Montaje Griñán y Sánchez
Caso ERE
El Supremo tendrá la última palabra en el enjuague del Gobierno para indultar a Griñán
El Alto Tribunal emitirá un informe preceptivo, aunque no vinculante, sobre la idoneidad de la medida de gracia que el Ejecutivo tramita para el exsocialista
La notificación de la sentencia firme del Supremo que condena al expresidente andaluz José Antonio Griñán a seis años de prisión, por la pieza política del caso de los ERE, ha puesto en marcha la maquinaria del indulto que la propia familia del socialista, instó hace algunas semanas. El Gobierno allana el camino político y mediático para un futuro y eventual perdón, sin olvidar que la última palabra la tendrá el Alto Tribunal. El dictamen que recaerá sobre los mismos cinco magistrados que confirmaron las penas impuestas en primera instancia por la Audiencia Provincial de Sevilla, para los principales acusados, argumentará si existen motivos de Justicia, equidad o utilidad pública en la medida de gracia. Además, e incluso cuando el indulto haya sido firmado por el Consejo de Ministros, el Supremo podría tener que intervenir para resolver los recursos que puedan plantearse ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo para impugnar la decisión «discrecional» del Ejecutivo.
No en vano, desde el seno del Supremo recalcan que el indulto no supone «una revisión de la sentencia» que «enmienda» la decisión del Tribunal, ni conlleva una prueba «de inocencia» del condenado, ni siquiera puede apoyarse en el afecto o la simpatía personal que se tenga hacia el indultado, en este caso Griñán.
El Alto Tribunal ha concluido que Griñán «tenía un papel central en la elaboración y aprobación de las normas presupuestarias por consecuencia de las competencias asignadas a sus cargos». Y que, por lo tanto, «es razonable presumir un alto nivel de conocimiento de estas normas así como de los problemas que pudieran suscitarse en la elaboración de los instrumentos presupuestarios».
El fallo del Supremo ha coincidido con el criterio de la Fiscalía que –durante la última vista de la causa, celebrada el pasado mayo– pidió que se confirmaran las condenas impuestas a casi una veintena de excargos de la Junta de Andalucía, incluidos sus dos expresidentes: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El Ministerio Público defendió que había quedado probado que «se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas» procedentes de fondos públicos «para evitar cualquier tipo de control», propiciando un sistema «prevaricador» donde «cada uno de ellos colaboró para la consecución del fin conjunto».
Así las cosas, pendientes todavía de que la Sala Tercera resuelva sobre la legalidad del indulto concedido a los líderes del 'procés' al frente del referéndum ilegal del 1-O en Cataluña, en el horizonte del Supremo se abre un nuevo episodio con el asunto de los ERE andaluces. Los dos votos particulares emitidos por las magistradas progresistas Ana María Ferrer y Susana Polo, parece haberse convertido en la excusa perfecta del Gobierno para justificar la absolución política de Griñán y avalar la innecesaridad de su entrada en prisión.
El argumento mantenido en el pronunciamiento discrepante se centra en el delito de malversación, por dos motivos: el primero que no se dieron las circunstancias para poder imputar al exsocialista su participación en el entramado irregular, ya que en aquella época un Griñán consejero no formaba parte de la Consejería de Empleo andaluza que lo orquestó; el segundo que, aún asumiéndose lo anterior, la vinculación del expresidente «no ha quedado acreditada» durante el juicio.
Sin embargo, fuentes próximas al Alto Tribunal han apuntado a El Debate cómo el indulto «no es ningún derecho de los condenados» en nuestro país, sino una «prerrogativa constitucional del Rey» prevista en la ley. Eso sí, la concesión de la misma por parte del Monarca se produce «a instancia del Consejo de Ministros» sin que exista la posibilidad de que el Jefe del Estado «se niegue a hacerlo».
Además, advierten de que más allá de la división tres a dos en el Pleno de la Sala que decidió sobre el futuro procesal de José Antonio Griñán, «una cosa es el debate jurídico» sobre el fondo del asunto en la sentencia y «otra distinta el debate sobre el ingreso en prisión» del condenado. Lo normal es que la discrepancia inicial entre magistrados «se refleje, también, en el informe» sobre el indulto que el Alto Tribunal está llamado a confeccionar. Pero «no es imposible» que se produzca un escenario de unanimidad en contra del mismo, llegado el caso, apuntan las mismas fuentes.
Los socios del Gobierno, en contra
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha manifestado sobre la posibilidad de indultar al expresidente andaluz José Antonio Griñán, que Podemos «nació para acabar con las peores prácticas del bipartidismo» y que ese compromiso no cambia.
«Ni siquiera se ha producido esa petición de indulto, cuando se produzca lo valoraremos, pero lo que no cambia y permanece es ese compromiso de acabar con las peores prácticas del bipartidismo. Para eso gobernamos (...) Este es un país mejor cuando se destierran esas prácticas», ha señalado a los medios de comunicación en una rueda de prensa en el Congreso, este miércoles, preguntada sobre qué le parecería que el Gobierno concediese la medida de gracia a Griñan.
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