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03 de mayo de 2024

Griñán

José Antonio Griñán, durante la celebración del juicio por el caso EREEFE

Caso ERE  El ingreso en prisión de Griñán, en manos de la Audiencia de Sevilla

Lo normal es que, ante una condena de seis años, el tribunal encargado de la ejecución de la sentencia ordene el ingreso en prisión de forma inmediata

La Audiencia de Sevilla es el órgano judicial que tendrá que decidir sobre el ingreso o no en prisión del expresidente andaluz José Antonio Griñán, de 76 años, tras confirmar el Tribunal Supremo la pena de seis años de cárcel en el caso de los ERE.
Una vez que el Supremo remita la sentencia a la Audiencia de Sevilla será la sección primera la encargada de su ejecución, lo que conlleva decidir si ingresan en prisión Griñán y otros ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados a penas de cárcel.
El anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional de los condenados no paralizaría el ingreso en prisión por parte de la Audiencia, que juzgó en primera instancia a Griñán, han explicado a Efe fuentes judiciales.
Manuel Chaves y José Antonio Griñán durante el juicio de los ERE

Manuel Chaves y José Antonio Griñán durante el juicio de los EREEFE

La norma no escrita es que cuando se trata de penas inferiores a los cinco años de cárcel se suele retrasar la orden de ingreso en prisión hasta la resolución del recurso ante el Constitucional, según las fuentes.
Tampoco paraliza de forma automática el ingreso en prisión el indulto ante el Gobierno que ha pedido la familia de Griñán, una medida de gracia que suele tardar en tramitarse unos ocho o nueve meses, han precisado las fuentes.
Por ello, lo normal en este caso de una condena de seis años de cárcel es que el tribunal encargado de la ejecución de la sentencia ordene el ingreso en prisión de forma inmediata.
La fórmula empleada para ello suele ser conceder un plazo de diez días para que la persona condenada ingrese en cualquier prisión del país.
José María Calero, abogado de Griñán, ya ha anunciado que impugnará ante el Constitucional la sentencia del Supremo que confirma la condena impuesta por la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE.
El expresidente y exministro ha sido condenado a seis años y dos días de prisión y a inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días por malversación y prevaricación.
El abogado de Griñán considera que el hecho de que haya habido dos votos particulares en el Supremo en contra del delito de malversación, el que conlleva cárcel, «abre un rayo de esperanza» en que el último trámite de defensa de los derechos fundamentales ante el Constitucional se pueda contar con «una resolución favorable» a los intereses de su representado.
Además, el Supremo condenó a nueve años de inhabilitación a su antecesor en la Junta, Manuel Chaves, por el caso ERE, un sistema fraudulento de ayudas sociolaborales desplegado entre 2000 y 2011.
Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves  y José Antonio Griñán en la sala de la Audiencia de Sevilla tras finalizar el juicio de la pieza política del caso ERE

Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la sala de la Audiencia de Sevilla tras finalizar el juicio de la pieza política del caso EREEfe

Este caso giró en torno a la creación y mantenimiento de un sistema de subvenciones que se prolongó durante más de una década para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que permitió el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros.

Otros 14 condenados

Otros catorce ex altos cargos vieron confirmadas las condenas que les impuso la Audiencia de Sevilla hace ya casi tres años, el 19 de noviembre de 2019.
Entre ellos figuran la exministra y exconsejera de Economía Magdalena Álvarez y el ex secretario de Estado y exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, condenados ambos a 9 años de inhabilitación por prevaricación; o el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, sentenciado a 7 años y 11 meses de cárcel por malversación y prevaricación.
El antecesor de este último y socialista histórico, José Antonio Viera, fue condenado a 7 años de prisión, los mismos que el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; y el exviceconsejero de Economía José Salgueiro a 9 de inhabilitación.
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