y hagan un pacto de Estado que fije la normativa para renovar los órganos constitucionales y que perdure en el tiempo.

–¿Ha perdido la Fiscalía General del Estado su posición de garante de la legalidad?

–Creo que la Fiscalía General del Estado no debería depender exclusivamente del Gobierno. Hemos sido testigos de que algunos nombramientos se han realizado ponderando en exceso la ideología política. Como sabe, los jueces están auditados por el CGPJ. Se miden y controlan variables esenciales como el tiempo de celebración de audiencias, juicios, dictado de sentencias… etc. y otras cuestiones que creo que son muy positivas y que redundan en un mejor servicio y protección al ciudadano.

Algo parecido existe en la Fiscalía pero creo que no está suficientemente valorado. Pienso que sería muy conveniente analizar los aspectos que se miden, determinar si no sería necesarios añadir alguno más, y si estos contribuyen a mejorar cuestiones, como que iniciar o mantener una imputación en procesos largos, que finalmente quedan archivados, puede perjudicar gravemente al afectado y a la salud democrática.

–Atendiendo a las constantes recomendaciones de Europa en materia de independencia del Poder Judicial, ¿está en peligro la calidad democrática de nuestro Estado de Derecho?

–Como he comentado anteriormente, se requiere un pacto de Estado en este sentido. Europa recomienda que los jueces sean elegidos por los jueces para ser nombrados vocales del CGPJ. Es la forma de proceder que garantiza mayor independencia al sistema judicial. Es más, soy partidaria de que el propio CGPJ sea totalmente independiente internamente y que las plazas del Tribunal Supremo, Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, así como los nombramientos de los Presidentes de las Audiencias Provinciales sean efectuados por los propios jueces. Así, se evitarían presiones e intercambio de plazas.

–¿También independiente en lo económico?

–Sí. Que el CGPJ tenga independencia presupuestaria y no dependa del Ministerio de Justicia o de las CCAA que tengan transferidas las competencias. Por experiencia, durante mi época de inspectora del CGPJ, en las inspecciones se proponen formas de mejorar el funcionamiento de Juzgados y Tribunales cuyas medidas dependen de las dotaciones presupuestarias de las Consejerías de Justicia; y no se pueden llevar a cabo porque muchas de esas Consejerías tienen comprometidas las partidas presupuestarias ya en los primeros meses del año.

–Como abogada en ejercicio, ¿cuáles son los retos que tendrá que asumir la Justicia española en los próximos años?

–Tiene que asumir muchos, y todos ellos necesarios, para que el ciudadano perciba una mejora palpable. Pero son retos de distinto calado y complejidad. Creo que si se le pregunta al ciudadano, respondería que el reto principal es la necesidad de agilizar la Administración de Justicia. Coincido totalmente, pero para asumirlo es necesario desgranar lo que suponen los Recursos disponibles. Hay leyes que tienen que cambiar para remodelar, por ejemplo, plantillas de órganos que están poco saturados a otros que están sobrecargados.

En cuanto a la Tecnología, hablamos mucho de la digitalización y a veces nos creemos que es la solución a todo, pero el reto no es digitalizar sino transformar el proceso digitalmente. El mundo judicial tiene que ser capaz de simplificar los procesos antes de aplicarles una tecnología que está más que disponible. Por ejemplo, hay tantos sistemas informáticos como autonomías y esto dificulta enormemente el tratamiento de los datos. Es necesario formar al personal, medir y tomar decisiones orientadas a la interoperabilidad.

De nada servirá seguir invirtiendo en tecnología si no vencemos la reticencia a hacer, culturalmente, las cosas como siempre. Las nuevas generaciones son nativas digitales y será más sencillo vencer ese temor pero estoy convencida que la inversión en más tecnología sin reflexionar previamente sobre la necesidad de simplificar los procesos sólo lleva a una mayor complejidad digital. Además, creo que es necesario que todos los operadores jurídicos se impliquen y que se les puedan exigir responsabilidades en el ámbito de sus competencias.

–Creo que de momento se está luchando por ello. Es llamativo que, en la Facultades de Derecho, la mayoría de alumnos sean mujeres y, sin embargo, en los puestos directivos o a la hora de nombrar socios en los despachos, eso no se refleje. En el despacho en el que actualmente trabajo como Directora de Relaciones Institucionales, EJASO ETL Global, somos conscientes de esa situación y estamos trabajando para reflejar en la directiva la proporción de mujeres que ostenta la abogacía. No se trata tanto de una imposición de cuotas sino de una necesidad, la de no desperdiciar el talento de las mujeres y su punto de vista a la hora de afrontar problemas complejos con una visión humana y global. En la judicatura, cuando aprobé la oposición, éramos un 40 % de mujeres frente a un 60 % de hombres y esto hoy en día se ha invertido sin que los órganos gubernativos reflejen esta proporción. Queda mucho por hacer.

–Por fortuna cuento con una visión global de la Justicia desde todos los ángulos, ya que he desempeñado mi carrera tanto en la judicatura, como en la Administración Pública y, ahora, en el ámbito privado en un despacho de abogados altamente cualificado y competente. Al Colegio de Abogados le pido que exija igualdad de trato en todas las actuaciones judiciales para todas las partes, así como en los plazos; que convenza al CGPJ de la necesidad de que jueces y fiscales, durante su formación en la Escuela Judicial, pasen por una empresa, despacho de abogados o de procuradores –en estos dos últimos casos, durante un tiempo más amplio que el actual– para que puedan percibir la realidad social y conocer las consecuencias de sus decisiones porque, además de interpretar y aplicar la ley, deben ser conscientes del cambio que supondrán sus resoluciones en la vida y sobre los bienes de los administrados.

También pediría que promueva la igualdad de género, y que fomente la inclusión de mujeres en los puestos de decisión en los Despachos, que participase en propuestas y soluciones que nos afectan como ciudadanos y abogados, trasladando al Poder Legislativo aquellas cuestiones e inquietudes trascendentes evidenciando lo que sucede en la práctica más que desde el punto de vista teórico, como se hace en la mayoría de los supuestos a la hora de aprobar leyes que, en ocasiones, son ininteligibles porque los diferentes partidos políticos quieren dejar su impronta.